Desde Santa Fe

El juicio por la apropiación del nieto 120 terminó ayer con un veredicto que puso las cosas en su lugar. El Tribunal Oral de Santa Fe declaró que el nombre con que lo anotaron en 1977 y llevó durante 39 años es falso y ordenó al Registro Civil de la provincia que lo cambie por el verdadero. El ya pidió llevar el apellido de sus padres biológicos, Rubén Maulín y Luisa Pratto y ayer ratificó que quiere llamarse como su abuelo paterno, Roberto Maulín, el jefe de una familia de militantes políticos perseguida por el terrorismo de estado en Reconquista, en el norte santafesino. “Tengo la necesidad de reivindicar esta lucha de tantos años”, dijo. La sentencia condenó a su apropiadora, Cecilia Góngora de Segretín, a 8 años de prisión y a la médica Elsa Nasatsky, que firmó el certificado de nacimiento apócrifo a 6 años, pero ambas seguirán en libertad porque los jueces rechazaron por mayoría el pedido detención que habían planteado el fiscal Martín Suárez Faisal y los abogados de la querella, Lucila Puyol y Guillermo Munné.

En sus alegatos, el fiscal había solicitado 10 años de prisión para las dos imputadas y los querellantes el máximo de la pena, 15 años. El tribunal condenó a Góngora a 8 años por las tres acusaciones en su contra: retener y ocultar un menor, falsificar sus documentos y alterar su estado civil. Pero a Nasastky le bajó la pena a casi la mitad, a 6 años, por que la absolvió por la más grave: la sustracción y sólo le reprochó los otros dos cargos: falsear los documentos y la identidad del recién nacido. El presidente del tribunal, José María Escobar Cello y su colega María Ivón Vella votaron por “mantener la libertad” de las condenadas, mientras que el tercer juez, Luciano Lauría, propuso “la inmediata detención” de ambas –como solicitaron la fiscalía y la querella–, pero quedó en minoría: 2 a 1.

La sentencia se escuchó con alivio adentro de la sala y aplausos, afuera. Un día de emociones y llanto. José, sus padres y sus hermanos, se abrazaron apenas Escobar Cello terminó la lectura. “Ya está, llegamos”, le dijo a Maulín. Después, reflexionó que “la vigilia había terminado, definitivamente”. Estaba conforme con el fallo. “Lo que costó fue llegar”, relató. “La vigilia de estos casi ocho años fue más angustiantes para mi que los ocho años de condena” que le dieron a su apropiadora. Es que él sabe que es hijo biológico de Maulín y Pratto desde mayo de 2009, por el resultado de los análisis genéticos, pero recién ayer un tribunal declaró que su nombre: José Luis Segretín, es falso y ordenó devolverle el verdadero: Roberto Maulín Pratto.

“Lo mío era recuperar mi identidad y la de mis hijos y poder construir tranquilo y mostrándome como quien realmente soy”, explicó. Es una sentencia que repara porque “no se puede andar así, por la vida”, sin nombre propio. Los Maulín y los Pratto desbordaban de emoción. Hubo abrazos y manos en alto con los dedos en V.

El efecto reparador ya se había visto en el juicio. En su alegato, el fiscal Suárez Faisal habló de la “familia apropiadora”. Y planteó la hipótesis de que el niño apropiado tenía hasta los nombres de pila de sus apropiadores: José por el “abuelo apropiador” José Ignacio Góngora y Luis por su “padre apropiador” Luis Angel Segretín.

A la semana, el alegato de la querella terminó con una carta que los abogados entregaron al tribunal en la que José dijo que quería llamarse Roberto. “¿Por qué Roberto?”, le preguntó ayer Página/12. “Por mi abuelo Roberto Maulín. Es una manera de reivindicar esta lucha de tantos años, él era el jefe la familia. Tenía esa necesidad de valorar a mi abuelo y a mi abuela, Ana Schoesting”. Los dos eran militantes políticos, Roberto falleció de tristeza y Ana después de sobrevivir a la persecución, la cárcel y los tormentos.

Rubén Maulín aguantó la lectura de la sentencia sin quebrarse. “Tengo la sensación de una pelea y de un triunfo, llegar al final de nuestras vidas en paz. No hay rencores, no hay broncas, no hay odios, hay un clima de festejo por la alegría de una justicia compartida”. Los Maulín y los Pratto tuvieron siete secuestrados en la dictadura y recién en 2013 fue condenado el grupo de tareas que los perseguía y mantuvo a Luisa Pratto “privada de su libertad en su propia casa”, lo que significa que el 26 de marzo de 1977, cuando nació su hijo, ella era cautiva de la patota. Ese fallo fue histórico, uno de los primeros en el país que consideró delitos de lesa humanidad la violencia sexual” que sufrieron Luisa y su hermana Griselda Pratto.

Luisa se sentía aliviada. “Esperamos mucho para esto”, dijo. Porque durante casi 40 años tuvo que cargar con el estigma, “con la impunidad, como que nosotros éramos los culpables. Ahora, la justicia dijo quiénes son los culpables”. Y recordó aquel parto de marzo del 77, en el Sanatorio Reconquista, que atendió Nasatsky. “No es fácil para una madre volver a su casa sin su bebé. Eso me ocurrió a mí. Pasé años pensando cómo será la cara de mi hijo cuando crecía. ¿Cómo serán los cumpleaños? ¿A quién será parecido? Es un dolor inexplicable. Y a pesar de que vivíamos en Reconquista nunca nos cruzamos. Yo soy la madre y se lo que pasé, cuando buscaba y nadie me quería ayudar. Yo no tenía a nadie porque toda mi familia estaba secuestrada”.

“Escuchar una condena a quienes le arrancaron a una madre un recién nacido y lo criaron más de 30 años en la mentira es muy fuerte. La justicia reparadora es muy necesaria y aunque no nos devuelva todo lo que hizo el terrorismo de Estado tiene el valor simbólico de la reparación”, concluyó la abogada Lucila Puyol.