La cuestión de los números aparecen por estas horas recargadas entre los sobrevivientes de la última dictadura en Santiago del Estero. Llevan doce años con la causa. Tres para lograr que los distintos garantes del sistema de justicia integren un tribunal. Menos de un mes con el juicio finalmente iniciado. Allí se juzga a los ex magistrados Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo, a quienes la Sala IV de la Cámara de Casación los consideró “piedra basal” del sistema de impunidad en la provincia. Pero ahora todo vuelve a empezar: la misma Sala IV ordenó suspender el juicio oral tan esperado debido a recusaciones de las defensas. Fiscales y querellas, todavía perplejos, consideraron que esta decisión es “muy grave” y no tiene antecedentes. Los sobrevivientes temen la caída del juicio. Organizaciones de derechos humanos de todo el país emitieron un comunicado urgente de repudio y rechazo. Mientras tanto, el tiempo también avanzan. En las últimas horas murió Liendo Roca, a los 80 años, en su casa y en libertad. Y ayer a las 9.30 murió otro de los 14 acusados: Cayetano Fiorini, tenía 92 años, fue segundo del Batallón de Ingenieros de Combate, estaba internado en el Hospital Militar.

El juicio empezó el 22 de agosto pero desde que se constituyó el tribunal, los defensores presentaron –otra vez los números– 55 incidentes para detenerlo. Recusaron a jueces, reclamaron contra empleados, integrantes de Casación y hasta la fiscalía de ese tribunal de alzada. También buscaron vías alternativas, como editoriales del diario La Nación. El 13 de agosto, casi como anuncio de lo que venía, la Tribuna de Doctrina publicó un editorial llamado “Más Justicia Militante”. Allí había una impugnación a los jueces del tribunal: Alicia Noli, José María Pérez Villalobo y Juan María Ramos Padilla.

El 8 de septiembre la Cámara de Casación aceptó abrir la primera instancia de queja por una serie de recusaciones a los jueces. Pese a la decisión, el lunes 12 y martes 13 –únicos días de audiencia semanales—, el juicio siguió adelante. En línea con la fiscal Indiana Garzón, el TOF entendió que las audiencias podían continuar porque la resolución de Casación no dejó por escrito el “efecto suspensivo” del juicio. El jueves 15, la web de noticias de la Corte anunció la segunda decisión de la Sala IV: la aceptación de una nueva serie de planteos de recusación y la decisión de suspender el juicio, ahora dicho por escrito. En realidad la suspensión –y no las razones, como se verá—, es lo novedoso y el motivo por el que es criticada la decisión de la Sala. “Toda discusión sobre los jueces o sobre el juicio se puede dar, pero una vez que empezó un juicio no puede haber ningún tipo de medida que lo suspenda”, señala a Página/12 Jorge Auat, coordinador de la Procuraduría de Lesa Humanidad. “Eso está contraindicado porque el sentido del proceso oral es concentrar, no dilatar y la celeridad. Una vez que ya empezó el debate tiene que continuar y terminar. Incluso el juicio puede ser anulado, pero una vez que está terminado, salvo casos excepcionales de vicios muy graves, pero no es el caso. Por eso el Código Penal no permite recurrir una reposición”.

“Primera vez que pasa esto, por lo menos yo no conozco antecedentes.

Todas las partes saben que si un juicio se suspende diez días hábiles, se cae. Eso explica no sólo por qué el TOF de Santiago continuó la semana pasada, y por qué continuó en el día de ayer”, sostiene Auat.

Como en una rebelión alimentada por la corriente de lógicas y consensos de la historia del proceso de Justicia, las partes participaron de una audiencia de carácter formal donde sólo se notificó una licencia de la jueza Noli y la decisión de postergar dos inspecciones oculares. Sobre la suspensión de Casación, solo se dijo que hasta ayer no podían resolver nada porque no habían sido oficialmente notificados.

Los cuestionamientos de las defensas pasan por dos temas. Según fuentes de Sala integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, uno de ellos es un agravio por una audiencia personal de la jueza con las querellas, no obstante que una acordada de la Corte dice que debe ser con todas las partes. Y, por otro lado, una recusación a Ramos Padilla, que fue designado por la presidencia de Casación. Aclaran, además, que sólo se abrió una queja sobre admisibilidad, no por el fondo. “Resolveremos rápidamente la cuestión de fondo luego de la audiencia en Casación y luego de escuchar a todas las partes. Pero el tribunal de Santiago del Estero debe formar los incidentes y mandarlos rápidamente a Casación”, dijeron.

Pero el centro de la discusión pasa por la suspensión del juicio. Y estos argumentos son a discutidos por querellas y fiscales. Sobre la reunión de jueces con querellas, un fiscal explica que si un juez se reúne abiertamente, oficialmente y públicamente con las querellas en su despacho no hay ninguna cuestión a objetar. Sobre el otro aspecto, todavía más claro, señalan que Ramos Padilla no fue designado para ocupar un cargo estable sino para integrar un tribunal, atribución que tiene la presidencia de la Cámara de Casación, como sucedió en la mayor parte de los casos de los juicios de lesa humanidad. La designación de Ramos Padilla se realizó en julio de este año.

“A nosotros nos parece gravísimo”, dice Pedro Orieta, abogado querellante por la Asociación Memoria, Verdad y Justicia de Santiago del Estero. “Ellos están buscando la impunidad biológica y lograr que en definitiva no exista juicio. Que no se hable o no se ponga en cuestión el rol de cada uno en la historia reciente de la dictadura, ni de sus responsabilidades penales”.

Durante el fin de semana circuló un comunicado entre colectivos de víctimas y familiares de todo el país. “El fallo que decide la suspensión de la Megacausa 3 en Santiago se suma a una larga lista de incidentes por lo que atravesó este proceso”. Señalan estar convencidos de que “sus intenciones no son ni la búsqueda de imparcialidad ni de legalidad como declaman”. Y recuerdan entre las historias de los fallos de la Sala IV de la Casación aquella que dio por sobreseído a Pedro Carlos Blaquier, justo cuando por primera vez avanzaba el proceso de justicia.