Aunque el delito que se les imputa es excarcelable, seis piqueteros –entre ellos José “Pepino” Fernández– y dos estudiantes universitarios permanecen detenidos en Salta desde la madrugada del viernes. Se los acusa de “entorpecimiento al transporte terrestre contra Refinor SA”, una figura penal que existe en el Código Penal, por acampar frente a las instalaciones de la refinería Refinor. Esa empresa fue comprada por el grupo Petrobrás. Siete de los ocho están recluidos en la comisaría número 42 de Salta, incomunicados, mientras que uno de ellos –José Galván, de 20 años, jujeño, estudiante de Comunicación Social– fue apartado del resto y detenido en el destacamento policial de Villa Güemes. Comparte una celda de 1,80 por 1,80 con dos presos comunes, como castigo. La abogada de los manifestantes, Mara Puntano, presentó un pedido de excarcelación que deberá resolver mañana el fiscal, Oscar Troset.
La protesta que encabeza Pepino Fernández, líder de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, tiene como reclamo central el pedido de cumplimiento del pago de 39.500 pesos como indemnización a los ex trabajadores de YPF. Durante la gestión de Eduardo Duhalde, el Gobierno bajó por decreto el monto que debían cobrar los ex empleados de la compañía estatal. Lo fijó en 23.728 pesos. Pepino Fernández y un grupo de ex trabajadores de YPF se oponen y por eso iniciaron una protesta que consistía en impedir el ingreso y egreso de los camiones que retiran el combustible de la refinería. En esa planta, ubicada en la localidad de Campo Durán, se realiza el procesamiento del crudo y sus derivados.
Por decisión del juez de instrucción número 2 de Salta, Ricardo Martoccia, la guardia de infantería de la policía salteña sorprendió a los manifestantes el viernes último a las dos de la mañana. Aparecieron cincuenta policías sin identificación, en cuatro camionetas de la comisaría 42ª de Salta, y se llevaron detenidas a once personas. Durante el operativo, a los hombres –había tres mujeres que participaban de la protesta– se les tapó la cabeza con remeras y fueron arrojados sobre la parte trasera de los vehículos. Al momento de la detención, la policía no mostró ninguna orden de desalojo. Tampoco se presentó para pedirles a los piqueteros que levantaran la protesta para evitar la represión. Directamente actuó.