“Con las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y los decretos de indulto había triunfado el realismo político frente a la ética de la sociedad expresada por los organismos de derechos humanos y frente a la verdad de la Justicia. Kirchner cambió esto. Y lo hizo porque la sociedad estaba dispuesta a asumirlo.” Abogado, doctor en filosofía y profesor de Teoría Política en la Universidad Nacional de Rosario, Hugo Quiroga acaba de reeditar El tiempo del ‘Proceso’, conflictos y coincidencias entre políticos y militares (Homo Sapiens). En diálogo con Página/12, Quiroga analiza la política de derechos humanos del Gobierno, que esta semana tuvo una potencia simbólica inédita con la inauguración del Museo de la Memoria: lejos de ver los cambios como un hecho aislado, Quiroga busca ponerlos en perspectiva, como parte del complicado camino de consolidación de la democracia argentina.
–¿Cómo evalúa la política de derechos humanos del Gobierno?
–Como la posibilidad de reabrir un ciclo. Yo creo, siguiendo a Huntington, que la Argentina entre 1930 y 1983 se caracterizó por sus comportamientos pretorianos. Esto significa la aceptación por parte de la sociedad de que los militares pueden participar en política. Si un gobierno civil es malo, en lugar de reemplazarlo con otro a través de las urnas, se lo reemplaza por las botas. En los últimos 50 años hubo una democracia constitucional intermitente: golpes, democracia, proscripción. Todos los partidos políticos, incluyendo los dos mayoritarios, fueron semileales al sistema democrático. La función de un partido es ser escudo de la democracia, pero hubo una relación de amigo-adversario entre los partidos y las Fuerzas Armadas.
–¿Esto cambió en 1983?
–Sí, por las atrocidades de la dictadura: no sólo hubo chatura política, persecución ideológica, desaparecidos, represión, desastre económico. Al mismo tiempo, con Malvinas, los militares demostraron incompetencia para el único punto para el cual estaban destinados, que es la guerra. Las sociedades no aprenden leyendo, sino a través de la experiencia. Y la dictadura dejó una enseñanza en la sociedad, que permite que se haya legitimado el principio democrático. Eso explica que la sociedad argentina todavía defienda la legitimidad democrática a pesar de la decadencia económica y social. Sin embargo, esto es así ahora, porque hasta los ‘90 el tema no estaba cerrado. Quedaba un punto: la subordinación del poder militar al civil. Las cuatro sublevaciones militares revelaban que las Fuerzas Armadas no estaban subordinadas. Menem cerró la transición al costo altísimo de los indultos, al cerrar la etapa de investigación. Kirchner reabre saludablemete este ciclo.
–¿Cómo lo hace?
–Con su política de derechos humanos. En la Argentina hubo siempre una tensión entre la verdad de la Justicia y la verdad de la política. Lo que triunfó, con las leyes de Alfonsín y los indultos de Menem, fue el realismo político. Fue una tensión entre la verdad de la justicia y de la política, en la que triunfó esta última, con el argumento de la preservación de la democracia. Se clausuró la posibilidad de seguir investigando. Kirchner cambió todo esto. Impulsa medidas concretas y simbólicas, como la apertura del Museo de la Memoria en la Esma, y ofrece la posibilidad de reconstituir las investigaciones, de que la verdad de la Justicia se vuelva a imponer. Con la política de derechos humanos del gobierno nacional, el principio de poder acceder al pasado vuelve a tener vigencia.
–¿Ese principio no estaba?
–La sociedad civil siempre tuvo a los organismos de derechos humanos, se expresó a través de ellos a lo largo de las últimas dos décadas. Fueron los que mantuvieron vivo el tema a pesar de los argumentos del realismo político. Sin embargo, la sociedad sólo puede encontrar la verdad a través de la investigación y el accionar de la Justicia. Por eso la clave es producir una transformación de una cultura con rasgos pretorianos a una cultura democrática.
–¿Y esto es posible?
–Claro. Y hay ejemplos, como España, que hizo esa transformación luego de cuarenta años de dictadura. La diferencia es que no juzgaron a nadie. Recién ahora están empezando a pensar en eso. En España hubo un pacto, cosa que acá también hubo, aunque de otra forma. En Argentina hubo lo que yo llamo un pacto postergado. Cuando vieron que fracasaba su gobierno, los militares quisieron pactar con los partidos políticos, que a partir de la derrota en Malvinas decidieron no hacerlo. Los militares sacaron la ley de autoamnistía, que luego fue anulada. Ese pacto se difirió en el tiempo, se suspendió. Pero se firmó más tarde. Ese pacto implícito, demorado, se firmó con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y con los decretos de los indultos. Lo firmaron implícitamente Menem y Alfonsín cuando triunfó la verdad de la política.
