Cuando se encontró con el presidente Néstor Kirchner en la Cumbre Iberoamericana de Bolivia en noviembre, el mandatario uruguayo Jorge Batlle intentó esgrimir un argumento sobre su decisión de archivar la investigación sobre la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman. Según relataron los presentes, Kirchner no se mostró demasiado interesado en las excusas de su par oriental: “No me expliques nada, eso lo va a solucionar Tabaré Vázquez”, lo cruzó. Casi tres meses después, en medio de la carrera hacia la presidencia, el hombre del Frente Amplio que es apoyado por el gobierno argentino, aseguró que no descansará hasta llegar a la verdad en ese caso si logra imponerse en las urnas. “Me resisto a que podamos asumir que el Estado uruguayo mandó a raptar a una joven mujer embarazada para robarle a su niña y después matarla”, afirmó el candidato.
“No descansaremos hasta saber qué ha pasado con cada ciudadano desaparecido”, aseguró Vázquez durante un acto que se desarrolló en Montevideo para conmemorar los 33 años del Frente Amplio (FA) (ver asimismo pág. 15), en el que colocó en el primer plano de su plan de gobierno “la búsqueda de la verdad en materia de derechos humanos”. El candidato del FA es el que más chances tiene de llegar a la presidencia en los comicios que se realizarán en octubre, y sus palabras llegan luego de que las relaciones diplomáticas entre Uruguay y la Argentina se tensaran al máximo días atrás por la causa sobre la muerte de María Claudia García Irureta Goyena.
A las rispideces surgidas entre ambos países por este tema, se suma el ruido que generó el respaldo de la Casa Rosada a la candidatura de Vázquez. La simpatía de la administración Kirchner por el líder de la oposición cayó como un baldazo de agua fría en los círculos cercanos de Batlle y exasperó al propio mandatario. Pero el gobierno argentino no oculta su postura. “Es igualmente duro haber pronosticado que Carlos Menem iba a ser el próximo presidente; el que a hierro mata, a hierro muere”, dejó en claro días atrás el canciller Rafael Bielsa, en respuesta al jefe de Estado oriental, que en los días previos a las elecciones de 2003 en nuestro país vaticinó la llegada del tercer mandato menemista.
La buena relación entre Kirchner y Tabaré nació cuando el líder de la izquierda uruguaya fue recibido en la Casa Rosada en junio del año pasado, y el vínculo se fortaleció cuando el presidente argentino se salió de la agenda durante la Cumbre del Mercosur que se realizó en diciembre en Montevideo y mantuvo un nuevo encuentro con el candidato.
En medio de los cruces entre la Argentina y Uruguay, Vázquez evitó agitar las aguas, aunque aseguró que “se han producido desencuentros en los últimos meses, deseamos superarlos y que no vuelvan a surgir”. En el acto del jueves por la noche, fue claro: “Vamos a respetar –dijo– la Ley de Caducidad, pero vamos a exigir el cumplimiento de toda la norma, fundamentalmente el artículo 4 que dice que tenemos que conocer qué pasó con los ciudadanos presos desaparecidos, adultos y niños hasta el último, y no descansaremos hasta saber qué ha pasado con cada uno de ellos”.
El gobierno argentino se puso al frente del reclamo por el esclarecimiento de la causa Gelman, que ha chocado con las trabas del presidente Batlle, que incluyó el caso en la Ley de Caducidad, lo que impide avanzar en el esclarecimiento. La Secretaría de Derechos Humanos de la Argentina presentó en enero una querella ante su vecino oriental para que militares y policías uruguayos sean citados a declarar por la Justicia en esta causa, y el gobierno de Batlle respondió en un escrito que no aportó ningún dato relevante y dejó en claro que cualquier investigación futura debía ser en “respeto al orden jurídico interno”. “Batlle incurrió en delito de omisión, él sabe perfectamente quién mató a mi nuera”, le contestó desde México Juan Gelman en un reportaje a Página/12.
El compromiso asumido por Tabaré marca la posibilidad de dar un giro a lo que ha sido hasta ahora la investigación sobre la muerte de Irureta Goyena, que fue secuestrada con un embarazo de siete meses en agosto de 1976 y luego trasladada a Uruguay en el marco del Operativo Cóndor.