Vamos a ser sinceros, dice en este momento uno de los integrantes del bloque separatista, los seis diputados del juarismo que desde hace una semana buscan alianzas en la Legislatura de Santiago para desplazar al gobierno. “Meses atrás era un suicidio dar un paso al costado: quien criticaba al régimen no iba a estar tranquilo ni siquiera en su casa”. Las críticas contra el “régimen” del que habla Manuel Yorbandi les costaron la persecución política a otros dos santiagueños: un obispo y un ex gobernador. Los dos terminaron muertos. Uno en un supuesto accidente, el otro durante su exilio en Asunción del Paraguay. Para la memoria popular, sus muertes quedaron atadas a dos atentados impunes. Ahora, en plena crisis del juarismo, esas usinas también empiezan a destaparse. Ayer, una abogada sindicó a la todopoderosa gobernadora Mercedes Aragonés como “autora ideológica de la muerte del ex gobernador César Iturre”. Y una comisión especial viajó a Buenos Aires para presentar el caso del obispo Gerardo Sueldo. Todo esto, mientras se hacen añicos las estructuras que sujetaban al gobierno. Mientras el ex gobernador Carlos Juárez busca desesperadamente sostenes entre viejos aliados. Y la gobernadora convoca a su tropa de mujeres para gritarle al Presidente que “ Nina no se va, no se va y Nina no se va”.
De las nuevas denuncias, el primer caso es el del obispo Gerardo Sueldo, el cura que logró motorizar un movimiento de oposición al gobierno dentro del esquema de la Iglesia. Sueldo murió en setiembre del ‘98 en medio de su pulseada con los Juárez, en un supuesto accidente automovilístico, cuando regresaba de la ciudad de Tucumán. Desde aquel momento hasta ahora, nadie había conseguido motorizar las investigaciones sobre la muerte que habrían sido frenadas por una orden del gobierno. Ayer, una comisión de la CTA de Santiago volvió a reclamar por esta historia pero en la Nación. En una reunión en el Ministerio de Justicia pidieron la reapertura de la causa.
El nombre del ex gobernador César Iturre, en cambio, apareció en boca del ex comisario Musa Azar hace una semana. Durante una de las entrevistas en las que se presenta como semiarrepentido del régimen, el ex comisario instaló sutilmente a los Juárez entre los responsables de la muerte. La revelación indicaba que una semana antes de que lo encontraran muerto, “en la provincia se ordenaron tareas de inteligencia para localizarlo en Asunción”. Ayer se conocieron algunos datos más sobre “esas tareas de inteligencia”. Raquel Llobet, una de las patrocinantes de los familiares del doble crimen de La Dársena, aseguró tener “pruebas y testigos que demuestran que la gobernadora Nina Aragonés es la autora ideológica del homicidio del ex gobernador César Iturre”.
La denuncia estaría respaldada por el testimonio de uno de los integrantes de la comisión especial mencionada por Musa Azar: José “Chupa” Ramírez, un policía denunciado por los organismos de derechos humanos, personaje siniestro pero que ahora parece formar parte del frente de los quebrados. De acuerdo a Llobet, El Chupa Ramírez tiene en su manos fotos y las facturas de gastos que realizó durante el viaje de seguimiento a Iturre en Paraguay.
En la hipótesis barajada a partir de su testimonio, el viaje de seguimiento ordenado por la provincia no habría sido uno sino dos. Uno, una semana antes de la muerte, tal como lo indicó Musa Azar. El siguiente, en cambio, habría sido ordenado para provocarle el final.
Iturre era chagásico. Según Llobet, la operación que habría orquestado Nina Juárez incluía el cambio de su enfermero habitual. Tarea que habría sido llevada a cabo por la segunda comisión que viajó a Paraguay. “La segunda comisión –explicó la abogada– estaba integrada por Musa Azar, por un sobrino de Juárez y por un enfermero paraguayo.” El mismo que habría reemplazado a su enfermero habitual para, supuestamente, matarlo.
