El Gobierno Nacional estudia suprimir dos tendencias instauradas al final del menemismo: la concesión automática de la prisión domiciliaria a las personas que tienen más de 70 años y la existencia de lo que se consideran cárceles VIP, como son el Batallón Buenos Aires de la Gendarmería o la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal. En los últimos tiempos hubo varios incidentes con el beneficio de la prisión domiciliaria, violada entre otros por Arquímedes Puccio, el patriarca del clan de secuestradores, y el genocida Guillermo Suárez Mason. Y respecto de las prisiones VIP, se las considera un privilegio respecto de todos los demás presos que beneficia generalmente a políticos o allegados al poder como María Julia Alsogaray, Emir Yoma, o los banqueros Rohm y Beraja. Detenidos que, según lo que se estudia, corresponde que estén –con las debidas medidas de seguridad– en cárceles comunes manejadas por el Servicio Penitenciario. Las dos iniciativas del máximo nivel del Poder Ejecutivo tienen el respaldo de hombres clave de la Justicia, y el encargado de estudiarlas es el ministro Gustavo Beliz, quien delegó la tarea al secretario del área, Pablo Lanusse. Hay otra iniciativa que también parte del Ejecutivo y que se está analizando: acelerar los procesos judiciales e impedir, por ejemplo, que una causa como la del enriquecimiento de María Julia Alsogaray haya tardado nada menos que diez años en llegar a juicio (ver aparte).
La luz roja se encendió en la Casa Rosada a raíz del caso Puccio. Como se sabe, el jefe del clan familiar que secuestraba a sus amigos admitió ante una cámara oculta que salía de su casa en forma habitual. Ello fue corroborado por los vecinos. Mucho antes, Página/12 reveló que el genocida Eduardo Massera violaba la prisión domiciliaria y la semana pasada otro genocida, Suárez Mason, fue derivado al penal de Marcos Paz después de que el embajador de Ecuador admitiera que el hombre salió de su casa para festejar su cumpleaños. Tantos incidentes derivaron en que el ministro del área, Beliz, pusiera en marcha un análisis de la cuestión, en especial porque el beneficio de cumplir pena en el hogar a partir de los 70 años no rige para la mayoría de los argentinos. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no existe el tope de edad para los delitos comunes y en el complejo de Olmos hay una dependencia en la que están alojadas las personas mayores.
Sólo para mujeres
La institución de la prisión domiciliaria es una excepción que existió originalmente para mujeres. Se suponía que el marido debía tener el control social de la esposa y por lo tanto, por cuestiones de edad o de enfermedad, se le permitía cumplir pena en su casa, bajo la responsabilidad del esposo. Posteriormente, la excepción se amplió a personas con enfermedades terminales. “Se consideraba que ya bastante condena era tener una enfermedad grave y se otorgó un beneficio que se traducía en la siguiente frase: que tenga el derecho de morir en su casa”, le explicó a este diario un camarista penal. Una leve modificación a los criterios generales se produjo después: se otorgaba la prisión domiciliaria a quienes habían pasado cierta edad –aproximadamente 70– y además sufrían trastornos –por ejemplo, no podían caminar– y enfermedades serias.
Así estaban las cosas hasta antes del menemismo. El 3 de octubre de 1997, Carlos Menem, el entonces jefe de Gabinete Jorge Rodríguez y el ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo firmaron un decreto llamativo, que en principio aparecía destinado a enumerar los parámetros que debía tener un enfermo de sida para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, en el propio artículo 1 del decreto 1058 se establece que “seis meses antes de que el interno cumpla setenta años de edad, el servicio social del establecimiento penitenciario le informará los trámites que deberá realizar para acceder a la prisión domiciliaria”. El artículo 2 define lo que es una enfermedad terminal y el artículo 3 enumera la patología marcadora de sida que debe tener el preso para ser considerado terminal. O sea que en el marco de un decreto sobre los enfermos de HIV se introdujo la norma de que basta cumplir 70 años para acceder a la prisión en casa. “Es un decreto que fue hecho a medida para el propio Menem y eventualmente para otros funcionarios de su gobierno. Por supuesto que él mismo se benefició cumpliendo arresto en la quinta de Don Torcuato”, dicen en Tribunales.
Como la ley prevé que la prisión domiciliaria debe ser otorgada por los jueces, en la práctica sucede que el beneficio rige para los ex funcionarios e incluso represores a los que, curiosamente, no se considera peligrosos. En cambio, en el terreno de los delitos comunes aparece una distinción de clase: suele denegarse el beneficio a quienes cometieron delitos comunes –homicidios, robos a mano armada, secuestros– y son de escasos recursos, mientras que el secuestrador con cierta fortuna –como el caso de Puccio– lo consigue.
