“Les pido por favor, no saquen fotos. No filmen. Guarden los celulares”. Alrededor del muchacho de camisa y saco de traje, la figura diminuta de Enriqueta Maroni se pierde en la marea humana de la sala repleta. Con la solemnidad de cada nuevo comienzo de juicio, se habían sentado, parado y muchos apretujado contra las paredes, sobrevivientes, familiares y amigos vinculados al “circuito de centros clandestinos que funcionaron secuencialmente en Atlético, Banco y Olimpo, tres sedes sucesivas que mantuvieron una unidad relativa”, como dirá, más tarde, la fiscalía en el comienzo del Juicio Oral de ABO III, que ocurrió el martes.

–¡Los medios de prensa tienen derecho a tomar fotos! –protestó alguien ante la figura del joven secretario del Tribunal Oral Federal 2.

–No saquen fotos, por favor –volvió a decir el muchacho, mismo tono regular, sin pasión ni des-pasión.

El espacio destinado a los acusados, donde en otros juicios estuvieron los dictadores de mayor jerarquía como Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone, alojó a los nueve acusados. Entraron de a uno, cuando los reporteros gráficos habilitados para a sacar las únicas imágenes posibles hasta la etapa final, ya se habían retirado de la sala. A diferencia de lo que ocurre regularmente en los debates de lesa humanidad, el tribunal prohibió sus fotos. El presidente del TOF –integrado por Jorge Alberto Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y José Antonio Michilini– dijo a la sala: “Van a hacer el ingreso los trabajadores de prensa”.

–¡Pero cómo! –se oyó en el fondo–. ¿Dónde están los imputados? ¿A quién van tomarle fotos si ellos no están? Los murmullos crecieron. ¡Se olvidaron de ellos! ¿O no vendrán?, se oía como una corriente alimentada por sospechas que crecen en estos tiempos, o antecedentes como el juicio Cóndor, en el que los jueces dejaron a los acusados no participar de la sentencia. Los fotógrafos desplegaron maratónicos pasos por la sala. Foco a los jueces. Foco a la enorme platea de querellas, abogados de las víctimas. Foco al equipo de fiscales de Gabriela Sosti, Alejandro Alagia. Foco a las defensas. Foco a sillas sin acusados. Alguien levantó las manos en V. El murmullo creció.

Un día antes de la primera audiencia, los abogados recibieron un cédula del tribunal con cuestiones prácticas. Liliana Alanis, abogada, querellante de Justicia Ya!, revisó de nuevo los papeles más tarde. Ahí encontró por escrito la prohibición de hacer las fotos hasta terminar la etapa de prueba. Así, sin explicación.

“Lo que pasa es que hay imputados nuevos”, dijo por lo bajo, todavía en audiencia, Giselle, de HIJOS. “Los jueces no quieren fotos por si los sobrevivientes tienen que reconocerlos en el debate”, continuó. El dato calma el estado alerta. “Lo que está mal es que los jueces no lo expliquen para que no se genere esta mala onda en la sala”, comentó otra abogada. “¿Pero los reconocimientos no se hicieron ya durante la instrucción?”, dijo una sobreviviente. Y todo volvió a ponerse en duda.

Se abrió una puerta. Entraron, por fin, los acusados. ¡Ahí están!, dijo alguien frente la formación de hombres esbeltos a los que muchos vieron bajo las sombras hace casi cuarenta años. La sala comenzó a pararse: “Mirá, ahí está, es ese alto”.

–¿Donde?

–Ahí. Mirá.

–¿Alguien sabe los nombres?

–Que los vaya diciendo.

–Mirá, el alto, está ahí.

–Quién es.

–Es Paco.

