En un tono entre exaltado y canchero, con histrionismo, golpes de puño y hasta insultos, el mediático abogado Víctor Stinfale aseguró ayer que tanto él como su cliente, Carlos Telleldín, fueron “víctimas inocentes” y “rehenes” de la “línea” de investigación que impuso el gobierno menemista, que no buscaba la verdad sino encontrar culpables “cueste lo que cueste”. En el inicio de su alegato en el juicio oral por el atentado contra la AMIA, el letrado argumentó que hubo un “alineamiento” entre el menemismo, la Justicia y la dirigencia de la comunidad judía en los ‘90. “Yo no creía que podían tomarle el pelo a la gente, pero era una zona liberada, hacían lo que querían”, se quejó. Según Stinfale, en ese contexto, el acusado de haber entregado la camioneta que voló la AMIA y su familia “fueron rehenes institucionales utilizados para satisfacer respuestas que el Estado tenía que dar a la comunidad judía”. Además, calificó de “hipócritas” a los fiscales que investigaron el caso. Y pidió la absolución de su cliente.
Eamon Mullen y José Barbaccia, candidato a juez federal, no estaban en la audiencia y su ausencia hizo que Stinfale se lamentara de “no poder mirarlos a los ojos” para decirles que “ellos se bajaron de un barco del que participaron desde el principio, porque sabían todo lo que pasaba”.
Según el defensor, los funcionarios judiciales buscaban resultados a costa de un “pobre individuo”, en alusión a Telleldín. El letrado afirmó, además, que este es “el único país en que incriminarán al dueño del motor como partícipe necesario” del atentado. Tras un cuarto intermedio, el alegato continuó, pero en la voz de la abogada Andrea Novello, que pidió que se abriera una causa penal para investigar el encubrimiento que habrían cometido tanto el juez Juan José Galeano como los fiscales, a quienes acusó por la desaparición de las pruebas esenciales del expediente. Con respecto a Galeano, aseguró que pretendió justificar el desvío que él mismo hizo de la investigación con imputaciones ajenas al hecho terrorista. Se quejó, además, de que no le mostraban las pruebas y que lo dejaban al margen de peritajes y reconstrucciones.
Stinfale insistió en que el gobierno de Carlos Menem y la Justicia conformaron un bloque que tenía “línea directa” y se quejó de que él y Telleldín no tenían “a quién recurrir”. La codefensora Novello aseguró más tarde que los responsables de los delitos cometidos “tienen nombre y apellido”, al proyectar en pantalla gigante un listado en letras verdes y fondo celeste que abrió con Carlos Menem y sus ex funcionarios Hugo Anzorreguy y Carlos Corach. También fueron mencionados la camarista fallecida Luisa Riva Aramayo, el juez Galeano, el ex titular de la DAIA y actual detenido por el vaciamiento del Banco Mayo Rubén Beraja y los fiscales. Stinfale había aclarado que entendía “el dolor de los familiares” de las víctimas del atentado, pero insistió en que “los líderes de la comunidad les mintieron”. Y concluyó diciendo: “Yo los entiendo, pero Telleldín no es”.
El abogado relató que su defendido fue declarando durante la primera etapa del caso porque el juez Galeano le había prometido su libertad, y de hecho en diciembre de 1997 redactó la resolución en tal sentido. Pero la Cámara Federal, ante una presentación del entonces representante de Memoria Activa Alberto Zuppi, modificó la calificación y al transformarlo en “partícipe necesario” de los hechos lo privó de salir libre. Al momento de elegir qué versión sostener, la abogada Novello reflotó la que indica que la Trafic se vendió a Ramón Martínez, un misterioso sujeto “muy parecido a un alto funcionario de la Embajada de Irán” en Buenos Aires. Además, la defensora conjeturó que en AMIA no hubo conexión local y que se usó gente para conseguir cosas sin informarles del objetivo, en base a una reseña de atentados fundamentalistas previos y posteriores. También decidió adherir a la hipótesis que sostiene que la SIDE sabía del accionar de los terroristas, que éstos se le escaparon y por eso buscó culpables a toda costa. “Se puede tolerar que los terroristas hayan sido más hábiles, que se escaparan, es más sano reconocer esto que acusar gente inocente”, proclamó la abogada.
Stinfale, que avaló el pago de 400 mil dólares a Telleldín para que denunciara a los ex policías bonaerenses juzgados ahora junto con él, admitió ayer que operó con la prensa. “Acá era quién y cómo operaba mejor”, bromeó. “Ustedes, señores jueces, no vivieron esto: yo lo vivo, mi cliente también. Hoy podemos hablar, antes no podíamos”, se lamentó Stinfale en una de las varias veces que se dirigió hacia los jueces del Tribunal Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo. “¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Cómo uno podía defenderse cuando todo el sistema estaba en contra?”, se preguntó con su experimentado tono televisivo.