Creo que lo más interesante y novedoso del acto en Atlanta la semana pasada fue apreciar cómo prendió, y con velocidad de rayo, la idea de la urgencia y profundidad de la reforma constitucional.

Lanzada con decisión y convencimiento pero con fuerza limitada por los intelectuales nucleados en El Manifiesto Argentino, de pronto en Atlanta pareció explotar como un nuevo y esperanzador horizonte de lucha. Que lo es.

Corresponde, entonces, puntualizar algunas cosas. Y en primer lugar subrayar que una reforma no es –ni debe ser– cosa de “técnicos” ni materia exclusiva de juristas especializados. Ésa es la primera trampa a desarmar, porque históricamente los constitucionalistas argentinos han sido, siempre y en general, ultraconservadores, formalistas a ultranza, y la gran mayoría jamás ha querido reformas. Por eso ahora los veremos retomando prédicas reaccionarias y engoladas, amparados por el sistema de mentimedios y su telebasura, repitiendo que la reforma no es necesaria ni oportuna y muchos otros reparos.

Desde la Constitución Nacional de 1853, en nuestro país las reformas fueron todas traumáticas y trampearon de diversos modos la voluntad popular. Inexorablemente retardatarias y mezquinas, solamente la de 1949 significó un verdadero cambio político, económico y social al sancionar la primera y única Constitución inclusiva, moderna y afirmativa de la identidad nacional.

La convocatoria del gobierno que ganó las elecciones de 1946 contenía, es cierto, la obvia intención de permitir la reelección del presidente Juan D. Perón. Pero por encima de eso el proyecto que lideró el notable jurista entrerriano Arturo Sampay (1911-1977) fue un modelo de modernidad y amplitud social (luego imitado en Chile, Ecuador y otros países).

La reforma del 49 fue además formalmente perfecta más allá de las chicanas de la furiosa oposición de la época, que cuestionó que la Declaración de Necesidad había sido sancionada por dos tercios de los legisladores presentes y no del total de la asamblea legislativa. Reparo sin sustento porque reformas anteriores (las de 1860 y 1898) no se habían sancionado con la mayoría que ahora se exigía y sin embargo nadie había sostenido jamás su invalidez.

En realidad, lo que desesperaba al conservadurismo oligárquico de la época era el espíritu profundamente reformista del proyecto Sampay. Los macristas de entonces (que no se llamaban así pero ya existían: unitarios, oligárquicos, malinchistas y neoliberales a ultranza) no digirieron jamás aquella Constitución. Y en particular el artículo 40, que establecía: a) el monopolio estatal del comercio exterior; b) la propiedad inalienable de la Nación sobre las minas y fuentes de energía; c) la obligación del Estado de prestar los servicios públicos en forma directa; d) reglas para el cálculo de la indemnización por expropiación de empresas de servicios públicos. Este artículo, además, establecía de hecho una economía capitalista mixta, con relevante intervención estatal y no sujeta a futuros cambios de gobierno.

Aquí cabe recordar que en el radicalismo de entonces hubo dos posiciones: por un lado Balbín, Frondizi, Larralde, Illia, Lebensohn y Sabattini eran duros críticos del peronismo al que consideraban antidemocrático, pero apoyaban las medidas de progreso social y nacionalismo económico. Del otro lado, el “unionismo” liderado por Tamborini, Mosca y Sammartino rechazaba todo y acusó incluso a los primeros, cuando juraron como diputados la nueva Constitución, de “peronizar la UCR”.

Aunque el país creció entre 1949 y 1955 con industrialización y pleno empleo, sin indigencia y con pobreza mínima en comparación con la actual, los poderes mediáticos (ya entonces) y el capitalismo concentrado se opusieron con ferocidad: cancelar la Constitución de 1949 fue uno de los objetivos principales del golpe de estado del 16 de septiembre de 1955. El antiperonismo que enfermaba a las fuerzas armadas de entonces y a sus sostenes burgueses y agrarios, sumado al accionar de las embajadas imperiales, coronó su triunfo el 27 de abril de 1956 cuando la derogaron por un decreto dizque “revolucionario” en forma de “proclama” firmada por Aramburu, Rojas y la totalidad del gabinete de esa dictadura autollamada “libertadora”.

Habrá que hacer docencia, ahora, sobre todo entre los más jóvenes, que, salvo los muchos militantes que nos esperanzan a los mayores, son hoy cooptados por el consumismo más feroz, tecnológico o no. Es duro decirlo, y podrá no gustar, pero es un hecho que gran parte de la ciudadanía que hoy tiene menos de 30 años carece, en general, de conciencia política. Ante lo cual habremos de hacer estas docencias o el país no tendrá otro destino que la recolonización.

Ésa es la tarea: denunciar la estafa del macrismo, que ha engañado a sus propios votantes y los engaña día a día y noche a noche con perversidad implacable. El modelo de sociedad duranbarbizada mata ideologías, mata conciencia social, y hay que reconocer que frente a tanta maldad nosotros, el campo nacional y popular, estamos en desventaja. Hemos perdido tiempo convencidos de que el igualitarismo, la inclusión y los derechos sociales eran para siempre. Y muchos han creído honesta pero equivocadamente que el kirchnerismo era una revolución, cuando no lo era.

Con todo lo que nos dio y con medidas maravillosas como el fin de las AFJP o la recuperación de YPF y los satélites Arsat; con el ALBA y la Unasur; con las jornadas memorables del Sesquicentenario de Mayo en 2010 o con el plan Conectar Igualdad, entre muchos otros logros, la batalla se perdió. Por tonterías como el traslado del monumento a Colón o errores graves como pasar cuatro o cinco años peleando contra el monstruo Clarín sin crear un sistema alternativo que hoy hubiera permitido un enjambre de radios y televisoras comunitarias, un verdadero sistema de comunicación nacional y popular.

Aunque siempre es buena hora para leales autocríticas, ninguna lo es para autoflagelaciones, y todas son mejores para aprender de la propia historia.