El presidente Mauricio Macri embistió como un toro contra las instituciones en los primeros meses del mandato. Tentemos un repaso, solo de lo esencial.

- Milagro Sala fue encarcelada sin que mediaran condenas ni siquiera procesamiento. La segunda “falla” se rectificó amañando cargos. La militante social sigue presa, por directiva del gobernador jujeño Gerardo Morales, radical de Cambiemos.

- La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, emitió un Protocolo antidisturbios para desalentar (y en el visible borde reprimir) a la protesta callejera. Esta acción venía en combo con la detención de Sala para amedrentar a militantes populares.

- La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue derogada en lo sustancial por un Decreto de Necesidad y Urgencia en cuestión de días y sin debate público alguno.

- Se designó mediante decreto a dos jueces de la Corte Suprema, en comisión hasta vaya a saberse cuándo. La medida fue resistida hasta por el ala más transigente de los legisladores peronistas filo amarillos. Se suspendió y se optó por la vía legal porque no cabía otra.

- Comenzó el operativo para expulsar de modo inconstitucional a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó.

Las acciones se pusieron en práctica, la de la Corte fue frenada.

En paralelo, el Gobierno era ensalzado por el Commonwealth macrista: medios dominantes, académicos e intelectuales orgánicos, ONGs que empezaron a militar en el oficialismo y sumarse al equipazo, empresarios devenidos gurúes de la institucionalidad.

La nueva legalidad de derechas se expandió al sector público en el que se despidieron empleados que tenían estabilidad o protección por leyes especiales. La policía disparó balas de goma a quienes cuestionaban la movida y reivindicaban sus derechos.

La ofensiva fue una demostración de fuerza que se completaba, en juego de pinzas, con la ofensiva judicial contra funcionarios de la gestión anterior, con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como blanco principal. “Cristina presa” pasó a ser la consigna de la nueva etapa de paz, diálogo y compromiso democrático.

La innovadora legalidad de la derecha moderna parecía irrefrenable. En ese contexto, fijar exorbitantes aumentos de tarifas de servicios públicos sin detenerse en enojosos requisitos normativos parecía un juego de niños. Era, además, un ejercicio de coherencia.

En menos de once meses de gestión, muchas de esas jugadas acicatearon reacciones, rechazos, fueron resistidas en movilizaciones cada vez más frecuentes y masivas.

A fines de octubre, el macrismo aceleró su segunda ola anti institucional, calculando que el Congreso la convalidaría. No le está saliendo del todo (aunque Macri y su equipazo no se rinden): los reveses transitorios en el Parlamento fueron la comidilla de los quinchos políticos.

Los análisis más extendidos subrayan las derrotas del Gobierno sin reparar tanto en el contenido de sus proyectos, todos nocivos para la calidad institucional.

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La ley Gils Carbó: El derrocamiento inconstitucional y de prepo de Gils Carbó es prioridad para el macrismo. En el proyecto de ley respectivo se mecharon discusiones banales (¿mandato de cinco años o de siete?... para una funcionaria vitalicia), camuflaje que no engañaba a nadie.

El Ejecutivo y los bloques legislativos del Frente Renovador (FR) se cebaron y agregaron un paquete de novedades ilegales con la manifiesta intención de invadir competencias ajenas, manejar fiscales a su antojo, presionar y exorbitar sus funciones. Constituían un avance de dos poderes del Estado sobre el Ministerio Público.

La joint venture entre el oficialismo y la opo tibia contrarió a muchos de sus aliados. Empezando por fiscales de todo pelaje ideológico, Asociaciones de Magistrados ídem, académicos.

La diputada Elisa Carrió puso un grito en el cielo, a su manera. Quiere defenestrar e injuriar a la Procuradora General pero no merced a una ley impresentable sino en base a un juicio político amañado.

El ministro de Justicia Germán Garavano, espías mano de obra ocupada o no y periodistas serviciales empezaron ya a inventar acusaciones, uno de los hobbies de la era M.

Algunos se publicaron en papel o emitieron por radio o tele: los ataques a familiares son uno de los rebusques favoritos de los adalides de la República.

La norma proyectada era y es una barbaridad. Una condena sin juicio previo, resuelta por el Congreso, too much. Sin apoyos suficientes, el Gobierno retrocedió, de momento.

Se chimenta que Ricardo Gil Lavedra y Jorge Vanossi están pergeñando una nueva versión, tan capciosa como la original pero (acaso) algo más sutil. Gil Lavedra tiene pergaminos valiosos, es una pena que su militancia delarruista lo lleve por mal camino. A Vanossi se lo apoda “Vanidossi” aún entre sus correligionarios. Retocar el apellido contraría la ley, aunque hay que convenir que el mote resultante es riguroso.

El papelón jurídico suscitó una mini interna en Cambiemos: Carrió versus resto de la coalición. En el FR también se dividieron las aguas: su líder, el diputado Sergio Massa, se solazó con el embate. Su mejor espada parlamentaria, la diputada Graciela Camaño, tomó la bandera. El ex Jefe de Gabinete Alberto Fernández, abogado con más versación jurídica que sus dos compañeros de ruta juntos, explicó bien por qué es un disparate el proyecto de ley Gils Carbó. Cuando Carrió desarmó el operativo, Massa y Camaño fingieron demencia y abandonaron la cruzada. Seguramente su gran aliado, el fiscal del Opus Dei Guillermo Marijuán, habrá masticado bronca. Es uno de los auto inscriptos para suplir a la Procuradora. El casting es disputado y congruente: también hay anotados hombres de derecho menemistas, fiscales desacreditados.

