Días atrás, el viceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, participó de un encuentro con jóvenes desocupados. Los chicos habían ganado un concurso para montar emprendimientos productivos y el motivo del acto era anunciarles que recibirían un subsidio para comprar materiales y máquinas con las que empezar a producir. Eran jóvenes del Gran Mendoza, una zona donde el 51,4 por ciento de la población está bajo la línea de pobreza. Y en ese sentido, chicos iguales a los de cualquier asentamiento del conurbano: muchos no habían trabajado nunca, sabían lo que es almorzar en un comedor popular y estaban vestidos con la misma ropa que se ve en los piquetes.
“Espero que algún día podamos sentarnos a conversar con ustedes convertidos en empresarios”, les dijo el viceministro. Luego habló de la importancia de producir con calidad y contar con estructuras de comercialización capaces de llegar al sector privado. Es que para el funcionario, el éxito de los emprendimientos de los desocupados dependerá en gran medida de que consigan vender lo que fabrican “a empresas y grandes comercios, no sólo a los vecinos o a la municipalidad”.
El episodio refleja bien cuál es la intención de la política social del Gobierno, que en los últimos cuatro meses ha tomado una serie de opciones: redujo la cantidad de planes de empleo, aumentó la de emprendimientos productivos y busca ahora que se incluyan en el circuito de la economía formal, como microempresas capaces de competir y sobrevivir en el mercado. La primera de esas medidas comenzó en enero. De entonces a hoy el mayor programa social del país, el Jefas y Jefes de Hogar, fue recortado en 200 mil planes, mientras al mismo tiempo en la provincia de Felipe Solá el Barrios Bonaerense sufría una poda de 22.500 beneficiarios. En ambos casos, la nación y la provincia han ratificado que los planes dados de baja quedarán cancelados definitivamente. Es decir que los casos dados de baja no se reintegrarán ni, en el caso de irregularidades, serán traspasados a desocupados sin cobertura.
La medida desanda el criterio con el que fue creado el Jefas y Jefas de Hogar. Nacido a comienzos del 2002, en el momento más fuerte de la protesta social, el plan se basaba en un principio de universalidad para su distribución, ya que todo aquel que estuviera sin trabajo y fuera padre de chicos en edad escolar podía acceder a los 150 pesos. El subsidio no era entendido así como un don del Estado o el favor de un puntero, sino como un derecho de inclusión. La idea de la necesidad de un plan universal estuvo influida por la campaña que poco antes del estallido de diciembre del 2001 había hecho el Frente Nacional contra la Pobreza, que reunió tres millones de firmas por la creación de un seguro de empleo y formación y difundió en la sociedad la idea de que la desigual distribución del ingreso es el principal problema de la Argentina.
En aquel momento en el país había 14 millones de pobres. Hoy los pobres son 17 millones. El arco de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que se movilizaron a Plaza de Mayo el último 24 de marzo insistió por eso en la necesidad de contar con planes universales.
De todas formas, el criterio de universalidad del Jefes de Hogar duró muy poco. En mayo del 2002 la inscripción al plan fue cerrada y se retomó el viejo sistema de cupos por el que los municipios y las organizaciones piqueteras reciben planes según los acuerdos que consigan con el Gobierno. Porque aunque el Jefes de Hogar está cerrado, hay otros programas similares, como los PEL, cuando aparece una urgencia. Esta es la línea que se sigue manejando ahora. Su principal debilidad es que, al concentrar en manos de los funcionarios la atribución de decidir a quién le corresponde o no la asistencia, se crea un marco favorable a los manejos clientelares. La segunda iniciativa oficial, el impulso a los emprendimientos productivos, busca abrir instancias de autoempleo, dado que la posibilidad de ingresar al mercado laboral buscando trabajo no es masiva.
El programa para ese fin es el Manos a la Obra. El plan lleva ocho meses de funcionamiento y a esta altura, con un paquete de proyectos en marcha, se puede empezar a ver cuál es el modelo con el que Desarrollo Social espera hacer funcionar el sistema, es decir conseguir que los proyectos se sostengan y generen trabajo.
Manos a la Obra
El Plan Manos a la Obra financió desde agosto hasta ahora 9 mil proyectos. Según datos oficiales, hoy están produciendo en ellos 160 mil personas. Los técnicos de Desarrollo Social dicen que el 80 por ciento de los emprendimientos resultaron sustentables, un balance más auspicioso que el que reaizaban unos meses atrás, cuando ponían en ese rubro nada más que al 20 por ciento de los proyectos iniciados.
