¿Por qué un Estado se convierte en un Estado criminal? ¿Qué razones lo legitiman? ¿Cómo una sociedad llega a ese nivel de violencia?, leyó la secretaria del Tribunal Oral Federal 1. La Sala AMIA de los Tribunales de Comodoro Py estaba casi vacía pese al primer día de audiencia de un nuevo juicio. Un comisario, dos subcomisarios retirados y un ex agente de la SIDE oían desde el sector de acusados. En 1976 eran parte de los grupos de tareas entrenados para la caza de personas que luego eran recluidas en Automotores Orletti, “un centro clandestino común para los torturadores sudamericanos”, como se escuchó decir a la secretaria. Siete personas entre el público. Dos policías de seguridad.

El trajinar de la voz de la secretaria del tribunal dejó en la sala flotando el texto de elevación a juicio oral con sus pruebas y argumentos, escritos por el fiscal Federico Delgado.

“No podemos responder a esas preguntas definitivamente –continuó la mujer– pero podemos, en cambio, citar una frase como sendero para una respuesta. Eric Hobsbawm, probablemente uno de los mejores historiadores del siglo XX, dijo que el ascenso de un colosal terror a lo largo del último siglo no es reflejo de la banalidad del mal, sino de la sustitución de los conceptos morales por imperativos superiores”. Esto es decisivo, señaló el escrito de Delgado. Y luego: “En los regímenes militares de América Latina, en la época en que podía obligarse a todos los oficiales argentinos de una unidad a participar de actos de tortura a fin de que recayera sobre ellos, en su conjunto, lo que de este modo quedaba admitido como una infamia compartida”.

Una de las características de este juicio es que la acusación toma como imputados a quienes ocuparon lugares de “autores directos” de crímenes de lesa humanidad. Esas personas, según la acusación, “no actuaron bajo coacción, las sanciones que podían llegar a tener por oponerse a la cadena de mandos nunca fueron letales como en la Alemania nazi. No actuaron por error. Conocían las manifestaciones ilegales de las órdenes”.

Durante el juicio que se extenderá hasta febrero se estima que declararán sesenta testigos. El tribunal oral, integrado por Adrián Grünberg, José Antonio Michilini, Daniel Obligado y Gabriel Eduardo Vega como juez sustituto, pondrá en escena tres grandes casos.

El secuestro y desaparición de Lucía Victoria Grisonas, el homicidio de su pareja, Mario Roger Julién Cáceres y, aunque no son objeto de este juicio, el secuestro de sus hijos Anatole y Victoria, trasladados y abandonados en una plaza de Valparaíso, donde fueron adoptados por un matrimonio que desconocía su origen. Por el secuestro y la desaparición de Lucía Victoria y el homicidio de Mario son juzgados el comisario retirado Rolando Oscar Nerone y el subcomisario retirado Oscar Roberto Gutiérrez, que compartieron destino en la División de Asuntos Extranjeros de la Superintendencia de Seguridad Federal, uno desde 1969 y otro desde 1972, ámbito desde el que quedaron adscriptos al Grupo de Tareas 5 de la SIDE, bajo cuyo control estuvo el centro clandestino. Una de las pruebas sobre la responsabilidad de ambos son los datos surgidos de sus legajos personales, leídos también en la primera audiencia. Nerone dejó la fuerza con un retiro obligatorio en 1979, promovido al grado de comisario inspector retirado por haber sido herido en un procedimiento de la calle Mitre 1050, de la localidad de San Martín, el 26 septiembre de 1976, día del asesinato de Mario.

El segundo caso es el de Estela María Moya de Gayá y Gustavo Gayá, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. También el de Ana María del Carmen Pérez, embarazada de siete meses y cuñada de Gustavo. El secuestro se realizó el 14 de septiembre de 1976 sobre la avenida Forest 1010, de la Capital. Los cuerpos de Gayá y de Ana María del Carmen Pérez aparecieron luego con el de Marcelo Gelman y otras víctimas del centro clandestino en tambores de 200 litros rellenos de cemento, arrojados a las aguas del canal de San Fernando. Ana María, con un tiro en la panza. Por estos hechos, llega como imputado por homicidio José Néstor Ferrer, asignado para la época en la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal.

El cuarto imputado es el ex agente de la SIDE Cesar Alejandro “Pino” Enciso, extraditado desde Brasil. Con él se abre el tramo conocido como Orletti IV. Enciso está acusado por los secuestros del dirigente sindical Gerardo Francisco Gatti y de Julio César Rodríguez, ambos uruguayos, y de Manuela Santucho y su cuñada Cristina Silvia Navaja de Santucho, secuestradas el 13 de julio de 1976 en un departamento de la calle Warnes. Cuando la secuestraron Cristina estaba embarazada. La presencia de Enciso marca otra de las particularidades del juicio. Pese a que existen elementos en la causa sobre su participación en otros delitos, sólo será juzgado por el secuestro de cuatro personas porque así lo determinó el acuerdo de extradición con Brasil.

Luego de un receso, el personal de seguridad de la Sala AMIA retiró los grilletes de las manos de los acusados, y con eso parte de los pocos signos visibles de su estado de detención. Además de los representantes de las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos, el CELS y Kaos, en la sala estuvo el fiscal Pablo Ouviña, acusador en el juicio por el Plan Cóndor y que también revisó los casos llamados como Orletti II. El centro clandestino funcionó en un inmueble alquilado desde el 11 de mayo de 1976 hasta el 3 de noviembre de ese mismo año. El contrato lo firmaron agentes de la SIDE. Cuando describió la inserción de ese centro clandestino en la Operación Cóndor, el fiscal hizo hincapié en el antisemitismo de los represores de Orletti. Explicó que la planta alta estaba destinada a los “interrogatorios bajo tortura”, donde había “una máquina con que se colgaba a las víctimas, haciéndolas pender con sus brazos colocados por detrás, y que las bajaba y subía provocando que tocaran con la punta de los pies el piso que había sido inundado de agua y sal gruesa”.

Las audiencias continuarán el viernes 14 y el lunes 17 de octubre.