Cuando asumió al frente de la Oficina Anticorrupción explotaba la causa de los sobornos en el Senado por la confesión pública de Mario Pontaquarto. En esta entrevista con Página/12, Daniel Morín repasa el viaje que hizo a Suiza acompañando a algunos funcionarios judiciales en busca de obtener mayor información sobre las cuentas bancarias atribuidas a Carlos Menem y su entorno. “Si Carlos Menem decidiera pedir el levantamiento del secreto de su cuenta, podría poner fin a este estado de incertidumbre y de paso podría probar su inocencia, si es que no tiene nada que ver con el ocultamiento”, concluye hablando de la investigación por la presunta omisión maliciosa de una cuenta bancaria suiza que posteriormente reconoció como suya en una entrevista ante la cadena noticiosa CNN.
–¿Qué expectativas tiene de que haya colaboración efectiva de la Justicia suiza en el caso de las cuentas bancarias de Carlos Menem? ¿En qué puntos se daría esa cooperación?
–Si uno se pregunta si el resultado de la visita fue positiva o negativa, primero habría que repreguntarse cuál era el objetivo. El objetivo no era venirse con la información de las cuentas debajo del brazo, sino que se trataba de entablar canales de comunicación entre los jueces argentinos y los jueces suizos. Y que además las dos partes entendieran qué hacía falta para destrabar la situación. En ese sentido fue positivo porque, en primer lugar, se pudieron entender ciertos aspectos del derecho suizo y del derecho argentino. Aunque a veces se utilizaba el mismo léxico, en verdad varias veces se hablaba de cosas diferentes. Un caso claro es el concepto de medida de coerción. Para un juez argentino esta figura puede ser personal o real. Para un doctrinario argentino el levantamiento del secreto bancario no es una medida de coerción, es una medida corriente de prueba y, por lo tanto, requiere menor fundamentación. Desde acá se podría ver como una reticencia suiza el hecho de que ellos no entreguen información bancaria. Acá un juez tiene en poco tiempo los informes del Banco Central sobre cualquier cuenta. Allá era claro que tienen otro concepto. Para ellos esta medida sí implicaba una medida de coerción y por lo tanto necesitaban de una mayor fundamentación.
–¿Qué recomendaciones hicieron las autoridades suizas?
–Los suizos señalaron que estaban dispuestos a colaborar, pero que para ello se debían cumplir una serie de requisitos previos. Entre ellos estaba básicamente la figura de la doble incriminación. Es decir que el delito estuviera lo suficientemente descripto y encuadrado en el delito penal suizo y que hubiera una relación entre el hecho investigado y las cuentas sobre las que se pedía información. Señalaron que no hacía falta una prueba directa, pero sí una sospecha razonable de por qué se relacionaban el hecho y la cuenta. Esto permite tener más claro el panorama. Saber qué debe incluir un exhorto y cuándo se va a emitir. A su vez despeja la suspicacia de por medio.
–Cuándo habla de suizos, ¿a quiénes se refiere?
–Cuando hablo de los suizos, estoy hablando básicamente de la Oficina General de Justicia que es la primera que interviene en el trámite de los exhortos. Es decir que los declara admisibles o no. Tanto la Oficina de Justicia como la jueza Christine Junod fueron muy claros en que, si un exhorto es declarado admisible, no hay ningún problema con el secreto bancario. Ellos remarcaron mucho que para los jueces no había secreto bancario, pero sí era necesario cumplimentar los prerrequisitos.
–¿Cómo fue la reunión con Junod?
–Sobre la reunión con la jueza Junod no puedo hacer muchas precisiones, pero sí se observó un espíritu de colaboración. Se destacó la voluntad de tener un canal de comunicación más fluido.
–¿Cuáles son los exhortos sobre los que falta respuesta?
–En la causa de la que yo soy parte, que es la de omisión maliciosa, ya hay un exhorto abierto declarado admisible. Incluso el juez Norberto Oyarbide pidió mayores precisiones sobre algunos temas, pero lo que resta es, sobre la base del mismo exhorto, explicar un poco mejor este tema de la doble incriminación. Tarea que estará haciendo Oyarbide en estos momentos y de la que creo que habrá pronto una respuesta favorable.