–Repasando: España no revisó los crímenes del franquismo. Chile no juzgó a Pinochet, e incluso aceptó enclaves autoritarios en su Constitución. En Uruguay se plebiscitó –y ganó– una ley que impide juzgar a los militares. Y de acuerdo a su visión, la Argentina, el único país latinoamericano que había juzgado a las Fuerzas Armadas, también firmó un acuerdo con los militares. La sensación es que no se puede consolidar una transición sin pacto.
–Habría que repasar la historia. Depende de las relaciones de fuerza. Quizá se podrían haber neutralizado las rebeliones sin necesidad de firmar los indultos. El presidente debería haber dicho que se iban a vivir momentos de mucha tensión, con posibilidades ciertas de golpe, y que se iba a tratar de respetar eso, aguantando las convulsiones y las amenazas. Era otro camino, mejor en el largo plazo pero más complicado en el corto. No se lo exploró, y se recurrió a un camino más fácil y más pragmático. Fue el triunfo del realismo político frente a la ética de la sociedad expresada por los organismos de derechos humanos y frente a la verdad de la Justicia. Por eso, más allá de lo que vino después, yo rescato el Juicio a las Juntas, ese gran escenario público en donde se sientan en el banquillo de los acusados las Fuerzas Armadas. Significó un avance que nunca se dio en América latina.
–Desde ese punto de vista, la democracia argentina parece más consolidada.
–Claro, basta con analizar lo que ocurre en Latinoamérica. En Ecuador hubo un golpe, aunque la OEA no lo haya reconocido. Hubo un acuerdo para que asumiera el vice pero sacaron al presidente. En Perú hubo un autogolpe, Paraguay vive una situación de inestabilidad permanente. Un ex golpista como Hugo Banzer fue elegido democráticamente en Bolivia. Otro ex golpista, Chávez, fue elegido en Venezuela. En la Argentina, igual que en Brasil, Chile y Uruguay, estamos mejor, aunque hay que tener en cuenta que tenemos golpistas como Aldo Rico en nuestro Parlamento. Eso significa que el desarrollo y la transformación de la cultura política no es lineal. Hay comportamientos pretorianos, reflejos de este tipo, todavía hoy, en la sociedad argentina.
–¿Cómo cuáles?
–Por ejemplo con los reclamos vinculados a las cuestiones de seguridad, amplificados por el tema de los secuestros. Ahí se vuelven a escuchar algunas voces que reclaman que intervengan las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Son tareas para las que evidentemente no están capacitadas. Sería un retroceso notable, para las Fuerzas Armadas, para el sistema democrático y para la sociedad. Yo estoy convencido de que la mejor manera de combatir al autoritarismo es conocer las causas que le dan origen. Y esas causas no sólo tienen que ver con pensar que hay un imperialismo norteamericano que juega diferente hoy, cosa que es verdad, sino también con analizar una cultura política que admite a los militares en función de gobierno.
–¿La sociedad argentina aprendió de sus errores?
–Las sociedades aprenden de la experiencia, y la sociedad argentina aprendió que las Fuerzas Armadas no sirven para gobernar. Esto permite que Kirchner reabra este ciclo de las investigaciones. Pero lo central es que está en condiciones de abrirlo porque la sociedad está en condiciones de asumirlo y porque las Fuerzas Armadas no se van a amotinar. Implica pensar que en el pasado las Fuerzas Armadas levantaron las armas contra la sociedad básicamente porque la sociedad había perdido la fe en la democracia, porque había dejado de creer en los partidos políticos. El tema de los derechos humanos estaba latente, pero la decisión de Kirchner de reabrirlo fue inesperada. Los problemas candentes tenían que ver con la cuestión social, la crisis económica, el desempleo. Los derechos humanos no figuraban en la agenda de la campaña electoral, no eran un tema de debate y discusión política. De todas maneras, los cambios impulsados por Kirchner fueron bien recibidos, sobre todo en los sectores de clase media urbana. Esto demuestra que hay una maduración de la sociedad y de las Fuerzas Armadas. Kirchner supo leer eso. Lo hizo también con algún interés político, porque necesitaba construir consenso. Pero lo hizo.