Cientos de piqueteros marcharon ayer por el centro de La Plata hasta llegar a la sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo bonaerense para reclamar “trabajo y dignidad y no subsidios y alimentos”. La manifestación se desarrolló sin incidentes, pero dio lugar a una polémica entre funcionarios de la Justicia provincial. Los protagonistas de la controversia fueron el fiscal penal Carlos Gómez, con su pedido de implementación de medidas que aseguraran la libre circulación, y el juez de Garantías platense César Melazo, quien rechazó la solicitud. La protesta social se trasladará mañana al Congreso nacional, donde los piqueteros enfrentados con el Gobierno convocaron a concentrarse en rechazo al tratamiento del proyecto oficial de reforma laboral.
Llegados en tren desde el sur del conurbano, los desocupados marcharon desde la estación de ferrocarril de La Plata hasta la sede de la cartera que conduce Juan Pablo Cafiero con herramientas de trabajo, como picos y palas. De la manifestación participaron unos 600 piqueteros alineados en un sector del MTD Aníbal Verón.
Los piqueteros reclamaron frente al Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo provincial “herramientas e insumos para mejorar las condiciones de trabajo de decenas de proyectos productivos”, que van desde “carpinterías, obradores, talleres de costura, granjas, huertas, herrerías y panaderías hasta talleres de serigrafía”. También demandaron infraestructura adecuada para mejorar las condiciones de 62 comedores comunitarios en los cuales miles de niños de familias desocupadas gozan de la posibilidad de alimentarse adecuadamente”.
Según denunciaron los piqueteros, Cafiero y también el gobernador Felipe Solá se comprometieron a dar respuestas a sus reclamos hace tres meses y hasta ahora no lo han hecho. “Valoramos el diálogo abierto con el gobierno provincial, pero a la vez lamentamos que nuestros hijos no se alimenten de anuncios mediáticos y promesas, ya que en la provincia de Buenos Aires siguen existiendo 900 mil trabajadores desocupados en un marco político poco alentador”, subrayaron.
Como consecuencia de la manifestación se suscitó una polémica entre Gómez y Melazo, que en verdad pareció estar más vinculada a una interna judicial que a la posición de uno y otro con respecto a la protesta social. Con el argumento de que la decisión de los piqueteros de marchar con herramientas de trabajo podía derivar en hechos de violencia, Gómez le reclamó al magistrado que adoptara medidas para garantizar la seguridad en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Humano y asegurar el libre tránsito de los automóviles.
Melazo rechazó la solicitud, aunque no por estar a favor de los piqueteros, porque de hecho sostuvo en su resolución que “por las calles cortadas merodean jóvenes encapuchados armados con palos que constituyen una verdadera amenaza para todo aquel que se atreva a disconformarse con su actitud”. La negativa del juez estuvo motivada en que se trataba de una solicitud “genérica y equívoca” y que en todo caso era el mismo Gómez quien tenía la responsabilidad de “actuar y requerir las medidas de coerción real y de personal frente a la comisión de delitos” como los que podrían plantearse durante la marcha. El magistrado sugirió también que el pedido era oportunista al recordar que “esta no es la primera vez que ocurren cortes en esa esquina”, y sin embargo “el fiscal nunca dispuso medida alguna” para evitarlo.
Los piqueteros volverán a salir a la calle mañana y lo que harán será un abrazo simbólico al Congreso en contra del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno. Las que convocaron a esa manifestación son el MIJD de Raúl Castells, el Polo Obrero y las demás organizaciones que protagonizaron la jornada nacional de protesta del último jueves.