La Corte Suprema tendrá hoy su primera reunión plenaria del año y será bajo la presidencia de estreno de Enrique Petracchi. Es posible que los jueces diseñen, en esta reunión, una agenda para resolver temas de alto “impacto institucional”, como los llaman algunos de ellos. Pero hay un asunto controvertido que ya tiene como fecha de debate el martes próximo: el planteo con que el camarista salteño Ricardo Lona pide que se anule su juicio político, que espera sentencia del jurado de enjuiciamiento para el 18 de este mes. Como el magistrado renunció cuando estaban por acusarlo, considera que no debe ser juzgado. Pero el Poder Ejecutivo nunca aceptó ni rechazó su dimisión y por eso el proceso de remoción continuó.
No es la Corte habitual en pleno la que atenderá el asunto Lona. Del elenco estable intervienen Juan Carlos Maqueda, Antonio Boggiano y Adolfo Vázquez. Los demás se excusaron en cadena después que lo hizo Petracchi, quien alegó amistad con el salteño. Completarán el tribunal cinco conjueces (Julio Petra Fernández, Pablo Gallegos Fedreani, Mario Belfer, Javier Leal de Ibarra y Emilio Fernández).
Lona fue acusado por el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño” por su responsabilidad en la Masacre de Las Palomitas durante la dictadura, por actuar como albacea sin autorización en una sucesión millonaria y por no investigar la supresión de identidad de un menor entregado a un matrimonio francés. Los alegatos de los consejeros y de los abogados defensores fueron el miércoles último. Pero el magistrado guarda esperanzas de que sea el máximo tribunal quien lo salve antes que diga algo el jurado de enjuiciamiento.
Un dictamen del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, le dio la razón al camarista: decía que el juicio político debía cerrarse ante la renuncia que elevó el juez cuando se vio cercado por la posible destitución. El presidente Néstor Kirchner nunca aceptó esa presentación, lo que permitió que siguiera el enjuiciamiento. Cuando Sus Señorías de la Corte se reunieron en diciembre no lograron unificar una postura: un voto de Maqueda, al que adhiere Boggiano, dice que se trata de “una cuestión política no judiciable” a resolver por el jury y que la renuncia es un asunto del Ejecutivo. A los conjueces, que entonces eran menos, esa idea no les cerraba. Este martes habrá una nueva discusión y nadie descarta que el tribunal intente frenar la resolución del jurado con un fallo previo. Algunas otras cuestiones de trascendencia institucional, como las causas sobre la pesificación y las que atañen a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final deberán esperar. No hay mayoría en ninguna de esas casas. Los ministros también postergarán pronunciarse sobre una acordada que eximió a los jueces de pagar impuesto a las ganancias.