Tras el encuentro con la CGT y los empresarios, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, recibió a representantes de los movimientos y la Iglesia Católica. Los dirigentes le plantearon que, más allá del bono, la gravedad de la situación social exige como respuesta un aumento de los planes sociales, tanto en su número –ya que reclaman que los programas se unifiquen y destinen a la creación de un millón de puestos de trabajo– como en su monto. La Iglesia cuestionó que Cambiemos haya sido el único bloque que se negó a discutir en el Congreso el proyecto de emergencia social.

En la audiencia, la ministra propuso abrir un ámbito de trabajo permanente con las organizaciones sociales, la iglesia y el Gobierno. En este marco, ofreció tener con ella reuniones cada veinte días, y que semanalmente se junte una mesa más técnica, con funcionarios del ministerio a su cargo, el de Interior y el de Trabajo. Este esquema se pondrá en marcha la semana que viene; con relación a los reclamos, la promesa fue dar en dos semanas una respuesta.

“Nos fuimos con expectativas por la predisposición que mostró la ministra, pero los temas concretos se tienen que empezar a resolver”, señaló Gildo Onorato, de la CTEP.

Estuvieron presentes, en nombre de la iglesia, el obispo de Merlo-Moreno, Fernando Carlos Maletti y el cura Adalberto Odstrcil, de la Pastoral Social. Por los movimientos hubo además representantes de Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa.

El clima distendido de la charla tuvo un momento no tan cómodo cuando los representantes de la iglesia salieron al cruce del autobombo que los funcionarios hacían de la alegada voluntad de diálogo del Gobierno, y cuestionaron que los legisladores de Cambiemos hayan sido los únicos que se negaron a debatir el proyecto de emergencia social en el Congreso.

Este proyecto de ley busca que se amplíen los fondos destinados a asistir a los hogares que cayeron por debajo de la línea de pobreza y que todos los programas sociales se unifiquen y destinen a la creación de un millón de puestos de trabajo. Se trata de una propuesta que viene siendo impulsada por los movimientos y la iglesia, con el respaldo de las centrales obreras.

Como cuestiones más urgentes, los dirigentes de las organizaciones sociales pidieron que este año –al igual que se hizo el año pasado– el Estado pague un aguinaldo social a todos los beneficiarios de planes. También reclamaron por un aumento en el monto de los programas: en el verano habían acordado una suba del 40 por ciento para este año, y hasta ahora les aumentaron un 30.

En cuanto al bono de fin de año para los que cobran la Asignación Universal por Hijo, el planteo es que no debe ser uno por familia sino uno por chico, y por un valor de dos mil pesos.