El cruce de miradas ocurrió el viernes 16 a las nueve de la noche. A esa hora le tocó el turno de hablar en la audiencia del gas a Mariano Lovelli, el presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad. Del otro lado de la Usina del Arte lo escuchaba, atento, el ministro de Energía Juan José Aranguren. Que estaba allí, justamente, por el Cepis. La asociación civil de Lovelli presentó el amparo que llegó a la Corte Suprema y provocó el fallo sobre la necesidad de convocar a una audiencia pública, dar a conocer el costo del gas y el precio en boca de pozo y fijar tarifas razonables y progresivas. También hizo una presentación por el precio de la luz.

Con 41 años, Lovelli es abogado desde 1998. Fanático de Estudiantes y de Carlos Salvador Bilardo (como él, dice que se aferra a “costumbres” y no a cábalas), docente de Derecho Político en la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Plata y miembro de mesas de examen en las unidades carcelarias 9 y 1, vive del Derecho administrativo y del laboral. Hace dos años con un grupo de abogados y no abogados fundó el Cepis. Fue, dice, “por compromiso con la cosa pública y para crear un espacio no vinculado con la cuestión partidaria de cada uno, que pudiera realizar estudios y promociones fuera de la coyuntura e incluso presentaciones judiciales”. El Cepis auspició movidas como Danza por la Identidad y ya en 2015 presentó un amparo contra el DNU que nombraba dos jueces de la Corte Suprema en comisión. Hace diez días presentó una nota a la gobernadora María Eugenia Vidal y a su ministro de Justicia Gustavo Ferrari proponiendo ideas para garantizar una mayor transparencia en la selección de magistrados en la provincia. “Van en línea con el decreto 222 del 2003 dictado por Néstor Kirchner, de autolimitación de facultades del Poder Ejecutivo, que fue basal para modificar la Corte Suprema menemista y que la gente tuviera un cambio de percepción sobre la nueva Corte”, explica Lovelli. “En lugar de poner palos en la rueda, como dice el latiguillo que se aplica a toda crítica, actuamos en la Justicia y fuera de ella y hacemos propuestas.” Dice que la cuestión del gas “no será nuestra primera iniciativa ni la última”.

–Están pendientes una nueva discusión sobre el gas más el debate sobre las tarifas de luz y agua. Lograron que la sentencia de la Corte ya sea conocido como “fallo Cepis”. ¿Están conformes con el resultado de la audiencia pública?

–Nos queda una sensación con claroscuros. La parte clara es que con nuestra presentación de abril y por la decisión de la Cámara Federal de La Plata, que anuló el tarifazo, llegamos rápido a la Corte Suprema. Los amparos son el equivalente del habeas corpus en materia penal: cuando son aceptados aceleran los tiempos y los trámites. Con nuestra acción contribuimos a instalar un debate público sobre las tarifas. Todo el mundo habla del costo del gas y del precio en boca de pozo. Pasó a ser un tema popular. En el Cepis estamos orgullosos de que la gente discuta la política energética hasta en la verdulería.

–¿Cuál es la parte oscura?

–Que el Gobierno no informó los costos ni dio razones. ¿El aumento del 1000 por ciento estaba bien? ¿Y entonces por qué está bien el del 400 por ciento? ¿O el del 203 por ciento? ¿Cuál es el criterio oculto? No lo dicen.

–¿Por qué?

–Me remito a los hechos. Cuando el ministro Juan José Aranguren fue al plenario de comisiones yo estaba presente porque había sido invitado. Estaba a cuatro metros del diputado José Luis Gioja cuando Gioja le hizo la célebre pregunta sobre el costo de la producción del gas. Aranguren contestó que había que ver, por las diferencias entre las zonas, las empresas, los tipos de pozo... Gioja repreguntó.

–Y ahí fue cuando Aranguren dijo su famosa frase sobre que se resistía a dar los datos.

