Según el proyecto de ley de presupuesto de 2017, la mayoría de las áreas que desde el Ministerio de Justicia se dedican exclusivamente a los derechos humanos recibirán menos dinero que el que, por ley, les correspondió durante este año. La Secretaría de Derechos Humanos en su totalidad deberá arreglárselas con un presupuesto 15 por ciento menor en términos nominales al que le fue destinado en 2016, y a eso habría que sumarle el impacto de la inflación. El recorte en el programa que aseguraba a sobrevivientes y familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad el acompañamiento jurídico para querellar en causas y juicios es de casi un 50 por ciento. Semanas atrás, la gestión actual había explicado a la prensa que la reducción presupuestaria se debía a “sobreestimaciones” que encontraron en las partidas aprobadas por el kirchnerismo antes de perder la mayoría en el Congreso, que su objetivo al llegar a la secretaría fue “transparentar” y que algunas partidas fueron “reestructuradas”, es decir, reorganizadas en el organigrama de recursos de la cartera dirigida por Germán Garavano. Trabajadores y referentes de organismos de derechos humanos lo desmienten.

“Avruj miente o desconoce cuál fue el presupuesto anterior y el mamarracho que presentaron”, denunció Agustín Cetrangolo, militante de Hijos. La secretaría dirigida por Claudio Avruj recibirá una partida de 607.542.535 pesos durante 2017, 110 millones menos que lo que recibió en 2016. La reducción supera por poco el 15 por ciento. “Conocemos lo que estamos hablando y es muy preocupante lo que ocurrirá si se aprueba un presupuesto de estas características porque confirma el desfinanciamiento de las políticas públicas. Esto es menos derechos, menos información, menos promoción”, remarcó el joven que hasta diciembre de 2015 fue jefe de gabinete de asesores de la Secretaría mientras estuvo a cargo de Martín Fresneda.

Las modificaciones más notorias que sufrió la estructura de recursos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tienen que ver con áreas que directamente han desaparecido de la planificación para el año próximo. Según lo plasmado en el proyecto de ley que está en debate en el Congreso nacional, el organismo a cargo de Avruj no transferirá dinero alguno a municipios ni provincias, que tenían como destino la señalización de excentros clandestinos como sitios de la memoria. Tampoco recibirán recursos universidades nacionales u organismos internacionales, cuyos objetivos eran la financiación de carreras de grado y de posgrado vinculadas con los derechos humanos. En 2016, esas variables recibieron tres millones y medio de pesos. El monto destinado a Mantenimiento, reparación y limpieza, que cubría el estado de los sitios de memoria, recibirá 9 millones de pesos menos el año que viene. Partidas destinadas a la compra de productos químicos y lubricantes –utilizados por el Archivo Nacional de la Memoria– y a generar documentos impresos, desaparecieron por completo.

Los viáticos también sufrieron una abrupta reducción: los siete millones que fueron programados para este concepto en 2016 serán poco más de uno en 2017: el recorte aquí es de casi el 80 por ciento. Para poner en contraste, los recursos con los que cuenta la oficina Anticorrupción para viajar por el país y alrededores crecieron más del 200 por ciento entre un año y otro. “Si no hay presupuesto para viajes no hay manera de llegar a las provincias y localidades fuera de la ciudad de Buenos Aires con asistencia para juicios, con asistencia para testigos en los juicios ni con la aplicación de cualquier otro programa. Tampoco planean por lo visto destinar dinero a allì para sostener los sitios de la memoria. La polìtica es de clara desfederalización de la promoción y protección de los derechos humanos”, explicó el militante de Hijos.

El presupuesto destinado al Espacio Memoria que funciona en la Exma fue uno de los pocos ítems que refleja un aumento nominal de dinero en comparación a lo que necesitó en 2016. Entonces, insumió 85.731 millones de pesos, mientras que para el próximo año recibirá 95 millones. Pero, atención, porque en ese monto están incluidos los sueldos de todos los trabajadores que se desempeñan en el espacio. El incremento, de poco menos de 5 millones, se vuelve obsoleto si se tiene en cuenta el porcentaje de inflación estimado (17 por ciento) y se imaginan valores de negociaciones paritarias. “El presupuesto queda comido en salarios. Es un vaciamiento total”, alerta Cetrangolo. Lo mismo ocurre con la partida destinada en general a la Secretaría.

