Desde hace dos semanas la causa ANSeS se ha trasformado en una pesadilla para la cabeza del gobierno de Santiago del Estero. El viejo caudillo Carlos Juárez viajó a Buenos Aires hace diez días para buscar algún aliado en la Rosada que frenara la denuncia lanzada por la administración nacional contra 29 funcionarios, jueces, diputados y policías por más de 20 millones de pesos. Pero sobre todo viajó para detener la avanzada que podría llevarse de la mano a su mujer, Mercedes “Nina” Aragonés de Juárez, gobernadora de la provincia y denunciada en la causa como coautora de una defraudación de más de medio millón de pesos. La gestión del caudillo no dio resultados en Buenos Aires ni detuvo la investigación que acaba de terminar la fiscalía federal de la provincia. Si el juez la acepta, el resquebrajado cuerpo de legisladores provinciales deberá concederle el desafuero a la jefa espiritual y política del gran feudo y Nina tendrá que sentarse en el banquillo de acusados.
La causa abierta por la ANSeS podría convertirse en un buen comienzo para el libro que retrate el proceso de resquebrajamiento político en una provincia controlada desde 1949 por el caudillo Carlos Juárez. Aunque la denuncia original no es nueva sino de octubre de 2002, terminó explotando hace dos semanas. En ese momento, el jefe santiagueño de la ANSeS depositó en el juzgado federal de Santiago el resultado caliente de un informe de la administración central con los nombres de los funcionarios involucrados y el detalle de los montos de la presunta defraudación millonaria. Por ese solo hecho, Juan Manuel Baracat recibió en su despacho la visita del secretario de gobierno de Santiago, varios llamados del caudillo Juárez y, finalmente, los gritos de la gobernadora: le exigía sin sutilezas que frenara la denuncia y la hecatombe política que seguiría. El episodio generó un escándalo nacional, una denuncia contra la jefa política por coacción agravada, pero sobre todo profundizó el proceso de crisis política que agita a la provincia.
Desde entonces las derivaciones del escándalo y los efectos de la crisis taparon el fondo del tema: la investigación sobre el presunto fraude a la administración pública que estaba haciendo la fiscalía de Santiago. Mientras todo el mundo discutía si Nina Juárez y sus alfiles deberían o no devolver los fondos a la administración nacional, una fuente de la fiscalía de Indiana Garzón le aseguraba a este diario que tal devolución no invalidaba la acusación por fraude. Ese es el resultado más importante del abultado dictamen de 32 páginas.
La causa
La causa original comenzó el 21 de agosto de 2003 por una denuncia de Diego Rodríguez, un ciudadano santiagueño amenazado por el gobierno y protegido por el Obispado de Santiago. El trámite estuvo en el juzgado federal de María Servini de Cubría hasta casi un año más tarde: el 21 de agosto de 2003 Servini se pronunció incompetente y trasladó el expediente a la justicia federal santiagueña. Antes de despedirse de la causa le dio intervención a la División Investigaciones Especiales de la Administración Nacional de Seguridad Social a cargo de Isabel Lovrincevich.
Los hechos denunciados eran un cóctel tremendo. Alcanzaban a los funcionarios locales del ANSeS por graves irregularidades e involucraban a “miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial por cobro de sueldos activos y pasivos y evasión de cargas sociales por parte del Gobierno provincial, en perjuicio de la Administración Nacional de la Seguridad Social”.
En la lista de beneficiarios del fraude están, de hecho, los nombres de personajes medulares de la estructura política del juarismo. Nombres que hasta hace un año formaban parte del staff político, judicial y policial, y que durante estos últimos meses han alcanzado las tapas de los medios nacionales por la cercanía que tuvieron con distintos tipos de denuncias. Entre ellos está, por ejemplo, el archidenunciado ex comisario Musa Azar,ahora procesado por el doble crimen de La Dársena. Pero también se encuentra Antonio Orpi, denunciado por los organismos de derechos humanos por su actividad durante la dictadura. Y José Antonio Uñates, uno de los jueces del Crimen de Santiago. Según la denuncia “percibía además de su remuneración como magistrado, una jubilación derivada de su carácter de ex policía de la provincia”.
Los 29 denunciados percibían un beneficio provisional y un monto de haber activo. El dictamen de la fiscalía de Garzón llega a esa conclusión después de analizar el veredicto del ANSeS que analizó un intrincado mapa de leyes provinciales y normativas jurídicas.
El marco jurídico contempla la ley provincial 4558 de régimen de jubilaciones especiales, las modificaciones introducidas por la ley 5641 de Retiros Voluntarios para los funcionarios públicos nombrados por mandato popular o de modo indirecto en el ejecutivo o en la Magistratura Judicial.
También toma en cuenta un análisis del ANSeS sobre un convenio de 1995 entre la provincia y la Nación de trasferencia de las obligaciones de pago provisional de las jubilaciones y pensiones. Y la incorporación del personal activo de la provincia al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Esta serie de normas, según el ANSeS, “establecía expresamente la incompatibilidad entre la percepción del beneficiario provisional, cualquiera sea el ámbito de otorgamiento (nacional, provincial o municipal) y el ejercicio de la actividad remunerada en la provincia”. También cita una ley provincial del .94 que prescribe expresamente “la incompatibilidad entre la percepción de un beneficio provisional y el ejercicio de la actividad remunerada en el ámbito de la administración pública nacional”.
El caso Nina Juárez
El caso de la gobernadora es más complicado. La fiscalía retomó en su investigación la línea de análisis de la ANSeS. Con esos datos pidió su imputación como autora del supuesto fraude porque habría cobrado su sueldo como funcionaria provincial y nacional y además un beneficio jubilatorio probado desde 1994.
