La Cámara de Diputados convirtió en ley la ampliación de la figura del arrepentido para los delitos de corrupción. La iniciativa, que había sido modificada en el Senado, fue aprobada tal como salió de la Cámara alta y por unanimidad (137 votos a favor y 0 en contra). Sin embargo, hubo 118 ausentes, en su gran mayoría del Frente para la Victoria, que al momento de la votación estaban participando del paro de mujeres realizado entre las 13 y las 14. Además de Cambiemos, la propuesta contó con el apoyo del Frente Renovador y del Bloque Justicialista, pese a que éste último había acompañado el pedido del FpV para realizar un cuarto intermedio y poder adherir a la protesta contra la violencia de género.

Después de varias idas y vueltas, y a pesar de las críticas expuestas por especialistas de distintos ámbitos, los jueces podrán finalmente utilizar la figura del arrepentido en causas de cohecho, enriquecimiento ilícito, contrabando y delitos contra la administración pública, entre otros. La ley contempla que el magistrado podrá negociar una disminución de la pena con el imputado que aporte información comprobable referida a personas con su misma responsabilidad o mayor. El proyecto aprobado inicialmente en Diputados sufrió algunas modificaciones luego de recibir una enorme cantidad de críticas en las audiencias realizadas por la Cámara alta. Juristas como León Arslanian o hasta funcionarios de Cambiemos como Ricardo Gil Lavedra habían señalado deficiencias en la redacción original. Finalmente se resolvió limitar el momento en que el imputado puede solicitar acogerse al régimen del arrepentido. Sólo podrá hacerlo hasta el cierre la etapa de instrucción y la elevación a juicio oral.

La ley precisa que el acusado solamente podrá referirse a situaciones en las que estuvo involucrado y nunca a declaraciones de terceros. También se dispone que en ningún caso el arrepentido podrá acceder a la eximición completa de prisión y sólo podrá tener una reducción del castigo si la información que brinda se encuadra en delitos tipificados con una pena igual o mayor a la suya. Los acuerdos de colaboración tendrán que ser celebrados entre el fiscal y las personas que brinden información y homologados por el juez de la causa. Este tipo de tratos, establece el proyecto, no serán aplicables a casos en los que se investiguen delitos de lesa humanidad.

Un aspecto criticado por abogados y juristas, que no fue modificado y que la ley sancionada contempla, es que se incorpora esta figura del arrepentido a una cantidad de delitos muy amplia, que excede a los del “crimen organizado”. Durante el tratamiento de ayer en Diputados, el radical Luis Petri utilizó ese argumento para defender la iniciativa. El legislador sostuvo que uno de los compromisos de Cambiemos en la campaña electoral fue “la lucha contra el crimen organizado”. “Y en ese ataque decidido necesitamos dotar al Poder Judicial de herramientas que permitan juzgar a las cabezas”, destacó Petri y señaló que “esta ley del arrepentido se orienta en esa dirección”.

Si bien al aprobarse en el Senado la iniciativa había logrado el apoyo de un sector mayoritario del bloque del PJ-FpV, algunos senadores del kirchnerismo se opusieron y alertaron sobre la poca efectividad de este instrumento, que ya estaba vigente y no había logrado resultados en casos como por ejemplo los de narcotráfico. Los legisladores kirchneristas denunciaron que el Congreso estaba respondiendo a la presión de algunos medios de comunicación, a raíz del escándalo provocado por la detención del ex funcionario José López. Finalmente, ayer, en menos de una hora y sin la presencia del FpV, el Movimiento Evita ni los partidos de izquierda, la iniciativa quedó convertida en ley.