Por Juan Jesús Aznarez *
Desde México

El fallo de un juez federal mexicano ha impedido la extradición del argentino Ricardo Miguel Cavallo a España por el delito de torturas, pero no lo ampara en los de genocidio y terrorismo. El ex teniente de Fragata, de 50 años, es reclamado por la Audiencia Nacional de Madrid como supuesto autor de los tres delitos citados durante la dictadura castrense (1976-83) padecida por el país latinoamericano. El magistrado Juan García ordenó a la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores que corrija su resolución de febrero de 2001, que aprobó su extradición por esos tres cargos. La defensa ha agotado todas las instancias para forzar su entrega a Argentina, donde, probablemente, sería juzgado por fraude y liberado rápidamente.
Ricardo Miguel Cavallo, identificado como Sérpico o Marcelo, fue detenido en el aeropuerto de Cancún, el 25 de agosto de 2000, cuando trataba de abordar un avión rumbo a Buenos Aires. Era entonces director del grupo empresarial ganador de la concesión del Registro Nacional de Vehículos (Renave), finalmente intervenido por el gobierno. El apresamiento se efectuó después de que el diario mexicano Reforma publicara que cinco ex presos políticos argentinos lo habían identificado como uno de sus torturadores en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros ilegales de detención con más asesinados en sus espaldas. Poco tiempo después, fue reclamado por el juez español Baltasar Garzón.
Los delitos por los que España reclama la extradición ocurrieron entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, fecha en la que comenzó a correr el tiempo hacia la prescripción de delitos, señala el magistrado. El 28 de marzo de 1986 se abrieron las investigaciones en España. “De acuerdo con las leyes aplicables en la época en que se cometieron los delitos, la tortura prescribía a tres años y tres meses”, según el dictamen de Juan García, divulgado la tarde del martes. Contrariamente a las tesis de que los delitos de lesa humanidad no prescriben, el genocidio, de acuerdo con esas leyes, prescribiría a los 20 años, y el terrorismo, a los 21 años, contados los dos a partir de 1983.
El gobierno de México había consagrado el principio de la extraterritorialidad en el castigo de los delitos de lesa humanidad y sentando un precedente universal, la Secretaría (Ministerio) de Relaciones Exteriores aprobó el pasado año la extradición a España del ex oficial naval por los tres delitos. La Cancillería, dirigida por Jorge Castañeda, ampliaba así las anteriores recomendaciones del juez Jesús Guadalupe Luna: recomendar la extradición de Cavallo por los delitos de genocidio y terrorismo, según la Ley Orgánica del Poder Judicial español. Luna desestimó el de torturas por considerarlo prescripto en el Código Penal mexicano. La cancillería sostuvo que también podría ser juzgado por ese delito.
Los fundamentos de la posición mexicana tuvieron efectos inmediatos en el resto de América latina, y los principales responsables de las dictaduras argentinas, chilena, uruguaya, brasileña o centroamericanas evitaron viajar al extranjero. El ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-93) fue sorprendido cuando se sometía a una curación física en el Reino Unido, y Cavallo quedó detenido al ser identificado mientras efectuaba negocios con la administración mexicana. El presidente del Congreso guatemalteco, ex general Efraín Ríos, uno de los hombres fuertes del partido de gobierno, y otro grupo de ancianos ex generales son reclamados asimismo por la Audiencia Nacional española.
Cavallo, según sus anteriores abogados, está amparado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, promulgadas por Alfonsín, y derogadas simbólicamente en el año 1998 aunque sin anular el perdón concedido aoficiales y suboficiales. Los generales fueron juzgados y condenados en vista pública, pero amnistiados por Menem en 1990. Los dos gobernantes invocaron fuerza mayor, la reconciliación nacional.

* De El País de Madrid.