Según los papeles, Nina Juárez es titular del beneficio jubilatorio N 18-0-1010262 con alta en el año 1984. Percibió un haber de 3.500 pesos que está vigente hasta la fecha. Además, tuvo un aporte por el Gobierno de la Provincia hasta diciembre de 2002 sobre un haber de $3.333,79.
La ANSeS encontró que la jefa política de Santiago no cumplió ninguna función pública sólo entre diciembre de 2001 y octubre de 2002. Aún así, el perjuicio fiscal contra la administración “en el período comprendido entre julio de 1994 y diciembre de 2003 habría sido 505.717,99 pesos”. El corte de 1994 como fecha de partida obedece simplemente a un problema de sistemas. Aunque Nina Juárez habría comenzado a recibir su jubilación en 1984, la ANSeS comenzó a almacenar los datos diez años después a partir del Convenio de Trasferencia con la provincia.
Con estos datos en mente, Carlos Juárez viajó a Buenos Aires hace más de una semana para reunirse con el ministro del Interior, Aníbal Fernández. En ese encuentro le pidió una mediación en la causa. Aunque Fernández rechazó el convite aceptó trasformarse en el correo con la Administración nacional de la ANSeS. Juárez le pidió que les entregue un decreto que, supuestamente, respondería la denuncia en cuestión. El decreto en realidad es la renuncia formal que hizo la gobernadora a sus haberes jubilatorios cuando asumió su último mandato. Pero para la ANSeS, el documento no serviría para desestimar los cargos contra ella. De acuerdo al dictamen elaborado por la fiscalía, Nina Juárez siguió recibiendo el beneficio hasta diciembre de 2003.
Para explicar qué sucedió en el medio y para comprender las responsabilidades que podría tener la funcionaria provincial en este asunto, la fiscalía de Indiana Garzón se encargó de investigar y denunciarlas actuaciones que tuvieron los delegados santiagueños del ANSeS, hoy retirados de sus cargos. Aunque no menciona particularmente a la gobernadora, la fiscal indica: “En aquellos casos en los que se ha procedido a notificar a la administración pública del ingreso a una actividad remunerada, la maniobra defraudatoria contó (además) con la participación necesaria de agentes y funcionarios del ANSES, sin cuya colaboración, la administración nunca habría liquidado a favor de aquellos el beneficio previsional”.
Precisamente, continua el dictamen, “el objeto del ardid de la maniobra consistió en la notificación en cuestión”. Para Garzón, los funcionarios denunciados por el fraude que en alguna ocasión dieron aviso al ANSeS de que estaban cobrando por dos vías enviaban las notificaciones porque tenían “aseguradas su inocuidad por parte de la agencia local de la ANSeS”. La “maniobra” así planteada, tal como la define la fiscal, era “más difícil de detectar que el simple silencio en la denuncia de incompatibilidad o el delito de falsedad ideológica en una declaración jurada”. Una operación “estafatoria” que contaba con beneficiarios que “formaron parte del plan mismo del estafador”.
Este andamiaje donde unos simulaban darle aviso a la ANSeS y el ANSeS no les daba de baja el beneficio, no sólo les permitía seguir cobrando los sueldos. Formaba parte, además, de una estrategia de defensa que pondrían en marcha si algún día, tal como sucedió, se denunciaba la estafa. “El accionar de la ANSeS –dice la fiscal– les permitió a los denunciados abrir un camino de defensa-impunidad frente a una eventual imputación por el cobro que se sabía ilícito”. Y agrega: “Mal podría reprochársele el ocultamiento de una incompatibilidad a alguien que previamente notifica de ello al organismo encargado de fiscalizar y autorizar los pagos”.
Pese a ello, la causa tiene elementos de peso que le permitieron encontrar las pruebas para uno de los párrafos más duros de la imputación: “La comunicación por parte de los autores pone de resalto su conducta dolosa porque demuestra que siempre supieron y conocieron de la imposibilidad legalmente establecida para la coexistencia de un beneficio y de un ingreso”. Y sobre los funcionarios de la ANSeS local advierte que su “acción o inacción permitió que las notificaciones cursadas no hayan logrado suspender o impedir las liquidaciones efectuadas sobre el beneficio previsional, haciendo incurrir en error a la ANSES, y causando perjuicio patrimonial a la Administración Pública Nacional, todo ello a sabiendas de la incompatibilidad denunciada en la notificación y con la intención de beneficiarse económicamente”.
La imputación y el epílogo
Para la fiscalía .los hechos analizados corresponde a una sola maniobra en la que hubo etapas de actuación y división de funciones, pero una misma finalidad ilícita, por lo que corresponde, que tanto los denunciados como los funcionarios del ANSES sean imputados del delito de defraudación contra la administración pública nacional..
La primera parte del dictamen concluye con una invitación para el juez federal: le pide que cite para una indagatoria a .todos los encartados.. Si Toledo acepta, en los próximos días su despacho se trasformará en uno de los lugares más concurridos de Santiago del Estero. Entre quienes desfilarán podría estar la gobernadora. En ese momento y de acuerdo a la información del juzgado, Nina Juárez tendrá dos opciones: presentarse voluntariamente o no hacerlo. Si no lo hace, Toledo deberá obligarla a presentarse con la intervención de una comisión policial. Para eso necesita el desafuero, un trámite que está únicamente en manos de la Legislatura. Y allí el juarismo acaba de perder buena parte de su bloque.