El diputado Néstor Pitrola (FIT-PO) intentaba argumentar en el plenario de comisiones cuando vio pasar delante suyo el dictamen para la reforma de la Ley del Ministerio Público con gran cantidad de firmas. Se quejó de que nadie lo escuchara porque estaba “todo cocinado”. Al rato, Cambiemos aprobó en sociedad con el Frente Renovador el proyecto que acota el mandato del/la procurador/a general a cinco años, con el objetivo de desplazar a Alejandra Gils Carbó y que permitirá remover a casi todos los titulares de las procuradurías y unidades especializadas que ella nombró, al poner un requisito de antigüedad como fiscal de un mínimo de cinco años, que la mayoría no tiene. Si se aprueba, los nombramientos deberían pasar de ahora en más por la aprobación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, que operaría como control político externo. Un punto llamativo es que, en plena protesta por la violencia machista y en la antesala de un paro de mujeres, el organigrama propuesto dejó afuera a la Unidad especializada en Violencia contra las mujeres, que investiga femicidios (UFEM) así como a la Dirección General de Derechos Humanos. El Frente para la Victoria y los partidos de izquierda cuestionaron. Abuelas de Plaza de Mayo presentó una carta de rechazo.

El presidente de la Comisión de Justicia, Diego Mestre (UCR-Cambiemos), inauguró la reunión haciendo gala de la injerencia que tendrá la Comisión Bicameral, presidida por la massista Graciela Camaño, en la política criminal, los traslados de fiscales, la creación de fiscalías y unidades especiales y las designaciones. Deberá dar su aprobación o rechazo a lo que propongan el/la procurador/a y su Consejo General. Lo que no avale o rechace en 30 días, quedará firme. Mestre precisó que el cargo de titular de la Procuración durará cinco años, renovables por cinco más a propuesta del Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado. La remoción, podrá ser requerida por la Cámara de Diputados de oficio o por petición de cualquier interesado.

“Se intenta avanzar en el desplazamiento de Gils Carbó ante el fracaso de lograr su renuncia”, se quejó María Emilia Soria (FpV). La procuradora actual asumió en un cargo vitalicio. El proyecto de reforma no aclara si los cinco años se aplican con retroactividad. En agosto de 2017 se cumple ese tiempo desde que Gils Carbó fue nombrada. El oficialismo decidió dejar librada esa definición a la “justicia”. Soria afirmó que la ley en ciernes violaría la división de poderes y la autonomía del Ministerio Público Fiscal (MPF) al dar “facultades exorbitantes a la Comisión Bicameral”. “Va a gobernar al Ministerio Público. Fue la condición que impuso el Frente Renovador”, se sumó Rodolfo Tailadhe. El FpV presentó, de hecho, un dictamen de rechazo.

Soria reparó en la inclusión del requisito cinco años de fiscal para comandar una Procuraduría o Unidad, además de recibir el aval de la Bicameral. De todos los que ocupan esos lugares hoy, explicó. “sólo podría quedar Jorge Auat (Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad)”.

Remo Carlotto, leyó la carta firmada por Estela de Carlotto, que hace hincapié en ese punto: “…genera una gran incertidumbre y preocupación en la Asociación que presido, pues imposibilitaría la continuidad al frente de la Unidad Fiscal Especializada para casos de apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado de su actual titular, el fiscal general Pablo Parenti, quien si bien lleva más de una década en el MPF no reúne el requisito de antigüedad”. El texto dice que desde que se creó la unidad en 2012 hubo una “mejora sustantiva” en la investigación de apropiación de hijos de desaparecidos, su duración y la obtención de documentos que, pone como ejemplo, permitieron que recuperaran la identidad nietos como el último, el “121”, Maximiliano Menna. La carta alude a las otras procuradurías y a la colisión de la función de la Bicameral “con el mandato constitucional de independencia” del MPF.

Myriam Bregman (PTS) coincidió con otra advertencia de Abuelas sobre la creación de una “Procuraduría de Terrorismo”, de finalidad imprecisa. Carlotto habló del riesgo de que sea utilizada, como la Ley Antiterrorista, “para criminalizar la protesta social”. “Dos atentados terroristas e nuestro país bastan para hacer una procuraduría”, replicó Pablo Tonelli (PRO), quien también defendió la reducción del mandato del jefe/a de los fiscales.

El resto de las procuradurías actuales se mantiene en el proyecto, excepto la de Defensa de la Constitución, que se elimina, y la de Lavado de dinero se dividirá (en Lavado y Delitos Económicos), lo que genera dudas sobre su eficacia. En la lista de todas las direcciones de la Procuración, desaparece la Dirección General de Derechos Humanos, que dirige Andrea Pochak. Tampoco hay ninguna mención de inclusión de la UFEM, que conduce Mariela Labozzetta. Ni siquiera se la jerarquiza como Procuraduría ni se le da ningún lugar a la problemática de la violencia contra la mujer y los femicidios, a pesar de que es una de las más acuciantes en materia penal y en la agenda pública.

Pablo Kosiner (Bloque Peronista) pidió sin éxito modificar el artículo 19, que pone un representante del Ministerio de Justicia en el jurado para los concursos de fiscal. También cuestionó que Diputados pueda promover la remoción del procurador de oficio. Margarita Stolbizer (GEN) elogió lo que consideró mejoras en el proyecto y, aunque mostró dudas por el papel de la Bicameral, votó el dictamen. Camaño (Frente Renovador) dijo que quiere “una procuración más allá de un procurador o una procuradora que vaya en defensa de los intereses de la sociedad y no en función del partido político que lo puso”. Que “nadie se apropie del poder in eternum”, proclamó.

El proyecto de ley podría entrar en la sesión del Diputados el miércoles próximo.