“Si ante nuestros ojos hubieran pasado situaciones irregulares las hubiéramos denunciado”, aseguró a Página/12 Eamon Mullen, uno de los fiscales del caso AMIA, quien comenzó ayer con el alegato de la fiscalía en el juicio oral. Durante la audiencia se había referido a las irregularidades de la investigación al afirmar que “erróneamente confiábamos en que los que debían colaborar lo harían a la altura de las circunstancias y más allá de las internas políticas, pero no fue así”. Mullen denunció la “total liviandad y falta de iniciativa” del gobierno de Carlos Menem para investigar el atentado. “Nos encontramos con un nivel de corrupción pública y privada difícil de imaginar”, aseguró. Y adelantó que la fiscalía pedirá prisión perpetua para los cinco acusados de integrar la conexión local del ataque terrorista.
El alegato de Mullen produjo emoción en la sala del subsuelo de Comodoro Py cuando leyó los nombres de cada una de las 85 víctimas y sus fotografías se fueron exhibiendo en las pantallas gigantes. A continuación, el fiscal dijo que “se da por cabalmente demostrado que la explosión fue en la puerta de ingreso” del edificio ubicado en Pasteur 633 y que “los explosivos estaban en una camioneta Trafic presuntamente con un conductor suicida”. En ese sentido, descartó que la voladura de la AMIA se haya tratado de una implosión, así como que los explosivos se hayan encontrado en el volquete que estaba en la puerta de la mutual judía al momento del ataque, ocurrido el 18 de julio de 1994.
La exposición de la fiscalía se inició con un resumen de los escollos que debió atravesar desde que intervino en el expediente. En referencia a las irregularidades, el fiscal dijo que “justamente, las acciones políticas tomadas durante los primeros años posteriores al atentado y que influyeron sobre la dirección de la causa AMIA tuvieron vital importancia para determinar su curso definitivo”. Sin embargo destacó que “actualmente, la voluntad del Estado parecía haber tomado otra dirección”. Mullen afirmó que “la instrucción se llevó a cabo en el peor de los escenarios posibles, pero además existieron otras bombas que explotaron en el curso de la investigación: la total liviandad y falta de iniciativa por parte del Estado”. Y criticó a “los gobernantes de turno que hablaban de la mejor policía del mundo mientras desviaban la investigación”.
Al final de una nueva jornada del juicio oral que se desarrolla desde hace más de dos años en los tribunales de Retiro, Página/12 quiso saber si, junto a José Barbaccia, hubo algo que hubieran podido hacer como representantes del Ministerio Público para evitar el grado de contaminación del expediente. “Hay cuestiones que se ven a la distancia, estábamos trabajando con muchísima información que ingresaba, y con el tiempo advertimos que los miembros del Poder Ejecutivo Nacional no trataban esto como una cuestión de Estado, decían que no había un plan de contingencia, que no tenían legislación”. Respecto de la labor del juez federal Juan José Galeano, cuestionada al punto de haber sido apartado del caso, el fiscal opinó que su rol es ser “control del juez, pero en el expediente, no en su vida privada ni en su despacho”. Mullen enfatizó que controlaron al magistrado “apelando todo con lo que no estábamos de acuerdo, de hecho, la línea contra (Carlos) Telleldín que siguió Memoria Activa, la escribimos en el ‘95 y ya entonces lo queríamos como partícipe necesario y que fuera presa su esposa, Ana Boragni”.