La realidad política santiagueña se parece, cada vez más, a un edificio podrido que comienza a desmoronarse. Dos hechos volvieron a demostrar los rasgos más oscuros del régimen de Carlos Arturo Juárez y su inefable esposa Nina Aragonés, desde el año 1975 –cuando el hoy octogenario cumplía con su segundo período como gobernador– hasta los últimos cinco años, el tiempo que lleva en funciones el obispo de Santiago del Estero, Juan Carlos Maccarone. Ayer, la Justicia secuestró documentación secreta de la Secretaría de Seguridad que probaba que el obispo Maccarone fue seguido por los agentes de inteligencia del juarismo. También ayer el fiscal federal Alberto Pravia pidió la captura de Juárez, a quien acusó de ser “autor intelectual de apremios y torturas” por la desaparición de treinta personas en el período constitucional entre 1973 y 1975.
El allanamiento en la Secretaría de Seguridad de la provincia, que hasta mediados del año pasado estaba a cargo de Antonio Musa Azar, fue ordenado por el Superior Tribunal de Justicia. El operativo en la sede de la inteligencia santiagueña tuvo entretelones tragicómicos que revelan las tramas de poder de la provincia: minutos antes de que llegaran al edificio los enviados del máximo tribunal, una camioneta se encargó de “limpiar” los archivos secretos de la secretaría. En el intento se cayó una caja con informes sobre la vida privada de jueces, políticos y empresarios. Después, y a pesar del esfuerzo por quitar todo rastro de seguimientos ilegales, se encontró más información sobre los movimientos del obispo, de sindicalistas y de dirigentes políticos. Estaba en el sótano.
“Cuando ingresamos al edificio, los armarios estaban completamente desordenados y en el sótano se encontraron los informes que buscábamos, además de otra información relacionada con la vida privada de políticos y sindicalistas”, relataron tras el allanamiento los abogados del Obispado de Santiago del Estero, Juan Llinás, Silvia Sosa y Mabel Matheu. A su vez, la letrada Raquel Llobet, quien representa a Patricia Villalba –una de las víctimas del doble crimen de La Dársena–, aseguró que la información de inteligencia se realizaba “en base a seguimientos, controlando viajes de los políticos, reuniones en casas de familia, actividad sindical y todo lo que uno se pueda imaginar en el marco de la ilegalidad”. Por ejemplo, la abogada Llobet contó que entre los papeles que se cayeron de la camioneta había un informe sobre un juez que, hace cinco años, se había encerrado en el baño de su despacho con una empleada del juzgado.
El allanamiento que se concretó en la Secretaría de Seguridad se realizó por un pedido de hábeas data que habían presentado el obispo Maccarone y 27 religiosos de Santiago del Estero. Justamente, el propio Maccarone difundió ayer un comunicado en nombre de la Iglesia de la provincia desde la sede del Episcopado, en Suipacha al 100. El texto de la carta pública fue muy duro contra la gestión de los Juárez. “La estrategia del miedo y el castigo sigue vigente, más aún, ha incrementado su saña. La Iglesia desea encontrarse del lado de los débiles y amenazados, ofreciéndose también hoy como casa de perseguidos. Exigimos que el aparato legal se vuelva justo y que todos, sin fueros, nos ubiquemos bajo la legalidad”, dice un fragmento del documento, por cierto muy duro con el juarismo. “Como muchos santiagueños, nos sentimos involucrados en el reclamo de una justicia largamente esperada”, agrega la carta.
La relación de los Juárez con la Iglesia de Santiago del Estero no es para nada buena, en especial desde la extraña muerte del antecesor de Maccarone, Gerardo Sueldo, quien falleció en un accidente automovilístico en 1998. En la provincia existen muchas sospechas acerca de si no se trató de un asesinato, y muchos santiagueños desconfían del matrimonio que gobierna la provincia. Pero no son sólo sospechas las que pesan sobre Juárez. Ayer, en simultáneo con el allanamiento en la Secretaría de Seguridad, el fiscal federal Alberto Pravia solicitó al juez federal Angel Toledo –a quien en Santiago consideran un “juarista”– que detuviera al ex gobernador porque lo considera responsable de la desaparición de 30 dirigentes políticos entre 1973 y 1975, entre ellos el concejal Emilio Abdala.