EL PAíS
› LOS FISCALES PIDIERON DIEZ AÑOS DE PRISION PARA ETCHECOLATZ
La mejor defensa es el ridículo
En el juicio por robo de bebés contra Etchecolatz y Bergés, sus abogados sólo pudieron argumentar en su defensa absurdos ataques contra el poder político. La APDH y Abuelas pidieron 15 años de prisión.
› Por Victoria Ginzberg
Adolfo Casabal Elía, abogado de Miguel Osvaldo Etchecolatz en el juicio sobre la apropiación de Carmen Gallo Sanz (o María de las Mercedes Fernández), demostró ayer que está a la altura de su defendido. Durante su alegato aseguró que “en el gobierno nacional soplan vientos montoneros y lo vemos cuando el Presidente toma la ESMA y se perfila detrás de una ideología de derechos humanos, y olvida que hay otros derechos humanos, como el de los militares muertos por la subversión”. Los miembros de organismos de derechos humanos que seguían la audiencia se levantaron de sus asientos y salieron de la sala en señal de repudio. Antes, los abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata y de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo habían pedido 15 años de prisión para Etchecolatz y el médico Jorge Bergés. Los fiscales solicitaron diez.
Los jueces del Tribunal Oral Nº 1 de La Plata, integrado por los jueces Nelson Jarazo, Carlos Rozanski y Ana Aparicio, darán a conocer el lunes la sentencia sobre Bergés y Etchecolatz. Ambos están acusados por el secuestro de la joven Carmen Gallo Sanz (María de las Mercedes) que nació en el centro clandestino de detención Pozo de Banfield el 27 de diciembre de 1977. Su madre, Aída, había sido secuestrada cuatro días antes con un embarazo casi a término.
Carmen vivió con un matrimonio ajeno a las Fuerzas Armadas que aseguraron que la niña les fue entregada por Bergés, al que conocieron a través de quien era en ese entonces su médico. El represor les dijo que la beba provenía de una mujer que no podía hacerse cargo de ella.
En la audiencia de ayer, los abogados Javier Percow (APDH La Plata) y María Ester Alonso y Ramón Torres Molina (Abuelas) coincidieron en reclamar que ambos acusados sean condenados a quince años de prisión por ser autores de los delitos de supresión de identidad, falsificación de documento público y retención y ocultamiento de una menor de diez años. Los fiscales Hugo Omar Cañón y Carlos Dulau Dumm solicitaron diez.
Los representantes de Bergés y Etchecolatz reclamaron la absolución de los represores. La defensora oficial Laura Inés Díaz se limitó a ofrecer razones técnico-jurídicas por las que consideraba que el médico policial debía ser absuelto. Pero el abogado de Etchecolatz –ex mano derecha del coronel Ramón Camps cuando éste comandaba la Policía Bonaerense– aprovechó el espacio concedido por el tribunal para hacer un descargo político que incluyó críticas al Gobierno. No sólo se quejó por la decisión de crear en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) un Museo de la Memoria sino que agregó que al Estado “no le conviene reprimir” a los piqueteros y se quejó por vivir en una “republiqueta”. Habló hasta que Jarazo, presidente del tribunal, le llamó la atención. Respecto de su defendido, Casabal Elía afirmó que, durante la dictadura, Etchecolatz comandaba a 2700 hombres y no podía ser responsable de la conducta individual de cada efectivo policial. El represor se pasó parte de la jornada hojeando su libro La otra campana del Nunca Más. Por lo que escribió allí, recibió una condena de tres años de prisión en suspenso por injurias y calumnias en un juicio que le inició el fallecido dirigente socialista Alfredo Bravo.
Durante sus alegatos, Cañón recordó que el secuestro de Carmen fue parte de un plan criminal y Percow señaló que está probado que Etchecolatz ejercía un control efectivo sobre las Brigadas de Investigaciones, como el Pozo de Banfield y de Quilmes, donde estuvo secuestrada Aída Sanz. Torres Molina destacó que ambos acusados “podrían informar sobre el destino de muchos desaparecidos que fueron sustraídos de sus familiares” y sin embargo prefieren seguir callando.
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