El cuadro de situación induce a pensar que el macrismo no conseguiría hoy las mayorías agravadas que exige el juicio político. Si se aventura será clave la postura del misceláneo bloque de senadores del Frente para la Victoria (FpV). Su titular, Miguel Pichetto, respetaba a Gils Carbó hace muy poco y la defendió verbalmente en los pininos de la administración M. Pero “Miguel” es sugestionable, por decirlo con un eufemismo.

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El chip de la discordia: El llamado “voto electrónico” también encuentra reparos en el Senado. Los argumentos distan de ser novedosos, la experiencia comparada aconseja no aplicar esa metodología, perforable por hackers, que dificulta la fiscalización por ciudadanos de a pie. Parte de los cuestionamientos se publicaron en esta columna hace más de un año Página/12, www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-73611-2015-07-19.html Las discusiones del proyecto añadieron muchos datos en contra y muy contados a favor.

El texto con sanción de Diputados es un rompecabezas lleno de parches. En el Senado, como se adelantó en varias notas desde este diario y en este mismo espacio una semana atrás, el FpV aspira a imponer una carrada de reformas que harían menos turbio y disfuncional el nuevo sistema.

El escrutinio provisorio al cierre de la jornada se haría contando papeles impresos, destreza accesible para casi todas las personas y no reservada a una elite con saberes informáticos.

Se sigue debatiendo si habrá chips muy recusados por los especialistas en sistemas. Y muy costosos, lo que aviva suspicacias acerca de los móviles del gobierno para porfiar tanto en una herramienta que puede suplirse por otras, por ejemplo, un código QR.

El oficialismo, todo lo indica, aceptaría esas reformas si el proyecto regresa a Diputados por no contar con las mayorías necesarias para imponer su proyecto. Un enigma pendiente se develará el año que viene: ¿podrá un gobierno lento e ineficaz en casi todo implementar el sistema nuevo en todo el país? Las experiencias anteriores, en provincias argentinas o en otros países, fueron más paulatinas.

Acusar al oficialismo de tentativa de fraude sería caer en sus propios vicios: culpar a priori. Sí es seguro que los sistemas informáticos son vulnerables, por móviles políticos o de cualquier otro tipo. Y que el régimen electoral argentino es razonablemente bueno: sufragio universal y obligatorio, ciudadanxs fiscalizando la votación y escrutando. En el ámbito nacional ha habido pocas denuncias relevantes sobre fraude en 33 años, muchas menos que en Estados Unidos donde se truchó la elección del presidente George W. Bush y el voto voluntario acentúa las desigualdades sociales. Precaver vicios como el robo de boletas es positivo pero es riesgoso desbaratar un sistema que funciona en nombre de avances tecnológicos ficticios.

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La sombra menemista: El proyecto PPP (Participación Pública Privada) evoca a la “ley Dromi” dictada por el menemismo, tipifica un importante columnista económico de Clarín. A confesión de parte, relevo de prueba.

Se intenta relajar controles, facilitar licitaciones sin concursos ni auditorías, promover negocios directos entre el Estado (siempre mediado por el Gobierno del momento) y los particulares.

PPP parecía contar con el aval del FR que cambió de parecer y dejó al oficialismo pedaleando en el aire. El proyecto volvió a Comisiones, desde el recinto. No quedó tan herido como la ley Gils Carbó ni tan en jaque como el voto electrónico pero retrocedió cuatro casilleros.

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Con la caja todo va mejor: El Presupuesto hacer sudar tinta a los operadores parlamentarios de Cambiemos. Lo más factible es que se apruebe, tras realizar concesiones a las gobernadores opositores: abrir más la bolsa de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) para las provincias y acotando los “superpoderes” para reasignar partidas.

El Ejecutivo maneja la “caja” con cierta destreza y mano firme. Es diestro en ese juego de toma y daca.

Macri firmó un acuerdo con el gobernador cordobés Juan Schiaretti resolviendo (se supone) el conflicto por las transferencia de la Caja de jubilaciones. Ambos sonrieron para la foto, intercambiaron adulaciones y despotricaron contra las administraciones nacionales del FpV. Los spots publicitarios del día después en Córdoba, de tan encomiásticos para Macri, hubieran hecho sonrojar al asesor M Jaime Durán Barba que es más sutil.

Como compensación por los tropiezos institucionales, esos consuelos saben a poco. Sobre todo porque el Grupo de Trabajo sobre la detención de personas de las Naciones Unidas calificó como arbitraria la detención de Milagro Sala.

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No fue magia: La ONU requirió al Estado argentino la liberación inmediata de la dirigente y reclamó una reparación por el largo plazo de encarcelamiento más una investigación por la violación de derechos.

El Secretario Derechos Humanos, Claudio Avruj, quiso menoscabar la resolución definiéndola como “no vinculante”. O falsea los hechos o ignora su alcance o las dos cosas. La decisión interpela al estado nacional, impidiendo que el Gobierno se escude en el federalismo (“es un tema provincial”) o en que es un asunto “de la justicia”.

El Gobierno cuenta con un plazo para responder el requerimiento que lo deja muy mal parado en la comunidad internacional. La canciller Susana Malcorra, que compitió sin éxito para ser Secretaria General de la ONU, debería asesorar debidamente al presidente. Sobre todo porque la Argentina es la punta de lanza del Departamento de Estado en la ofensiva contra el gobierno de Venezuela por violaciones de derechos humanos. Con una líder de la oposición social presa por motivos políticos la conducta se asemeja demasiado a ver la paja en el ojo ajeno.

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