El abogado denunciante en la causa por el origen del dinero que le fue sustraído a la vicepresidenta Gabriela Michetti en su domicilio cuando Cambiemos ganó la segunda vuelta electoral pidió ayer al juez federal Ariel Lijo que sean requeridas las declaraciones juradas impositivas del contador Marcelo Eduardo Domínguez y del arquitecto Eduardo Raposo. Domínguez es el contador que asistió a Michetti en sus declaraciones impositivas y admitió ante Lijo haber efectuado una donación a la Fundación SUMA por diez mil pesos, pero sin obtener el correspondiente recibo. En tanto, el arquitecto Raposo estaba realizando la obra de refacción en el PH de Michetti cuando ocurrió el robo y reconoció que cobró honorarios por 15 mil pesos, pero tampoco tuvo un recibo por sus servicios.

“No me acuerdo el monto exacto de todos los materiales que se compraron para la obra, y no quiero decir una cosa por otra. Con relación a mis honorarios, debo decir que me persigue Gabriela para pagarme porque no le cobro nunca, después le voy pasando diversos montos. En esta obra creo que cobré 15 mil pesos. El pago fue en efectivo y no le hice ningún recibo, hay como ese nivel de confianza para que no le firme recibos”, expresó ante la Justicia. “He hecho factura alguna vez, pero no en este caso. Creo que no tengo factura de esta obra”, agregó.

En el caso de Domínguez, el abogado Leonardo Martínez Herrero consideró que su conducta podría ser “violatoria de la normativa vigente”, que establece que las donaciones a las fundaciones deben tener respaldo registral bancario o por tarjetas de crédito. En el escrito presentado ayer, el letrado sostuvo que Domínguez “no puede desconocer la normativa dada su condición de contador público”. Martínez Herrero solicitó que se pidan las declaraciones juradas ante la AFIP “tanto de los mencionados como la de todos los testigos propuestos por la defensa a efectos que se puedan constatar que hayan declarado en sus respectivas declaraciones juradas las donaciones efectuadas”. Lo hizo porque advirtió que “no surgen recibos de dichas contribuciones, y aun de ser así resultarían pasibles de haber incurrido como mínimo en una infracción fiscal”. En el caso concreto de Raposo, además, la denuncia alerta que su conducta podría constituir “el delito de evasión impositiva, en la cual también podría haber llegado a incurrir la imputada Michetti”.

Domínguez había dicho al juez Lijo que “aproximadamente en el mes de noviembre, a principios de ese mes y en una cena de amigos que hizo en su casa, Silvina (la hermana de Michetti) nos pidió colaboración para la Fundación” SUMA. “Por eso, después de la cena yo le llevé un sobre con la colaboración, la cual era de diez mil pesos”, precisó. Domínguez, quien se definió ante el juez como “amigo y contador” de la vicepresidenta, admitió que la colaboración “no fue documentada. Cuando le llevé el dinero a Silvina, me dijo que cuando lo rindiera Gabriela a la Fundación le iba a pedir el recibo correspondiente y me lo iba a alcanzar”.

El pedido de Martínez Herrero se produce días después de que surgieran inconsistencias y nuevas sospechas en las testimoniales brindadas por personas cercanas a Michetti. Uno de ellos es Domínguez, que además de contador es amigo de la vicepresidenta desde la época escolar en la ciudad de Laprida.