Domingo Cavallo no es el único ex ministro de Economía que está en problemas: su sucesor al frente de esa cartera durante el gobierno menemista, Roque Fernández, también fue procesado ayer y embargado por más de 70 millones de pesos por el juez federal Claudio Bonadío, bajo el cargo de defraudación a la administración pública por su responsabilidad en la liquidación del Banco Feigin. El magistrado también procesó en la misma causa al ex presidente del Banco Central (BCRA) Pedro Pou y a otros altos funcionarios de esa entidad y del Banco Nación, como los hermanos Aldo y Mario Dadone. A ninguno le dictó prisión preventiva.
En la causa que instruye Bonadío se investigan las maniobras que habrían llevado adelante el Central y el Nación en el contralor y el otorgamiento irregular de créditos del Banco Feigin, liquidado en 1995. En esa época, Fernández se desempeñaba como titular del Central y Pou era el vicepresidente de la entidad. De ahí, la responsabilidad de ambos en el caso. Las constancias incluidas en el expediente –que instruyeron los fiscales Gerardo Di Lello y Jorge Pollicita– acreditan que las maniobras de otorgamiento irregular de créditos y garantías habrían provocado un multimillonario déficit en las arcas del Feigin, con el consiguiente perjuicio para ahorristas e inversores de esa entidad.
Las investigaciones al respecto se tramitan en la provincia de Córdoba, donde el Feigin tenía su sede. La responsabilidad de las autoridades del Central y Nación es la que se dedicó a investigar Bonadío, desde que la Cámara de Casación decidió desdoblar las competencias de ambas jurisdicciones. Una de las irregularidades que se atribuyen a las autoridades del Central es haber intervenido para transferir a otras entidades a los deudores mejor calificados y con mayores avales, lo cual en última instancia perjudicó a los ahorristas del Feigin.
Por esa razón Bonadío procesó a Fernández y Pou, máximos responsables del Central en el momento de la liquidación del Feigin, y embargó a ambos por más de 70 millones de pesos. En la misma resolución de casi doscientas carillas, el juez dispuso también el procesamiento del Superintendente de Entidades Financieras del Central, Raúl Pendás, para quien dispuso un embargo de sus bienes por una suma superior a los 100 millones de pesos.
Otros funcionarios del Central que corrieron la misma suerte fueron Juan Carlos Fossati, con un embargo del orden de los 90 millones de pesos; Pablo Guidotti, Daniel Peralta Olguín y Manuel Domper, embargados por 70 millones de pesos; y los síndicos Juan Gallea y Ricardo Ferreiro, con más un embargo de 110 millones de pesos cada uno.
Del Nación fueron procesados además de los Dadone, Genaro Contartese, Alfredo Aldaco, Alfonso Millán, Julio Dentone –esposo de la ex senadora Alicia Saadi– y Hugo Gaggero, entre otros. Se trata en su totalidad de miembros de la cúpula de esa entidad, quienes también estuvieron involucrados en el escándalo de las coimas por el contrato IBM-Banco Nación y por el cual serán sometidos a juicio oral y público. Bonadío les impuso a todos ellos embargos aproximados a los 50 millones de pesos.