Por Margarita Jarque *

Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final –sancionadas luego de los alzamientos militares– pusieron fin a la identificación y al juzgamiento de más de mil responsables de desapariciones, tormentos, asesinatos, robos de niños, de bienes y de los delitos y crímenes de lesa humanidad cometidos por cada estamento –estatal y civil– en el transcurso de la última dictadura militar. Años después, la decisión política de garantizar impunidad a las fuerzas militares y de seguridad se completó al otorgarse a los máximos responsables del genocidio el beneficio de los decretos de indultos.
La herida que la ilegitimidad de esta legislación infligía a un pueblo que ansiaba democracia marcó la declinación del “proceso de democratización”, iniciado con los anhelos de justicia expresados en el trabajo de la Conadep y el Juicio a las Juntas. Muy pronto, se habilitó que la impunidad siguiera fluyendo por las redes subterráneas de las instituciones democráticas que habíamos recuperado.
Con el golpe del ’76, se desplegó en mi provincia uno de los más tristes escenarios de represión del movimiento popular por la policía bonaerense, que se continuó con la “maldita policía” que Duhalde llamó la mejor del mundo pero reveló su esencia con el asesinato de Cabezas y las muertes por gatillo fácil de jóvenes víctimas del modelo de exclusión.
Llevamos 19 años de gobiernos que, cediendo a las exigencias de la derecha económica, colaboraron en la consagración de la impunidad que impidió no sólo marcar el punto de ruptura con una etapa nefasta, sino que reencauzó la senda ideológica que nutrió a la dictadura militar.
Muchos intereses impidieron madurar la condena social a los involucrados en la etapa de terrorismo de Estado. La sociedad no identificó a los grupos económicos avalados por el FMI y cuyo brazo armado fueron las fuerzas armadas: los que decían no a la “subversión” fabril crearon la famosa “tablita”, la circular 1050, las corridas del dólar, el crecimiento de la deuda y la escalada que terminaría en otra forma de golpe: el golpe económico. Circunstancias que hoy estamos transitando otra vez.
Por esto, aprobar la nulidad de las leyes de impunidad no es una reivindicación tardía de una epopeya utópica. Tiene que ver con marcar un punto de inflexión con la práctica genocida. No es tardío mientras esté impune. Y no es utópico mientras las ideas de libertad y de justicia sean el objetivo de nuestra Nación.
La generación que integro quedó embretada entre dos procesos históricos: uno pleno de ideales que truncó la dictadura, y otro, signado por el vaciamiento de ideas a costas del pensamiento único impuesto por el modelo neoliberal. Parida a la militancia por los Pañuelos Blancos, no vine al Congreso a legitimar la permanencia de los viejos códigos y las peores prácticas de la política. Vine a aportar al reencauzamiento del encuentro con la sociedad.
Votar la nulidad de leyes que otorgaron impunidad a los más graves crímenes jamás cometidos en Argentina, no es sólo un compromiso con nuestros 30.000 desaparecidos, sino también con los 14 millones de pobres que hoy son las nuevas víctimas que se ha cobrado esta otra cara de la impunidad del sistema implementado desde 1976.
* Diputada nacional del Frente Grande por la provincia de Buenos Aires.