La Justicia penal de La Plata avanzó en el proceso contra los desocupados que cortaron los ingresos a la ciudad en protesta por la cancelación de planes de empleo. El fiscal Leandro Heredia tomó declaración a un testigo e instruyó a la Policía Bonaerense para que ubique a más. Por decisión del mismo funcionario, personal policial ya había identificado a los dirigentes de las organizaciones que participaron de los cortes de rutas.
La ofensiva judicial recibió señales de aprobación política. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo que “si los piqueteros cometen delitos tendrán que pagarlos, porque para eso hay un Código Penal”. Por su parte, la diputada Hilda “Chiche” González de Duhalde sostuvo que una persona con “la cara tapada y con un palo en la mano es un delincuente” porque si “está manifestando por un derecho, debe hacerlo a cara descubierta”.
La diputada habló de la necesidad de “empezar, dentro de la ley, a ponerles límite a estas cosas. Yo ya lo dije en reiteradas oportunidades: cualquier país que pretende ser civilizado no puede impedir las manifestaciones, pero dentro de un marco legal, en un espacio, a determinada hora, no de cualquier manera y menos a cara tapada con palos en la mano”.
La causa contra los piqueteros se originó por una denuncia de oficio que presentó el martes el fiscal Marcelo Romero. Ese día cinco mil personas cortaron la rotonda distribuidora en el ingreso a La Plata y la bajada de la autopista, como parte de una jornada de lucha que tuvo en la provincia otros 20 piquetes.
El reclamo estuvo motivado en la caída de planes Barrios Bonaerenses, razón por la que estaban en discusión unos cinco mil casos de piqueteros a quienes se había dado de baja. Mientras se hacía la protesta, una delegación fue recibida en Desarrollo Humano, donde se llegó a un acuerdo para revisar todos los casos de quienes hayan quedado excluidos del programa por errores en la documentación.
En el último mes, luego de hacer un reempadronamiento, el gobierno provincial dio de baja a 22 mil planes. De ese total, una parte correspondió a irregularidades y 16 mil subsidios fueron cancelados porque no hicieron el trámite de reinscripción.
Las organizaciones piqueteras habían planteado, además del pedido por sus planes, que aquellos subsidios cancelados por irregularidades se reasignaran a desocupados sin cobertura. El ministro de Desarrollo Humano y Trabajo bonaerense, Juan Pablo Cafiero, ratificó que esto no se hará porque el criterio es usar esos fondos para el plan alimentario. “Hemos dicho que no porque lo que nosotros tenemos como resultado del reempadronamiento es realmente a la cantidad de beneficiarios que quieren participar de este programa y quieren dar una contraprestación”, sostuvo.
Los delitos denunciados en la causa judicial fueron los de impedimento de circular e intimidación pública. Los acusados podrían ser no sólo los dirigentes de la medida de fuerza, sino también aquellos desocupados que interrumpieron el tránsito con la cara tapada.
El fiscal autor de la denuncia, Romero, dijo que había basado su escrito en que “la capital (provincial) estuvo virtualmente sitiada por personas que llegaron con sus rostros tapados, con sus palos, sus caños, en una actitud completamente injustificada, ya que en La Plata nunca se ha resistido a las marchas piqueteras”.
Consideró a los palos como “una exhibición de armas impropia”, por lo que sumó al delito de corte de tránsito el de intimidación pública.
La iniciativa de los fiscales no es un hecho aislado. Las bajas en los planes tuvieron a la provincia en conflicto durante todo el último mes. Cuando se organizó la anteúltima marcha, otra fiscalía notificó al Poder Ejecutivo que debía “garantizar la libre circulación en las calles”, una medida que abría las puertas a la represión. Ayer, el fiscal Romero se quejó porque la policía no había intervenido para impedir o desalojar los últimos piquetes y anticipó que también se deberá investigar esa “inacción”.
Como siempre, el tema desempolvó la vieja discusión sobre si el derecho a circular libremente está por encima del de peticionar ante el gobierno por trabajo. Para Romero, “el derecho a la protesta, a exigir del gobierno lo que considere necesario, termina cuando vulneramos el derecho de los demás. Ese es justamente el límite”, dijo el fiscal “y eso es justamente lo que se criminaliza”.