–¿En qué contribuye la contratación que hizo el gobierno argentino de un abogado suizo?
–En primer lugar la contratación del doctor Paolo Bernasconi permite tener mayor información sobre las características del derecho suizo. De hecho, hemos contado con su apoyo concreto para las audiencias de las que pudimos participar. Inclusive la decisión de que el Gobierno tuviera un abogado suizo fue rescatado por la jueza Junod. Le recuerdo que Bernasconi participó de las investigaciones vinculadas con la “mani pulite” en Suiza, es un abogado reconocido en el fuero, al punto de que algunas leyes se las nombre con su apellido. Y además es un académico muy reconocido.
–¿Aparte de la denominada omisión maliciosa de Menem, hay otras causas sobre las que se espera respuesta de la Justicia suiza?
–Sobre el caso de la venta ilegal de armas yo no soy parte. Lo que sí sé es que todos los funcionarios salieron satisfechos de las entrevistas que tuvieron con los funcionarios suizos.
–¿Queda por conocer respuesta sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Alberto Kohan y de Ramón Hernández?
–La causa de Hernández en parte está subsumida en la causa que lleva adelante Oyarbide por supuesta omisión maliciosa. El enriquecimiento ilícito es una causa conexa y paralela. Cuando la Cámara Federal le dice a Oyarbide que analice el contexto de las cuentas de Menem, en parte lo hace analizando la causa de Hernández ya que éste podría ser un testaferro de Menem.
–En algún momento se mencionó aquí que había unos 200 funcionarios menemistas que estaban siendo investigados. ¿Es así?
–Por información informal, tengo entendido que es así. No fue esta información que nos dieran los funcionarios suizos. Sucede que, sobre los casos nacionales, no se dio información ya que no hay una acusación concreta.
–Más allá de lo judicial, ¿qué opina de la actitud de Carlos Menem en la causa de omisión maliciosa?
–Cada persona puede elegir la estrategia defensiva que le resulte mejor. Queda en claro que si el ex presidente decidiera él mismo el levantamiento del secreto de su cuenta, todos estos problemas se diluirían e incluso, si él no tuviera nada que ver con el hecho, podría probar su inocencia también. El podría poner fin a este estado de incertidumbre. Uno espera ese tipo de actitudes, sobre todo tratándose de un ex presidente.
–Cuándo apenas usted asumió, explotó el caso de los sobornos en el Senado. A casi tres meses de estar en la Oficina Anticorrupción, ¿cuáles son las causas prioritarias?
–Hay tanto trabajo diario que en verdad esos tres meses parecen muchos más. La causa de Thales Spectrum me parece una causa muy grave. Por distintos motivos le diría que la atención de la OA está puesta en tres casos: el de los sobornos en el Senado, el de la omisión maliciosa en la declaración de Menem y el de Thales. La privatización del espectro radioeléctrico es una cosa muy extraña. Además en este caso hay indicios de que ha habido sobornos importantes y todo indica que se podría seguir la ruta de ese dinero. Se habla nada más y nada menos que de probables coimas por 25 millones de pesos. El caso de omisión maliciosa no le tengo que explicar a usted el valor institucional y simbólico que tiene. Además continuamos investigando en los casos de la construcción de las cárceles y en el del comisario retirado Roberto Giacomino.
–¿A qué otros temas está dedicado?
–También estamos tratando de revivir el grupo que investigaba los temas del PAMI. Estamos atendiendo esas querellas. Con Graciela Ocaña estamos tratando de trabajar combinadamente. Hay abogados nuestros que están exclusivamente dedicados al PAMI. Ahora podemos decir que en la OA, sabemos qué tenemos y hacia dónde vamos. Nosotros consideramos que así como la Aduana es parte querellante y nadie le discute esa posibilidad, la OA tiene que tener el mismo status. Para eso estamos trabajando en un proyecto de ley que le dé a la OA la capacidad de ser querellante. Hay también que liberar algunos secretos bancarios y de otra índole que a veces dificultan nuestro trabajo. Estamos trabajando en la causa de los sobornos para que se nos levante el secreto de Estado que nos impide ver algunos materiales.