El juez federal Claudio Bonadio procesó a 25 ex empleados denunciados por el ex ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, por desviar 50 millones de pesos del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). Estos empleados, que ahora fueron acusados de defraudación contra la administración pública y lavado de bienes de origen delictivo, habría desviado durante cuatro años, para beneficio propio o de terceros, dinero de esa cartera financiado por el PNUD. En su resolución, y entre otras medidas, el magistrado ordenó intimar al Club Atlético Independiente para que devuelva una suma cercana a los 500 mil pesos que, en 2012, fue abonada por uno de los procesados por la compra de un palco por diez años, cuya posesión será retornada al club para que vuelva a comercializarla.

Es una causa iniciada por la denuncia realizada por Randazzo, quien se desempeñó en ese cargo desde la asunción de Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre de 2007, hasta el final de su último mandato, en diciembre de 2015, en base a dos auditorías, una de ellas realizada por el PNUD y la otra por el propio Ministerio. En su resolución, difundida por el Centro de Información Judicial (CIJ), Bonadio dispuso el procesamiento de 25 imputados en el marco de este expediente, algunos de los cuales se desempeñaron en la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) o bien en los proyectos financiados por el PNUD en el ámbito del entonces Ministerio del Interior y Transporte. Entre los procesados se cuentan ex responsables de la UEP, entre ellos Esteban Pablo Sáenz Rico, María de Lourdes Giménez y Héctor Damián Mazza, quienes trabajaron en distintas etapas como coordinadores generales o directores nacionales de esa unidad ministerial.

La investigación concluyó que los ahora procesados “desviaron en provecho propio o de terceros aproximadamente 50 millones de pesos, en el período comprendido entre abril de 2009 y mayo de 2013”.

Los programas financiados por el PNUD en los que fueron detectadas estas maniobras delictivas fueron cuatro: uno de ellos estaba destinado a la modernización tecnológica del Registro Nacional de las Personas; otro a la del Archivo General de la Nación; otra al “fortalecimiento del proceso electoral argentino”; y el cuarto al fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Entre otros hechos, la resolución de Bonadio da cuenta de que, el mismo día en que asumió su cargo como coordinador general de la Unidad Ejecutora de Proyectos, Héctor Damián Mazza utilizó 492.772 pesos para adquirir el palco número 65 del Club Atlético Independiente por diez años, “una muestra más de la voracidad por apropiarse del dinero que el Estado tenía a su cuidado”. En tanto, sobre la ex directora nacional de UEP hasta julio de 2012, María Lourdes Giménez, la Justicia pudo probar que en abril del 2013 compró un auto marca Audi todo terreno modelo Q3 y que ese mismo mes fue autorizada a conducir otro Audi, en este caso modelo S4, adquirido por la empresa Callmed, una de las contratadas en el marco de los programas del PNUD. Por otro lado, la investigación determinó que las autoridades máximas de la UEP, Giménez y Sáenz Rico, contrataron empresas que tenían vinculación directa con ellos, dado que “compartían viajes y vivienda” con sus dueños.