“Este es un claro intento para justificar dejarme al borde de una medida extrema como la detención preventiva, que luego llene la tapa de los diarios y noticieros, ocultando la verdadera gravedad del presente en materia económica y social”. Con estas palabras, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció el carácter político de la acusación por irregularidades en la obra pública. En el texto, que será presentado hoy al juez Julián Ercolini por el abogado de CFK, se pide la nulidad del dictamen de los fiscales y del llamado a indagatoria del 20 de octubre. Las 64 páginas exhiben datos asombrosos, por ejemplo, el texto de la auditoría de Vialidad Nacional que concluye, respecto de las obras realizadas en Santa Cruz, que “no se perciben deficiencias de relevancia en las construcciones, los desajustes de certificaciones de obras no se consideran relevantes, el ambiente de control imperante resulta razonable, no se encuentran desvíos significativos en cuanto a montos de obra certificados y trabajos realizados”. Por otra parte, el informe de Vialidad dice en forma categórica que no estuvo en condiciones de evaluar ningún sobreprecio en las obras.

El llamado a indagatoria de Ercolini se basa en un extenso pedido redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. En primera persona, CFK les contesta que armaron una “acusación política violatoria de las más elementales normas”.

La ex presidenta y a su abogado, Carlos Alberto Beraldi, marcaron algunos elementos que cuestionaron de la acusación:

- Se llama a indagatoria a funcionarios y a un sólo grupo empresario (Lázaro Báez). La ex mandataria señala que se percibe el carácter político al no haber acusación por ejemplo contra el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra y su amigo del alma Nicolás Caputo que se adjudicaron muchas más obras.

- Los fiscales cuestionan que a Santa Cruz se le hayan dado obras por el 11 por ciento del total del presupuesto destinado a ese fin, cuando la provincia ocupa el 10,5 por ciento del territorio nacional. Además, la decisión sobre dónde realizar obras es política, del Congreso, no sujeto a la aprobación de un fiscal o un juez.

- Todos los presupuestos se votaron en el Congreso Nacional por lo cual debería imputarse a todos los diputados y senadores.

- Las obras se licitaron y controlaron en Santa Cruz pero no se convocó a indagatoria a ningún gobernador de esa provincia, de la que dependía Vialidad provincial.

- Todas las cuentas de inversión fueron aprobadas después por el Congreso con intervención de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.

- Otra acusación de de los fiscales fue que Néstor y Cristina Kirchner trasladaron sus equipos de Santa Cruz a la Nación, como si ello fuera prueba de la existencia de un delito. CFK recuerda que también utilizaron sus personas de confianza Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Fernando De la Rúa e incluso Mauricio Macri. La ex mandataria resalta, en el caso de Macri, que el titular de Inteligencia actual tiene como único antecedente “la transferencia poco clara de jugadores de fútbol” y además vive en el departamento que es propiedad de Macri, una especie de colmo de la designación por razones de confianza.

El corazón del escrito son las conclusiones del informe de Vialidad y detalles de la forma en que se redactó: en 15 días y sin datos comparativos. El titular de Vialidad del macrismo, ex candidato a intendente de Cambiemos, presentó una denuncia judicial, pero las conclusiones del informe dicen lo contrario de lo que se difundió en los medios.

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