Por Lucila E. Larrandart *

El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y el secretario de Seguridad, Norberto Quantín, incurrieron en consideraciones que lesionan la independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo, excediendo la necesaria separación de poderes.
Comprendemos que para las víctimas de hechos tan aberrantes como las violaciones y homicidios sucedidos en Avellaneda nada tiene explicación, de ningún modo puede haber consuelo o resignación y, desde su perspectiva afectiva y su dolor, pueden acusar a todos quienes de un modo u otro intervinieron en los hechos, aun desde el lado de la Justicia.
Pero desde la perspectiva de un representante del Poder Ejecutivo, precisamente el encargado del área de Justicia, la necesaria mesura debe estar presente. Tanto el ministro cuanto el secretario hablaron de magistrados que aplican “benignamente” la ley, cuando en realidad se trata de aplicar la ley y si de dicha aplicación surgen resultados “benéficos” para imputados o condenados, lo que tendrían que propugnar es, en todo caso, la reforma de la ley, no interferir en su aplicación por parte de los magistrados, amenazando con revisar libertades condicionales otorgadas por los jueces, las que están claramente reguladas en el Código Penal, o bien referirse a pedidos de juicio político que por otra parte serían improcedentes si tienen su sustento en la aplicación de la ley.
El ministro de Justicia es, precisamente, quien tiene bajo su responsabilidad la implementación del cumplimiento de las penas privativas de libertad por lo que, antes de focalizar su atención hacia el Poder Judicial, debería mirar hacia adentro y preguntarse qué defectos presenta el Servicio Penitenciario para que una pena privativa de libertad no sirva para nada, pues quien la cumple sale igual o peor que cuando entró, o en todo caso vuelve a cometer los mismos delitos.
El principio de racionalidad es lo que se exige del Estado, si se trata de uno democrático de derecho, por lo que sería conveniente que, en vez de criticar a los jueces interfiriendo en su tarea independiente, los representantes del Poder Ejecutivo trataran de ver qué parte de responsabilidad les puede caber o bien señalar con qué leyes no están de acuerdo y cuáles serían sus propuestas de reforma.

* Jueza.