Se preocupa en aclarar que solamente se trata de un borrador, de una idea que piensa discutir con un amplio grupo de diputados. Entre ellos con la autora de la primera versión de esta iniciativa, la chaqueña Elisa Carrió, también con los miembros del bloque socialista, con el kirchnerista porteño Miguel Bonasso, con la diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh y también con Luis Zamora. La propuesta del porteño Claudio Lozano contempla modificar el Presupuesto 2004 para otorgar una asignación universal de 45 pesos mensuales a los 13,5 millones de menores de 18 años que viven en la Argentina.
“Estoy trabajando para que sea asumida por el conjunto”, reafirma el economista de la Central de los Trabajadores Argentinos que supo integrar la Mesa Ejecutiva del Frente Nacional contra la Pobreza que impulsó la consulta popular en la que 3 millones 200 mil votantes apoyaron que “no haya ningún hogar pobre en la Argentina”.
–¿Cómo se implementaría la asignación?
–La propuesta concreta implica garantizar que, frente a la existencia de excedentes en las cuentas públicas para el 2004, se pueda garantizar que esos fondos se destinen a una política distributiva. Esto impactaría sobre una franja poblacional necesitada. El 75 por ciento de los menores de 18 años de edad está por debajo de la línea de la pobreza.
–¿Considera que hay recursos para que la asignación sea universal?
–A diferencia de los incrementos de salarios mínimos y de los aumentos en las jubilaciones mínimas, o el aumento no remunerativo para los trabajadores del sector privado, que están destinados solamente a los trabajadores registrados, que representan el 30 por ciento de la fuerza de trabajo de la población activa, esta asignación incluiría a toda la población, tanto a los activos como a los desocupados.
–¿Hay alguna condición para acceder al subsidio?
–Es un pago por derechos adquiridos por ser menor de edad. Todos los menores, a través de sus padres, recibirían 45 pesos luego de realizarse un chequeo médico y de comprobarse que reciben asistencia educativa. Al cierre del ejercicio 2003 hubo un superávit de unos 2560 millones de pesos. Se había estimado una recaudación mucho menor. Tomemos los números reales. Así tendremos un plus para el 2004 de 2560 millones. En el Presupuesto 2004 que se envió al Congreso había un superávit financiero por 1954 millones. Esas dos cifras indican que en el 2004 se dispondrá de 4514 millones para impulsar la asignación. Si se suma lo que ahora se gasta en Asignaciones Familiares, en realidad sobrarían unos 300 millones de pesos.
–¿No es muy optimista su análisis?
–Estamos hablando de cifras oficiales. Y estamos tomando el supuesto de que la economía crecería 4 puntos, que la inflación rondaría entre un 9 y un 10 por ciento y que la recaudación sería sumamente moderada. Todo esto es discutible. Cualquier estudio más o menos serio indica que la recaudación se recupera más rápido y por encima de los niveles de actividad económica. Tomando los números más pesimistas estamos en condiciones de realizar una reforma del Presupuesto que garantice esta asignación mensual.
–En momentos en los que hay muchas voces que reclaman utilizar el superávit para aumentar los pagos de la deuda externa, ¿cómo considera que influye esta iniciativa en el debate político?
–En principio nos parece que esta iniciativa permite ponerles freno a las presiones del Fondo Monetario Internacional que reclama aumentar los niveles de superávit fiscal. La iniciativa es irrebatible, está destinada a los pibes, es universal. Esto conlleva restituir el derecho a la salud y a la educación de toda la población, además del efecto reactivador sobre la economía que implica esta inyección al consumo.
–Pero hay sectores sociales que no necesitan esa ayuda económica.
–La idea de la universalidad implica restituir derechos a los sectores más postergados. Claro que esto implica a futuro realizar una reforma impositiva en la que los sectores que más pueden paguen más. Gravar el alto consumo, la renta y el patrimonio en lugar de tener en el IVA la principal fuente de recaudación. También habría que eliminar exenciones e identificar a los sujetos económicos más importantes.
–¿Lo ve al ministro de Economía Roberto Lavagna dispuesto a aceptar esta iniciativa?
–Sería bárbaro que el Gobierno la hiciera suya y la enviara al Congreso en las sesiones extraordinarias. El presidente Néstor Kirchner planteó con claridad que la prioridad es la distribución del ingreso. Desde el punto de vista ético no tiene discusión. Y hasta desde una mirada utilitaria la propuesta lograría que la futura fuerza de trabajo de la Argentina no se deteriorara tanto. De esta manera, el Gobierno podría decirle con claridad al Fondo que los excedentes fiscales tienen como prioridad atender la emergencia social.
–¿Qué opina de la negociación entre el Gobierno y el FMI?
–Considero que es un error tener al FMI como un acreedor privilegiado. Ya que eso le permite opinar sobre las metas fiscales y el destino del superávit. También le permite seguir actuando como lobbista. La carta de intención firmada por Lavagna mantiene los criterios de apertura económica del pasado.