El fallo de la Sala I de la Cámara Federal sale al cruce de lo que verdaderamente está detrás de los acusadores: imputar a Cristina Fernández de Kirchner y al ex canciller Héctor Timerman por supuestamente pactar con el terrorismo. Eso es lo que quieren ver en la tapa de los diarios nacionales e internacionales. Se trata de sumar una acusación más contra lo que el establishment internacional llama “los gobiernos populistas”.

Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, los camaristas, describen la maniobra. Dicen que se partió de denominar a los hechos “encubrimiento” pero que la pretensión ha llegado a “una absurda adecuación de conductas a calificaciones como traición a la patria, que la doctrina unánime presupone en una situación de guerra internacional”. Nada menos que “traición a la patria”, el delito que usaban las monarquías contra cualquier rebeldía.

El propio juez Daniel Rafecas y los camaristas que fallaron ayer parecen asombrarse con la tormenta desatada por un Memorandum que nunca entró en vigencia y que fue votado en las dos cámaras del Congreso Nacional. No se produjo ninguna transacción de petróleo iraní por granos argentinos, no se le pidió al juez a cargo de la causa del atentado que cambie ninguna acusación, ni se levantaron las órdenes de captura contra los sospechosos buscados por la justicia. Timerman probó, con documentación, que fue la Argentina la que le advirtió a Interpol que sólo el juez tenía la facultad de bajar las alertas rojas en las órdenes de captura y el ex secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, sostuvo que la denuncia de Alberto Nisman era falsa. Aún así, el terremoto provocó, por primera vez en 33 años de democracia, una solicitada pidiendo la remoción de un magistrado, el doctor Rafecas, cuyo fallo fue confirmado por la Cámara hace un año y ahora vuelve a ser confirmado.

El insólito vendaval –con el protagonismo más o menos escondido de la administración Macri– tiene un trasfondo nítido: darle un escarmiento a cualquier gobierno que se salga de la horma marcada por la derecha de Estados Unidos y la derecha de Israel. Con Irán no se puede negociar, ni siquiera hablar.

CFK-Timerman pretendieron romper la parálisis del caso AMIA yendo al frente, intentando que los sospechosos declaren ante el juez Rodolfo Canicoba Corral y confrontando a los funcionarios iraníes con las pruebas acumuladas por Nisman. Era romper el corset, impedir que la causa del atentado quedara atrapada en la interminable madeja de la geopolítica de una parte de los poderosos del mundo. El propio Barack Obama buscó caminos alternativos al bombardeo de Teherán y terminó firmando su Memorándum con Irán: el acuerdo de desarme nuclear que también rubricaron Rusia, China, el Reino Unido, Alemania y Francia.

Pero ni aún con eso hubo brazos cruzados en estas playas. Grandes empresarios, grupos mediáticos, la dirigencia de la comunidad judía y los servicios de inteligencia –que juegan su propio juego bélico– operaron allá y con los Stiuso de acá, para poner a caminar el aparato judicial. Se buscó sancionar al gobierno que, acertando o equivocándose, intentó un camino distinto en AMIA. La persecución incluyó el armado de una causa paralela a través de Claudio Bonadio, como ayer denunció en su fallo la Sala I, apuntando al delito de traición a la patria. O utilizando llamadas telefónicas grabadas ilegalmente, como también dejaron entrever los camaristas.

Se trató, y se trata, de una especie de guerra siniestra en la cual no se busca esclarecer el atentado, algo que también señalaron Ballestero y Freiler con todas las letras. Los camaristas mencionan que se repiten los mismos argumentos un año después, “se pone el acento en las fronteras del caso, en lugar de concentrarse en la búsqueda del castigo de los responsables del máximo atentado terrorista del que nuestro país tenga memoria”. El mejor ejemplo a esa falta de búsqueda de la verdad es que hoy están siendo juzgados por encubrimiento los amigos de los acusadores, el ex juez, los fiscales, los policías, los ex jefes de la SIDE y el ex titular de la DAIA, imputados por haber frustrado la investigación del atentado. Y tampoco se escucha a los acusadores pronunciando algún elogio, aunque sea chiquito, para el nuevo equipo de fiscales de la Unidad AMIA que, 22 años después, con unos pocos meses de trabajo, le puso nombre y apellido al muerto 85 del atentado, Augusto Daniel Jesús, al que Nisman había desechado aduciendo que era un obrero boliviano.

El fallo de ayer desnuda la única intención de los denunciantes: castigar a la ex presidenta y al ex canciller por haber buscado un camino distinto al señalado en algunas oficinas de Washington o Jerusalén.