Aunque todavía no se conoce si se va a derogar directamente o se van a realizar cambios en el régimen de prisión domiciliaria, parece obvio que se tomará en cuenta el delito que cometió la persona y el objetivo es terminar con los privilegios de los que han gozado genocidas, funcionarios corruptos y delincuentes VIP.
Elegir cárcel
El segundo aspecto que está estudiando el Gobierno tiene que ver con la proliferación de cárceles preferenciales, un fenómeno que también surgió en el ocaso del menemismo. Las fuerzas de seguridad –la Gendarmería, la Policía Federal– y el Ejército empezaron a albergar presos VIP. En el caso de la Federal, se trata de la Unidad Antiterrorista y el objetivo era crear un lugar seguro para personas imputadas en delitos que tienen que ver con el crimen organizado, esencialmente el terrorismo y el narcotráfico. Pero hoy en día, en la DUIA están por ejemplo María Julia Alsogaray y Rubén Beraja, que no tienen nada que ver con terrorismo ni narcotráfico. Hay dos unidades de la Gendarmería, una en el puerto porteño y la otra en Campo de Mayo, donde también se han acomodado presos VIP, entre ellos Emir Yoma, los demás detenidos en la causa Armas, represores como El Tigre Acosta y estafadores de distinta laya. En general, se trata de cárceles con menos de veinte presos, celdas que se parecen mucho a habitaciones y que son individuales, regímenes mucho más livianos de visita y la posibilidad de instalar la computadora, el teléfono y una pequeña oficina propia. Se trata de una situación que sería bueno que la tuvieran todos los presos, pero lo cierto es que la tiene un grupo muy selecto.
“El sistema tiene mucho de espíritu mafioso –explica otro integrante de un tribunal oral–. Tal vez tenga que ver con que el primer preso del menemismo, Mario Caserta, estuvo destinado en una cárcel común y se le exigía que mantuviera la boca cerrada, costara lo que costare. Las cárceles VIP son una forma de convencer al corrupto de que no hable: ‘Vos no hablás y nosotros te aseguramos un lugar bastante potable para estar preso mientras logramos sacarte’.”
“Originariamente en Gendarmería y Policía Federal había lugares para la detención de los propios integrantes de las fuerzas. Después, eran lugares muy provisorios de detenidos que debían ir al día siguiente a Tribunales y no había lugar en la Alcaldía de Tribunales. En tiempos de Menem eso cambió totalmente: funcionarios, políticos y otros presos que quedaron alojados allí durante mucho tiempo, incluso años. Lo que corresponde es que, como cualquier preso, pasen a estar bajo la órbita del Servicio Penitenciario y en cárceles normales”, explicó una alta fuente judicial.
Un ejemplo curioso es el que ocurrió con la banda de narcos que supuestamente traficaba drogas hacia Israel. El rabino Menachem Mendel, que fue dejado en libertad por falta de mérito, estuvo alojado en laPolicía Federal; un imputado israelí que carga con las mayores acusaciones, Michael Schvili, está en la Gendarmería, mientras que el detenido argentino Patricio Cires fue llevado al Pabellón 12 de Villa Devoto donde, según denunció su abogado, Claudio Lifschitz, sufrió distintos vejámenes.
Todas las cárceles deberían ser limpias, sanas y seguras, pero lo concreto es que no lo son, y el menemismo instaló un régimen de privilegio a su medida, apoyándose en algunos argumentos que, según consideran altos funcionarios judiciales, no se sostienen. En primer lugar, se alega que no hay lugar en las cárceles comunes, cuando esta misma semana se dio el caso de Suárez Mason, a quien le encontraron sitio en Marcos Paz. El segundo argumento es el de la seguridad: algunos de estos detenidos VIP corren el peligro de ser atacados por otros presos. Como es obvio, es responsabilidad del Servicio Penitenciario garantizar la seguridad de todos los detenidos, y como sucede con Carlos Telleldín en Devoto y antes con Enrique Gorriarán Merlo en el mismo penal, se consideró que podían ser atacados y fueron alojados en pabellones donde el control es mayor.
No son pocos los que consideran que alrededor del sistema de lugares preferenciales de detención gira un negocio en el que se mezclan jueces, abogados e imputados. En otras palabras, que muchas veces el privilegio se paga o es fruto de favores recibidos o va a cambio de promesas de favores. Esto es justamente lo que está estudiando el Gobierno, y debe tenerse en cuenta que para cambiar ese estado de cosas no hacen falta medidas demasiado complicadas: la Federal y la Gendarmería están bajo la órbita del Ejecutivo y lo que se requiere, antes que nada, es una decisión política.