¿Qué quieren decir con sustentable? Que los emprendimientos sigan funcionando luego de la inversión inicial, sin recibir nuevos fondos. En ese sentido, hay un conjunto de emprendimientos que dan una ocupación a la gente y aumentan sus ingresos. Más difícil sería considerarlos trabajo. Una situación considerada de éxito es que generen una entrada extra de 150 pesos por mes, duplicando los 150 pesos del Jefes de Hogar.
La mayoría de los subsidios se entregaron a organizaciones no gubernamentales (el llamado tercer sector, que reúne desde grupos que hacen trabajo social por caridad a militantes de base del PJ, pasando por algunos vecinos que se agrupan por las suyas). Las organizaciones piqueteras tienen alrededor de un cinco por ciento del plan, según la estimación del ministerio.
Hay que decir que para un sector del movimiento de desocupados los emprendimientos han sido un reclamo propio. Los MTD de la Aníbal Verón, la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, el Movimiento Teresa Rodríguez han impulsado los emprendimientos desde antes de la creación del Programa Manos a la Obra, como una opción superadora de los planes de empleo, aunque con un espíritu distinto al oficial, resignificando su uso. En su caso, los emprendimientos son la oportunidad de poner en práctica espacios de trabajo bajo formas de producción no capitalistas, basadas en la cooperación. No les interesa, por supuesto, la invitación a convertirse en microempresarios sino una construcción social distinta. En cuanto a la comercialización, prefieren modelos de intercambio entre productores a la competencia en el mercado abierto.
Sentada esta diferencia, el tema de las ventas es el principal problema de todos, el punto flaco del Manos a la Obra. En principio, por el tipo de bienes que se están produciendo. Hay una sobreabundancia de panaderías, textiles y huertas que se vuelve contraproducente.
La idea es que los proyectos sirvan al desarrollo local y para eso se supone que las iniciativas sean discutidas y aprobadas por los consejos consultivos de cada municipio, foros que reúnen a concejales, empresarios, cámaras de comercio y organizaciones sociales. Sin embargo, no es un secreto para nadie que los consejos consultivos no logran funcionar bien.
De los 1800 formalmente constituidos, sólo 50 han mostrado buenos resultados y los que se reúnen de manera periódica llega con suerte 500.
Otro de los problemas de la comercialización es que faltan vínculos entre los emprendimientos, que deben enfrentar solos el problema de la competencia en condiciones de hostilidad.
En Italia, España y otros países europeos existen redes de negocios que trabajan con el concepto de “comercio justo”. Ofrecen bienes elaborados en condiciones dignas de producción, apelando a la conciencia del consumidor. En la Argentina esa idea todavía no está desarrollada y generalmenteocurre todo lo contrario: hay temor a que los productos sean rechazados si se sabe que son fabricados por pobres, en asentamientos o villas de emergencia.
Cuenta Pablo Ordóñez, de la Asociación Emprender Mendoza: “Conseguimos un subsidio. El grupo que montó el emprendimiento, una fábrica de conservas de tomate, fue a buscar el dinero al Banco Nación. Al entrar al edificio, un guardia les salió al paso y les dijo que por favor se retiraran porque no podían permanecer en el lugar. Los echó por portación de cara. Uno de nosotros (se refiere a su ONG) tuvo que acompañarlos para que pudieran hacer el trámite. Cosas así nos pasan todos los días. Para vender la producción, el problema es más grave, mucha gente te estigmatiza. Nosotros vendemos los tomates en conserva a un restaurante, pero no sabemos qué podría pasar si los clientes se enteran”. Para el economista José Luis Coraggio, que defiende el Manos a la Obra, ésa es una de las claves. “Debe haber un impulso especial a las relaciones asociativas, entre productores. La solución no es más mercado a secas, sino tener mecanismos de mercado enmarcados en un proyecto de asociación, de mayor solidaridad, de cooperación y no de sálvese quien pueda”.
Queda, al margen de las dificultades de su implementación, la pregunta de fondo sobre la escala del plan: a cuántos desocupados llega y cuántos van a lograr autoemplearse. Las 160 mil personas que están produciendo son una gota en el mar de 18 millones de pobres y casi ocho millones de indigentes. Los ingresos que pueden generar los emprendimentos están por ahora lejos de modificar la situación incluso para ese pequeño sector. En promedio, llegan a la mitad de los 718 pesos que necesita una familia tipo para salir de la situación de pobreza.