Los movimientos de desocupados desplegarán hoy una jornada de protesta nacional. Anuncian 107 cortes de rutas y puentes. Ayer, en la víspera, el foco de atención giró en torno a hipotéticos hechos de violencia que podrían generarse. Pero tanto los funcionarios como los organizadores de la protesta nacional se encargaron de prometer tranquilidad. En la provincia de Buenos Aires, los piqueteros deberán afrontar las restricciones impuestas por el juez federal de La Plata, Adolfo Ziulu, quien ordenó garantizar la libre circulación en la autopista Buenos Aires-La Plata. Si bien el gobernador Felipe Solá dijo que cumplirá “a rajatabla la orden judicial”, su ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, bajó los decibeles y expresó que se “garantizará la paz social porque nosotros somos un gobierno popular”.
“No habrá represión”, repitieron desde el gobierno nacional durante todo el día. Y las instrucciones que se dieron a las fuerzas de seguridad van en igual sentido (ver página 8).“No iremos al choque ni responderemos provocaciones”, fueron las palabras de los dirigentes del Bloque Piquetero Nacional. Si bien las promesas de uno y otro lado parecen indicar que durante la jornada de hoy no habrá hechos violentos, la semana de debate en torno a la forma en que los desocupados hacen oír sus reclamos, las agresiones contra un taxista en la Avenida 9 de Julio el viernes pasado y algunas de las declaraciones de los protagonistas dejan margen a la duda.
El líder del Polo Obrero, Néstor Pitrola, sostuvo que “siempre que hay disposición de tropas hay un peligro inminente de represión, así que nuestro reclamo al Gobierno es que no envíe las tropas. La protesta va a ser pacífica”. Si bien los funcionarios no detallaron públicamente cómo será el operativo y sólo explicaron que “va a haber una cantidad de efectivos racional, no intimidante ni represiva”, el subsecretario de Seguridad Interior, José María Campagnoli, se encargó de destacar que los ciudadanos podrán circular normalmente porque “se garantizarán vías de tránsito alternativas y la seguridad de las personas”.
La voz del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, también se sumó al cruce de ayer. El funcionario reiteró que los piqueteros deben “darse cuenta del nivel de rechazo social que están experimentando. Esperamos que nada pase, que haya tranquilidad y confiamos que tengan presente la soledad en que han quedado”. Pitrola le respondió con números: “Ya tenemos confirmados 107 cortes en todo el país, lo que demuestra el éxito de la protesta. Calculamos que se manifestarán más de 50 mil personas”.
Gustavo Giménez, del MST Teresa Vive, relacionó el clima de esta semana con el que se vivió los días previos al atentado del último 20 de diciembre en Plaza de Mayo. “Estamos soportando una presión de parte del Gobierno que puede tener consecuencias. La campaña antipiquetera del año pasado derivó en la bomba que dejó más de 20 heridos. Este tipo de climas son peligrosos porque favorecen a esas situaciones”, destacó.
Un capítulo aparte se vivió en la provincia de Buenos Aires. Allí la situación se tornó diferente a partir de que el juez Ziulu le pidió al gobierno bonaerense que garantice el derecho a la libre circulación por las rutas. El magistrado hizo lugar a un pedido de la empresa Coviares SA, concesionaria de la autopista La Plata-Buenos Aires, una de las cuatro vías de acceso que cortarán los piqueteros (ver recuadro). Aunque el gobernador Solá anticipó que hará “cumplir a rajatabla” la indicación del juez, el dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Ovidio Pepe, advirtió que cortarán “igual” esa autopista. “Veremos si es cierto que el Gobierno no va a reprimir, tal como dice”, desafió.
Según explicaron las agrupaciones, las medidas internas de seguridad que implementarán no serán diferentes a las que toman comúnmente en otras manifestaciones. “Tendremos una organización muy cuidadosa para que no haya provocaciones ni infiltraciones y todo se desarrolle en orden. Las medidas son las mismas aunque quizá más profundas, porque no queremos que haya incidentes y queremos cuidar a nuestras familias”, detalló Giménez.
El debate entre los funcionarios y los piqueteros pareció opacar el objetivo del reclamo. Los desocupados cortarán hoy las rutas y los puentes del país para oponerse a la ley de reforma laboral alentada desde el Gobierno, exigir el reotorgamiento de los 250 mil planes sociales dados de baja hace dos semanas y rechazar el aumento de las tarifas de algunos servicios públicos, como el gas y la luz, anunciado días atrás.
Informe: Martina Noailles.