El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que “el proyecto de modificación del Ministerio Público Fiscal impulsado por el oficialismo y sus aliados no contempla de ningún modo la afectación de unidades”. El funcionario se refirió así a la polémica desatada por la iniciativa impulsada por el Ejecutivo con el objetivo de sacar a la Procuradora Alejandra Gils Carbó que, como informó ayer Página/12, elimina la Unidad Fiscal especializada en violencia contra las mujeres. Más allá de la palabra del ministro, el proyecto no contempla está oficina, como tampoco la Dirección de Derechos Humanos, entre muchas otras cosas. Además, reclama cinco años de antigüedad como fiscales para los titulares de las Unidades sin tener en cuenta su idoneidad. Esto provocó la queja de las Abuelas de Plaza de Mayo, ya que según ese texto debería ser relevado el titular de la Unidad sobre la Apropiación de Niños durante la dictadura, Pablo Parenti. Al respaldo de las Abuelas, Parenti sumó ayer el de la Fundación Anahí, presidida por María Isabel Chorobik de Mariani. “Parenti puso en funcionamiento la Unidad y diseñó el plan de trabajo que aceleró los tiempos de búsqueda dando un salto cualitativo y cuantitativo en la investigación de la apropiación de niños. No posee la antigüedad pero sí la experiencia y el compromiso necesarios”, expresó la Fundación en un comunicado.