“No se les dará más plazo. Las medidas que los ministros de la Corte reclaman serán tenidas en cuenta después del descargo, cuando llegue el momento de analizar los cargos”, respondió el presidente de la Comisión de Juicio Político, el diputado santacruceño Sergio Acevedo, cuando este diario lo consultó por la presentación de Gregorio Badeni, abogado de Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor y Guillermo López, en la que reclamó la suspensión de las audiencias en las que sus clientes deben defenderse ante la comisión legislativa, que investiga a los cortesanos por su “mal desempeño”.
Varios legisladores consultados por Página/12 coincidieron en que “a pesar de ser voluminoso, el escrito (de Badeni) no tiene una gran sustancia argumental”. El defensor de los tres miembros del alto tribunal reclamó una serie de medidas que en el Congreso no dudaron en calificarlas como “una chicana de poco nivel”.
Además de pedir un observador de las Naciones Unidas para que controle el desarrollo del juicio, Badeni intentó desacreditar a los legisladores y sus actuaciones. En su estrategia puede percibirse que pretende avanzar con el tema de la cosa juzgada, al solicitar entre otras cosas, la nómina de denuncias contra la Corte, que fueron rechazados por los diputados. También reivindicó que los jueces cobren un plus por desarraigo y pidieron el listado de diputados y senadores que cobran extras similares. Tampoco se privó de incluir entre sus preguntas varias que de su simple lectura se desprende que buscan irritar y dividir a los diputados de la comisión. En obvia referencia a la chaqueña Elisa Carrió, preguntó si bajo el gobierno militar, una diputada de la comisión ejerció cargos en la fiscalía de Estado en una provincia y si fue miembro de la procuración provincial.
Cada pregunta tenía su destinatario. Cómo cuando preguntó si otra de las diputadas “había renunciado al registro automotor que obtuvo en 1989”. En ningún caso, entregó nombres ni apellidos. También deslegitimó a los investigadores de la Corte cuando pidió la nómina de integrantes de la comisión involucrados en causas penales ya sea como imputados o procesados.
Para defenderse de los cargos por la instrucción de la causa por la explosión de la embajada de Israel, solicitaron una comunicación que la embajada israelí le envió al Gobierno en la que expresaban su beneplácito porque la Corte había ordenado la captura internacional del libanés Imad Mighniyah.
Más que indignados, en la comisión estaban sorprendidos por el camino que decidió transitar un abogado que era respetado por su conocimiento en derecho constitucional. A lo largo de las distintas entrevistas que fue concediendo a los medios, Badeni resaltó que esperaba que en el juicio a la Corte se “impusiera lo jurídico”. Quienes siguen de cerca el ritmo del juicio recuerdan que a contramarcha de sus declaraciones como defensor de tres jueces supremos, en su libro Reforma constitucional de instituciones políticas, reivindicó el perfil político del juzgamiento. Así destacan que en la página 292 del texto, Badeni considera que “como se trata de un Juicio donde sólo se considera la responsabilidad política del funcionario, resulta razonable que el juzgamiento se atribuya a un órgano político y representativo”.
Otro de los supremos que pidió que se le postergara su audiencia fue Adolfo Vázquez. Su abogado, Virgilio Loiácono, ex funcionario de Legal y Técnica con Fernando de la Rúa y con la dictadura de Jorge Rafael Videla precisó que hoy había retirado “varias miles de fojas de extrema complejidad”. Olvidó que los expedientes estaban disponibles para su consulta desde hace 8 días.