Habló el presidente del tribunal. “Estén atentos –dijo a los acusados–. Ahora les van a leer una síntesis de la elevación al juicio que determina el objeto procesal y describe los hechos de este juicio. Ustedes pueden conversar con sus abogados en cualquier momento, excepto en las indagatorias”. Dio la palabra a la fiscal. Gabriela Sosti comenzó con las imputaciones. Lee. Seis de los nueve acusados son de la Policía Federal Argentina. Uno del Servicio Penitenciario Federal, otro de Gendarmería y otro es un ex integrante del Ejército. Ocho de nueve serán juzgados por primera vez. El noveno es el militar Alfredo Omar Feito, “Cacho”, condenado en el tramo ABO II, operativo en Olimpo entre el 1 de mayo de 1978 y el 31 de enero de 1979.

Cuando la fiscal comenzó a describir sus perfiles quedaron resaltados otros datos. Seis nacieron en la década del 40. Tres, en los 50, durante el segundo gobierno peronista. Seis llevan como nombre de pila el mismo nombre del padre. Entre ellos están los “autores directos”, que estuvieron en contacto con las víctimas en puestos de auxiliares, cabos o ayudantes en carreras que escalaron años más tarde a puestos de dirección. Son: Héctor Horacio Marc, el Ruso, mecánico, SPF; Eduardo Angel Cruz, nacido el 14 de diciembre de 1944, PFA; Juan Miguel Méndez, PFA; Raimundo Oscar Izzi, PFA; Juan Carlos Mario Chacra, comerciante, PFA; Alfredo Omar Feito, Ejercito; Carlos Alberto Lorenzatti, ex subcomisario retirado, PFA, con el pelo atado con una larguísima colita blanca; Gerardo Jorge Arraez, PFA y Ricardo Valdivia, Valderrama o Miralejos, PFA.

Atlético funcionó en la división Suministros de la Policía Federal Argentina. Banco en la división Cuatrerismo de la Policía de la provincia de Buenos Aires de La Matanza. Olimpo dependió de la división Mantenimiento de la Policía Federal Argentina. Funcionó desde principios de 1977 hasta los primeros meses de 1979. El primer juicio por las víctimas de ese circuito se realizó en 2010 y fueron condenadas 16 personas por 181 por víctimas. Dos años después, un segundo juicio conocido como ABO II terminó con las condenas de dos imputados. Este tercer juicio busca determinar la responsabilidad penal sobre las privaciones ilegales de la libertad y tormentos que damnificaron a 352 personas y los homicidios de 19 de ellas, que formaron parte de un “traslado” el 6 de diciembre de 1978.

Sosti leyó los nombres de las víctimas. Privaciones ilegales de la libertad. Fechas. Los casos. Alejandro Luis Calabria, secuestrado el 30 de mayo de 1976, trasladado al Atlético, desaparecido, secuestro por el cual están acusados Marc y Chacra. Pablo Pavich, dijo, 1° de julio de 1976, pasó por el Atlético y Olimpo pero a diferencia de la enorme mayoría, la fiscal habló de su “posterior y seguro homicidio”. La frase concentró un punto de tensiones en debates y una de las batallas de la fiscal: lograr que los jueces eleven los casos con imputaciones por homicidios antes de llegar al juicio oral.

Entró Syra Villalain de Franconetti, madre de tres hijos desaparecidos. Dos estuvieron en Atlético, explicó otra mujer. Syra atravezó la sala entre un remolino de sillas. Una mujer se levantó para abrazarla. Isabel Fernández Blanco dijo que en estos juicios no son sobrevivientes. Llevaba los ojos pintados. Aros y uno de sus ponchos. “Fuimos víctimas y cuando venimos a declarar volvemos a ser víctimas porque se revive la misma situación. Me vuelve a poner en situación de víctima. Pero también somos testigos de lo que pasó. No solo porque hablamos de lo que nos pasó en forma individual sino para contar qué pasó con el resto de los compañeros”.

La lista de nombres se hizo infinita. Arriba había un grupo de mujeres que acompañaba a los acusados. Los imputados se pararon. La sala que no logró fotos de sus caras cantó lo que ellos a esta altura deben tener claro: “como a los nazis, a donde vayan los iremos a buscar”.