Después de que el expediente paseara por distintos despachos y edificios judiciales, empezó finalmente la investigación sobre dos hallazgos de los Panamá Papers que comprometen al intendente de Lanús, Néstor Grindetti. El juez de instrucción Diego Slupski pidió informes a Panamá sobre su vinculación con la firma Mercier International y a Suiza sobre el presunto manejo de una cuenta en el Banco Clariden Leu Ag. La denuncia que dio origen a la causa lo relaciona con ambas entre 2010 y 2013, cuando Grindetti era secretario de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires y era el principal administrador de las finanzas del gobierno de Mauricio Macri. El juez también pidió al gobierno porteño y a la AFIP las declaraciones juradas de bienes del funcionario que se corresponden con ese período, para verificar si reconoce allí alguno de los datos y la actividad en cuestión.

La causa sobre Grindetti es una escisión de otra que quedó enfocada sobre Macri en el fuero federal, en el juzgado de Sebastián Casanello. Allí, al Presidente se lo investiga como miembro de dos sociedades en el exterior, Fleg Trading y Kagemusha. Casanello había mandado a investigar al intendente por separado. Le tocó a María Servini de Cubría, pero después que el fiscal Patricios Evers lo imputara, ella se declaró incompetente. Evers llegó a escribir en su dictamen que era factible que “el señor Grindetti en ese entonces pero también a la fecha en ejercicio de sus funciones públicas sin justificación hubiera visto incrementado su patrimonio en forma apreciable, lo cual por lo demás no habría sido plasmado en distintas declaraciones juradas”. Cuando Slupski recibió la causa, la mandó a Cámara para que definiera la competencia, y ese tribunal finalmente se la devolvió. Así las cosas pasaron cuatro meses.

En la resolución de la Cámara del Crimen, al resolver la pelea de competencia, los jueces aludieron al posible delito de “omisión maliciosa”, que es una variante del enriquecimiento ilícito pero con pena baja, hasta dos años de prisión. De todos modos, es evidente que una investigación de este tipo puede tener derivaciones, desde la evasión impositiva hasta el lavado de dinero.

Por lo pronto, el juez Slupski quiere confirmar que la información que recibió en una denuncia del fiscal Martín Niklison, basada en noticias periodísticas, sean reales y estén documentados. Las notas surgen de la investigación sobre los Panamá Papers realizada por un consorcio internacional de periodistas y señalan una escritura del 2 de julio de 2010 en la que el estudio panameño Mossak Fonseca, creador de múltiples sociedades offshore, le dio un poder a Grindetti para operar la sociedad Mercier International y otro para manejar la cuenta en el banco suizo Clariden. En el momento en que salió a la luz la información, el intendente macrista admitió que le habían delegado el manejo de la empresa, de dueños desconocidos, pero sostuvo que “nunca se generaron movimientos económicos”. El diario La Nación sugirió que Mercier podría trabajar en inversiones inmobiliarias en Uruguay y/o Suiza. Grindetti desconoció la cuenta en el exterior.

Este diario ya informó sobre la coincidencia temporal, en 2010, con la emisión de los bonos Tango Serie 8, una colocación de deuda que quedó envuelta en dudas. El gobierno porteño, en su momento, justificó la emisión en que necesitaba financiar obras de extensión de las líneas A, B y H del subte. Recibió 475 millones de dólares, pero la mitad de las obras no habían sido licitadas y la plata fue a otros destinos. Fueron contratadas como agentes financieros el Credit Suisse y KBR Corporate Finance de manera directa. A cambio de la colocación de los títulos a una tasa del 12,5 por ciento, la administración macrista les pagó el 2 por ciento de la operación.

En sus múltiples presentaciones ante el juzgado de Casanello por los Panamá Papers, el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez fue quien puso el acento en la relación tanto laboral como política entre Macri y Grindetti. El intendente figura como deudor del mandatario y ambos fueron directivos de Socma, una empresa que está en la mira del fiscal Federico Delgado. Grindetti pasó por varias empresas de los Macri desde hace muchos años. Entre 1980 y 2001 estuvo en Sideco. Pero también pasó por Iecsa, Manliba, Autopistas del Sol y Uruguaí. Por ahora los investigan jueces separados, por asuntos similares y casi comunes.