Por R. K.

Antes de mitad de año se realizará el juicio oral en la causa por enriquecimiento ilícito contra María Julia Alsogaray. Lo insólito es que ese expediente –que instruyó el polémico juez Juan José Galeano– se inició en julio de 1994; recién después de diez años habrá un primer fallo sobre el caso. Lo mismo sucede en otros expedientes relacionados con corrupción y otros delitos, por lo que el PE resolvió estudiar la situación y preparar un proyecto para acortar los procesos judiciales. Quienes trabajan en el nuevo plan son el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y el secretario de Justicia, Pablo Lanusse.
“Mire, una de las iniciativas de este gobierno es la recuperación de activos –explicó a Página/12 un alto funcionario del Ejecutivo–. Si un funcionario se robó dos millones de dólares, el Estado recupere ese dinero. ¿Qué está pasando? Como los expedientes se demoran, pasan los años y nos chocamos con una pared: las causas están prescriptas en el terreno civil. Es decir que al funcionario la Justicia por ahí lo mete en la cárcel, pero económicamente no se le puede reclamar nada. Ese es uno de los argumentos por los que tenemos que lograr que se aceleren los procesos.”
En los tribunales, un camarista manifiesta su acuerdo con esta iniciativa: “Nosotros les estamos diciendo a los jueces que eleven las causas a juicio oral, que la instrucción no se puede extender una década. También necesitamos una policía judicial y financiera. Los embargos, por ejemplo, son un chiste. Cuando ordenamos un embargo, el imputado ya se desprendió de todo. Una policía financiera de entrada tendría un diagnóstico de con qué cuenta el imputado, con qué se lo compró, de dónde se mueven los fondos”.
Una mirada a las causas contra los funcionarios deja toda la impresión de que, salvo excepciones, no hubo la menor voluntad de avanzar con rapidez. La estrategia fue demorar y demorar. Contra eso está por salir el Ejecutivo: una serie de normas que aceleren los procesos judiciales y permitan que el Estado recupere lo que le robaron antes de prescribir.