Por A. M.

Estudió en el Liceo Militar de Mendoza, la misma institución que cobijó a su padrino político: Eduardo Bauzá. El joven abogado Nicolás Becerra fue subsecretario de la Gobernación de esa provincia a partir de 1973. Tras el golpe del ‘76 tuvo un paso como asesor de la jefatura de policía hasta que decidió volver a la actividad privada. Luego de ser diputado nacional, trabajó como secretario de Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros durante la gestión del propio Bauzá. De allí fue designado como defensor general de la Nación y, posteriormente, como procurador, cargo que ocupó ininterrumpidamente durante el segundo mandato de Menem, los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Eduardo Duhalde, y los primeros meses de Kirchner.
Quienes siguieron sus pasos coinciden en que quemó las naves del menemismo que lo encumbró cuando no tuvo más remedio que salir a respaldar al fiscal federal Carlos Stornelli. Todavía no había llegado la Alianza y Carlos Menem aún no tenía pedido de captura por el escándalo de la venta de armas a Croacia y Ecuador. Pero Stornelli ya venía pidiendo su cabeza. De regreso de Inglaterra, el ex presidente pidió que sea apartado del expediente. Los fiscales federales cerraron filas y exigieron a Becerra no sólo que desoyera al riojano sino que respaldara explícitamente a Stornelli. Y así fue.
Los representantes del ministerio público, según el artículo 120 de la Constitución “un órgano independiente que tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad”, se dividen entre quienes afirman que Becerra los dejó trabajar “con total libertad” y entre los que se quejan por las veces que recibieron “llamadas telefónicas de atención” o citaciones a la procuración para analizar la marcha de “tal o cual expediente”. De hecho, días antes del encarcelamiento de Menem, el 7 de junio de 2001, se reunieron en La Biela el principal asesor de Becerra y un juez federal.
Si bien la convivencia con la Alianza no fue conflictiva, en noviembre de 2001 Becerra se pronunció en contra de la facultad de querellar de la Oficina Anticorrupción, un organismo creado por ese gobierno.
En febrero de 1998 este diario publicó que el mendocino fue defensor de Manuel Campoy, acusado de gerenciar para la Marina y el ex almirante Massera los bienes de Victorio Cerutti y sus socios, secuestrados y asesinados en enero de 1977. Becerra lo negó.
En los últimos días fue mencionado como uno de los ex funcionarios cuyas cuentas y movimientos de fondos investiga en la Argentina el juez federal Norberto Oyarbide y la Justicia suiza. También el juez federal Juan José Galeano había librado en junio de 2001 un exhorto a la Justicia suiza para que informara si Becerra tenía cuentas en algún banco de aquel país.