Liz Andreatta, una morena sonrisa grande y remera suelta, estaba levantando los pocillos de café después de una reunión con médicos, cuando escuchó un estallido desde la entrada principal de la clínica. Ella integra un grupo de cincuenta viejos empleados del Instituto Médico de Cirugía Cardiovascular (IMECC) que desde la semana pasada ocupa la sede de la institución en reclamo de la aprobación de un proyecto para rescatarla como cooperativa. El estruendo eran las patadas de un escuadrón policial derribando una puerta de vidrio. Los azules reprimieron a bastonazos invocando una orden de desalojo. Hubo un herido y un detenido. Los trabajadores resistieron en la calle y al atardecer lograron un acuerdo transitorio: el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quedó como depositario judicial del sanatorio para que ellos puedan seguir negociando una salida sin nuevos incidentes.
La policía llegó a IMECC, Frente al Parque Centenario, cerca de las dos de la tarde. Arrebatados, los agentes bajaban de tres camionetas y minutos más tarde se les sumaron efectivos de la Guardia de Infantería. Aprovecharon un momento en que había sólo seis personas adentro de la clínica para llevar adelante la orden de expulsión que había firmado la jueza Matilde Ballerini, la misma que intervino en el caso de Brukman.
“Un policía me corrió tres pisos por escalera. Se tropezó varias veces y se volvió a levantar hasta que me agarró de la colita del pelo para sacarme afuera”, dice Liz, de 43 años, entre risitas nerviosas. “Me daba gracia que el tipo se cayera, pero a la vez era una situación muy violenta”, explica. A Hernán González, de la gráfica Chilavert, “lo arrastraban por el piso torciéndolo como un fideo”, describe ella. Se lo llevaron detenido y fue liberado a las dos horas. A Jorge Alvarez los federales lo sorprendieron cocinando pollo con papas para una multitud. “Se quedaron con nuestra comida. ¿Pueden creerlo?”, exclama Alvarez, espantado.
Las escenas más bestiales se vieron una hora después, cuando se juntaron unas cien personas con la llegada de obreros de otras empresas, enrolados en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), desocupados y algún que otro vecino solidario. En malón, encabezados por el líder del movimiento, Eduardo Murúa, desafiaron al cordón policial e intentaron volver a tomar el edificio. Entonces volaron los golpes de bastón y las ráfagas de gas irritante. A Sebastián Maiza, del centro cultural de la metalúrgica IMPA, le abrieron la cabeza a palazos y fue hospitalizado.
La clínica IMECC tiene seis pisos y conserva, intactos, equipos de medicina nuclear, tomógrafos y mamógrafos, aparatos para diálisis y hemodinamia y un coqueto sector de internación. A mediados de 2003 quebró y 54 de sus trabajadores decidieron, en octubre, conformar la Cooperativa Fénix para reflotarla y conservar su fuente de trabajo. La integran médicos, enfermeras, técnicos, bioquímicos y mucamas. Pero al momento de poner el cuerpo y sostener la ocupación a los profesionales no se los vio seguido: predominó el personal de coordinación y de limpieza y ayer había una mayoría arrasadora de mujeres. La cooperativa llevó un proyecto a la jueza Ballerini para poner a funcionar otra vez el centro especializado en cardiología. Plantearon la compra de la quiebra a cinco años y un esbozo de cómo podrían funcionar con servicios similares a los que daban. El rechazo de la magistrada condujo a la toma, hace diez días.
Durante la tarde de ayer, el MNER cortó la esquina de la avenida Díaz Vélez y Otamendi a la espera de una solución. Con el jefe de la Seccional 11 –un comisario con los bigotes y apellido de rigor (García)– se encargaba de negociar el legislador porteño Diego Kravetz, abogado histórico de las recuperadas. Luego se le sumaron otros legisladores como Héctor Bidonde, Beatriz Baltroc y el diputado José Roselli.
Cuando el comisario García desplegó unas cadenas y comenzó a enroscarlas en cada puerta, otra vez se tensó el ambiente. “Olé, olé, olé olá/ por una pizza reprimís a tu mamá”, canturreaban los obreros tirándosele encima.Por lo bajo, acusaban a la magistrada de buscar conflicto. En los escalones de la entrada se sentaron los trabajadores de la clínica sosteniendo una bandera argentina con el nombre Fénix Salud. Un helicóptero de la Federal sobrevolaba la zona. Elsa Montero, coordinadora por años de IMECC, repetía temblorosa, sentada hecha bolita: “Lo que hoy pido es que no salga nadie más lastimado”. “Igual no paramos hasta recuperar el trabajo”, añadía Liz.
A esa altura, había llegado el subsecretario de Seguridad, José María Campagnoli, y poco después lo hizo el secretario de Derechos Humanos, Duhalde. Llamaron a la jueza y lograron, finalmente, firmar un acuerdo de transición que habían propuesto alentados los trabajadores: Duhalde quedó a cargo de la clínica, como “depositario judicial”, mientras la cooperativa sigue negociando acceder a la tenencia. La apuesta que tienen es que el gobierno porteño la alquile y les ceda la explotación. Podría funcionar como prestataria del plan de salud porteño.