El Juzgado Federal de Santiago tiene un expediente abierto con esta causa desde el viernes pasado. La denuncia fue impulsada por uno de los hijos de Iturre. El juzgado de Angel de Jesús Toledo aún no sabe si darle curso a la investigación. Según le adelantaron a este diario fuentes de la Justicia, estarían estudiando el tipo de competencia para evaluar si el caso debe investigarse en Santiago del Estero o en Paraguay.
Las causas son en realidad parte de otro escenario más amplio: la agenda sobre la que trabajan los santiagueños que desde distintos frentes provocan todos los días un pequeño cimbronazo en las puertas de la Casa de Gobierno. Hasta ahora, buena parte de esos sectores eran los que reclamaban una solución federal. En este momento, en cambio, fogonean las denuncias que alientan el derrumbe.
La espada de Damocles son las denuncias por el llamado caso Anses y el atentado a la casa del diputado José Figueroa de julio de 2002: las dos tenazas judiciales que ahora acorralan al gobierno.
El miércoles próximo, el Juzgado Federal deberá ponerle fecha y hora a la discusión que se abrirá la semana próxima en el Congreso: el pedido de desafuero para la gobernadora Nina Juárez por los casos judiciales en su contra. El juez Toledo la imputó por una supuesta defraudación al fisco de más de medio millón de pesos. El miércoles, al juzgado le cierran los plazos legales para responder los reclamos de nulidades de los abogados de la jefa política de la provincia. Y si, tal como se lo anticiparon fuentes judiciales a este diario, las nulidades son rechazadas por improcedentes, el desafuero entraría a la Cámara de Diputados el viernes o lunes de la semana entrante.
El pedido de desafuero allí será otro de los momentos definitorios en la pulseada entre quienes aún se mantienen leales al poder de los Juárez y aquellos que trabajan y preparan la transición de lo que definen como un “gobierno liquidado”. Los opositores deben conseguir 33 votos sobre los 50 diputados de la Cámara para obtener el desafuero. Son dos tercios del total. En este momento cuentan con apenas 21 votos asegurados. Entre ellos hay ex juaristas, radicales y el unibloque de Memoria y Participación. Ahora deben acelerar la negociación con los 29 diputados leales. Aquellos que definirán el voto si permanecen con los Juárez. Y quienes, lentamente, deberán ir desprendiéndose del aparato de un gobierno que les recuerda todos los días que tienen cuentas pendientes y una oposición que aún no está consolidada.
En tanto, Marta Ramos, de Memoria y Participación, un desprendimiento del antiguo Frepaso, ya piensa en el después. En diálogo con Página/12 planteaba este escenario: “Sobre la Nina, sólo falta que se vaya. Ahora estamos trabajando por un gobierno de transición que necesita acuerdos mínimos”. Entre los acuerdos está justamente el plazo de la “transición”. Tanto ella como los radicales y los separatistas necesitan que el vicegobernador Joaquín Botta asuma la transición durante seis meses antes de convocar a elecciones. Un poder inmediatamente acéfalo equivaldría a una derrota para el cambio que buscan estos sectores de Santiago: “Si convocamos a elecciones ya mismo –dicen–, vuelve a ganar Carlos Juárez”.
El viejo Juárez está bastante lejos de esta discusión. Al menos esa sensación es la que aparece entre sus hombres más fieles. El domingo programó repentinamente un viaje a Buenos Aires. Según sus voceros, iba a una entrevista con Eduardo Duhalde, su viejo aliado político. “Fue a recordarle una serie de compromisos históricos”, le decían ayer a este diario en la Casa de Gobierno. Sin embargo, los voceros de Duhalde negaron ayer terminantemente que esa cita haya existido o que esté por realizarse. Aparentemente a Juárez no lo va a recibir ni él ni elgobierno nacional. Voceros del Ejecutivo ayer han repetido lo mismo: no hay audiencias con Juárez previstas para esta semana.
Extraño o no. Los diarios locales salieron a anunciar su viaje como la última carta. Tal vez lo era, aunque se trate de la farsa.