El ex jefe de Gabinete de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, negó su participación directa en la causa que busca dilucidar si se “encubrían gastos” autorizados con su firma en perjuicio de la administración pública provincial, más conocido como el caso por las facturas truchas.

Pérez resaltó en su declaración que “no tenía la potestad ni la capacidad” para determinar si esos comprobantes eran falsos “ya que daba por hecho que eso lo observaban los funcionarios competentes”.

El ex funcionario prestó declaración durante tres horas ante el fiscal Alvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11, de La Plata, y acompañado por su asesor letrado Javier Percow explicó las funciones de la jefatura de Gabinete y luego dio precisiones sobre cómo se realizaban los pagos de los eventos en su organismo.

El ex jefe de Gabinete durante la gobernación de Daniel Scioli declaró como imputado en una investigación por presuntas maniobras destinadas a “encubrir gastos”, que eran autorizados con su firma, y que supondrían irregularidades en 25 hechos por 10 millones 720 mil 347 pesos en perjuicio de la administración pública provincial.

Por su parte, Garganta también convocó por la misma causa para el próximo miércoles a Walter Carbone, ex funcionario de la jefatura de Gabinete, cuya mansión del country Abril resultó allanada en un procedimiento que incluyó el secuestro de una escultura que representaba la figura de un dragón alado que en su interior contenía una caja fuerte, aunque éste pidió a la Justicia este lunes que postergue su indagatoria.

Una fuente judicial confirmó a que “Carbone pidió que se postergue su declaración para dentro de 15 días porque su abogado defensor se encuentra en el exterior”. La fuente también confirmó que la contadora Sandra Alicia Mamberti y la empleada Mónica Ripamonti, que debían declarar el jueves y viernes próximo, respectivamente, “pidieron también se postergue su indagatoria para reunir la documentación que deben presentar al fiscal”.

Garganta sostuvo en la resolución que permitió la indagatoria de Pérez, que “existen elementos suficientes para tener por acreditado que entre los años 2014 y 2015”, Pérez y Carbone “sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10 millones 720 mil 347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”.