El área que más recursos consume de todo lo planificado es la dedicada a cumplir con las leyes reparatorias, que se lleva el 46 por ciento del presupuesto. Si a este se le suma la designación para pagar salarios, que insume otro 29 por ciento, solo resta un 25 por ciento de presupuesto para el resto de las tareas.

¿Y los derechos humanos del Ministerio de Justicia?

Las políticas públicas destinadas a sostener el proceso de memoria, verdad y justicia no son sólo las que maneja la Secretaría al mando de Avruj. Programas como el de Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad o el de Formación Universitaria en Derechos Humanos, que implica la financiación del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” (IUNMA) recibirán un presupuesto bastante menor que el que requirieron el año pasado. El programa que se dedica, entre otras cosas, a ofrecer abogados querellantes a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura deberá arreglárselas para cumplir las mismas metas con la mitad de los recursos: en 2016 funcionó con 23 millones de pesos y en 2017 recibirá casi 12. Los recursos para la “Universidad de las Madres”, es sensiblemente menor: recibirá 23,5 millones en 2017, cuando la partida asignada formalmente para el año en curso fue de 98.

Desde la dirección del IUNMA prefirieron no opinar sobre la futura merma ya que aún nadie del Ministerio ni de la Secretaría, de la que actualmente depende, ha informado al respecto de manera formal. No obstante, relataron el estado “crítico” que fue la realidad cotidiana del corriente ciclo lectivo en lo que refiere a recursos. “Las contingencias que hemos y estamos atravesando son similares al resto de las áreas del Estado a las que le faltaron recursos”, apuntó el rector, Germán Ibáñez. Durante todo el año reclamaron a la Secretaría que “ejecute la partida presupuestaria” destinada al instituto “sin que se hayan verificado resultados positivos de parte de las autoridades”. La falta de presupuesto afectó principalmente al pago de sueldos docentes, que “están muy atrasados” y a la cuestión edilicia. En la actualidad y desde hace más de un año, el IUNMA no cuenta con un edificio propio. Funciona en algunas oficinas cedidas por la cartera antes a cargo de Julio Alak y en la actualidad gerenciada por Germán Garavano, que “no alcanzan para las actividades académicas”. “Requerimos que se nos provea de una superficie adecuada. No estamos cerrados a una solución transitoria, pero sí suficiente para los objetivos del instituto”.

Subejecuciones premonitorias

En una columna de opinión que publicó en el sitio web de La Cámpora, el extitular del Archivo Nacional de la Memoria Horacio Pietragalla denunció que la gestión de Avruj había ejecutado un 40 por ciento menos del presupuesto asignado a políticas de derechos humanos. “Estos 10 meses de macrismo nos pueden ir adelantando el panorama futuro”, advirtió en diálogo con Página/12. “A partir de lo que no hicieron este año uno puede entender por qué recortan tanto para el año que viene. Los derechos humanos no son prioridad y tampoco lo son la educación, la salud ni ninguna otra área social”, determinó.

Leonardo Surraco trabaja en el área de investigación de la Secretaría, es delegado de la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Advirtió que “los recortes ya se vienen aplicando desde hace rato”: “Hacen lo mismo que hicieron en la ciudad de Buenos Aires. Subejecutan partidas y con eso justifican un recorte de presupuesto”, denunció. El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, por caso, funcionó “todo el año sin presupuesto, no bajó un peso para hacer nada”, reveló el delegado. Los trabajadores del Conti cobraron sus sueldos, pero “se las arreglaron para convocar a artistas solidarios que accedieran a participar a la gorra de actividades que no requirieran de recursos para su realización”. Algo similar ocurrió con el Centro Ulloa de asistencia a los sobrevivientes y el área de investigación en donde Surraco advirtió que “los trabajadores vienen sosteniendo tareas con el envión de la gestión pasada, pero no tienen línea de trabajo alguna respecto de la nueva dirección de la secretaría. No hay presupuesto, no hay nada”. Los hombres y mujeres del Instituto Nacional de Asuntos Indìgenas, que con la gestión gubernamental de Cambiemos pasó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no firmaron contratos con esa cartera. “Están en un limbo peligroso”, alertó.