–Tal cual. Resistirse denota la convicción de no querer hacer algo. Lo mismo sucedió cuando le presentó su idea de cuadro tarifario a varias asociaciones civiles. Esa vez el Cepis no fue invitado pero trascendió su respuesta: “Si no les gusta, hagan juicio”. El agravante es que cuando fue el diálogo con Gioja aún no había salido el fallo de la Corte Suprema sobre el gas y cuando dijo “hagan juicio” sí. Quiere decir que no estaba pensando en hacer caso al fallo de la Corte Suprema en materia de gradualidad y razonabilidad de las tarifas y tampoco en que la Corte pidió que se conociera el precio en boca de pozo. Quiere decir que incluso antes de la audiencia pública el gobierno ya tenía tomada una decisión política que esconde una fabulosa transferencia de recursos. Y durante la audiencia pública siguió sin dar el dato clave del precio del gas en boca de pozo. Por eso esa audiencia pública de la Usina del Arte tendrá más capítulos judiciales. El Gobierno demostró tozudez. Para salir de una derrota política se llevó puesta la institucionalidad. Habrá más capítulos judiciales. Más pedidos de nulidad. Pero al menos pudimos discutir durante meses el rol de los subsidios y si corresponde o no una nueva dolarización de los servicios públicos.

–¿Para ustedes esa dolarización es inevitable?

–El Gobierno prevé subas semestrales del gas en dólares pero atándolas, además, a la propia cotización de la divisa. Ahora saldrá 3,42 dólares el millón de BTU, la unidad en la que se mide el volumen de gas. En abril, 4,27. El proyecto de presupuesto ya habla de un dólar de 18. Hoy el dólar está a 15 pesos. ¿Dónde está la gradualidad? ¿Donde está la racionalidad de la tarifa? Solo podemos ligar esos anuncios con el dichoso “clima de negocios”. Pero esto vuelve a poner sobre el tapete el rol de los subsidios. Se cansaron de repetir una zoncera energética: “Los pobres financian a Puerto Madero y eso es inmoral”. Entonces, para terminar con la inmoralidad ahora dejan de subsidiar a Rafael Calzada.

–¿Y la tarifa social?

–Hay gente que cobra 10 mil pesos de sueldo pero como alguna vez compró un autito del 2005 no tiene acceso a la tarifa social. ¿Por qué se quitan los subsidios energéticos a la pequeña y media empresa? Hablo mucho con la gente. Un diseñador industrial que asesora empresas del cordón norte del Gran Buenos Aires me contó que con estas condiciones de energía eléctrica hay empresas que no pasan de fin de año. Van a tener que elegir entre luz y empleados. Si le sumamos la liberalización de ciertas importaciones el panorama será más desigualdad e inmovilidad social.

–En términos judiciales la cuestión de la luz parece menos nítida que la del gas. El Gobierno convocó a una audiencia pública pero no hay fallo de la Corte Suprema.

–Ni siquiera hay fallo de una cámara. Está el fallo de la jueza de San Martín Martina Forns, que por otra parte está siendo atacada cuando se ajustó a Derecho. Pero la situación es más compleja, porque algunas provincias sí hicieron audiencias públicas. Entonces sería importante un fallo sobre Edenor y Edesur, las dos empresas que funcionan como un testigo para las empresas provinciales. Lo ideal sería dictar la nulidad de las dos resoluciones sobre la luz, retrotraer los valores a enero y llamar a una audiencia pública. La resolución número seis fija los valores del mercado mayorista. El precio mayorista es el que toman como referencia los ministerios de energía provinciales y los órganos de control como precio testigo y valor de referencia para actualizar sus tarifas. Por lo tanto si fuera nulo el precio mayorista, terminaría siendo nula la referencia numérica para las provincias. El partido de la electricidad todavía no terminó en la Justicia. Tal vez el Gobierno quiera ganar por cansancio. Pero nosotros no nos vamos a cansar.

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