EL PAíS › ACUERDO EN DIPUTADOS POR EL CASO AMIA
› Por Miguel Jorquera
Bajo las consignas de “comisión investigadora AMIA” y “apertura de los archivos”, representantes del grueso de las bancadas políticas de la Cámara de Diputados anunciaron que acordaron en avanzar y aprobar la creación la Comisión Investigadora sobre el atentado a la mutual judía, impulsada por la Agrupación para el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia) y respaldada por 18J, otro de los organismos que agrupa a las víctimas de la voladura en 1994. Laura Ginsberg (Apemia) valoró el acuerdo legislativo “en momentos que el Gobierno está agitando el proyecto de juicio en ausencia que empuja la dirección de la comunidad judía local, como la DAIA, y que va en contra del esclarecimiento: aspira a cerrar la causa, fabricando condenas y no esclareciendo la verdad”. Al cierre del encuentro, Ginsberg también anunció que el ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó a través de las redes sociales el compromiso asumido ayer ante Apemia de que el Gobierno respaldará la creación de la comisión investigadora.
El proyecto que lleva las firmas de Nicolás Massot (PRO), Mario Negri y Carla Carrizo (UCR), Héctor Recalde y Diana Conti (FpV), Cecilia Moreau y Carla Pitiot (UNA-Frente Renovador), Hermes Binner y Alicia Ciciliani (PS), Graciela Coussinet y Victoria Donda (LdS), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Fernando Sánchez (CC) y Margarita Stolbizer (GEN), apunta a crear la Comisión Investigadora por el esclarecimiento del atentado impune de la AMIA. La misma tendrá representación parlamentaria pero con mayoría de referentes del ámbito de los derechos humanos, la justicia, la ciencia, la cultura y la solidaridad social, además de un representante de cada una de las 4 organizaciones que agrupan a familiares de las víctimas del atentado.
Por el Congreso, habrá 3 diputados y 3 senadores, “elegidos por cada Cámara procurando sea una representación plural que incluya a las minorías parlamentarias”, pero del que “deberán excusarse” aquellos legisladores que “hayan tenido vinculación, o ejercido funciones en cualquier ámbito del Estado, relacionadas a los hechos que se deben investigar”. Los 15 representantes de la sociedad civil se designarán de una lista de 30 “personalidades independientes con reconocido prestigio social, derivado de su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, la justicia, la ciencia, la cultura y/o la solidaridad social”.
Muchos de ellos estuvieron presentes ayer para respaldar el anuncio en el anexo de la Cámara baja: Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), Juan Gabriel Tokatlian y Maristella Svampa (académicos), Patricia Walsh (ex legisladora), Herman Schiller (periodista), Carlos Zamorano y Ricardo Moners Sanz (abogados), entre otros. El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel envió su adhesión. “Con este proyecto de la Comisión Investigadora estamos dando una nueva oportunidad a la democracia argentina”, sostuvo el ex diputado Claudio Lozano (UP), quien impulsó el proyecto en 2014 y que logró ahora el acuerdo legislativo para avanzar en la creación de la comisión investigadora.
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