Alguna vez fue un bar, uno de aquellos bien tradicionales, y se llamaba La Alameda. Alguna vez cerró y quedó abandonado. Hace casi dos años lo rescató la asamblea popular “20 de Diciembre”: lo convirtió en un lugar donde cada día van a comer 160 vecinos carenciados de Parque Avellaneda y encontraron trabajo desocupados del barrio que gestionan una panadería, una parrilla, un taller textil, una librería comunitaria y un centro de copiado. Pero este centro comunitario ahora está envuelto en una paradoja: pese a que el comedor quedó integrado a un programa de Desarrollo Social del gobierno porteño y que los emprendimientos ingresaron al plan nacional Manos a la Obra, en tribunales avanza un intento de desalojo. Los asambleístas reclaman a la Legislatura la expropiación del predio.
La asamblea de Parque Avellaneda es –entre las que nacieron con el cacerolazo de 2001– una de las pocas que sobrevivió a pesar de las peleas internas y creció con el tiempo con proyectos colectivos y de autogestión. Comenzó funcionando al aire libre, en Lacarra y Directorio, y para poder tener un lugar donde cocinar y dar de comer a la gente de la zona resolvió ocupar, en junio de 2002, el bar que llevaba cerca de cuatro años deshabitado. Fue una de las asambleas pioneras en recuperar espacios.
En un barrio donde las necesidades básicas insatisfechas están a la orden del día, la concurrencia al comedor fue en aumento. Con el tiempo, la asamblea consiguió ayuda alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires y la legalización del comedor, que quedó integrado al Programa de ayuda a grupos comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social. Los autoconvocados conformaron también la cooperativa de trabajo “20 de Diciembre”, que comenzó a funcionar con iniciativas a pulmón y que ahora espera que se concreten los aportes públicos prometidos, del plan Manos a la Obra, para multiplicar sus maquinarias y sus nuevos puestos de trabajo (ver aparte). El año pasado, cerca de 300 vecinos votaron como prioridad en el programa de “presupuesto participativo” del gobierno porteño la exigencia a sus autoridades de la expropiación del bar La Alameda.
A pesar de todo ese respaldo, la asamblea y su cooperativa están bajo amenaza de desalojo porque un acreedor en la quiebra individual de uno de los ocho viejos dueños del bar ahora reclama un 14 por ciento de la confitería. La causa tramita en el juzgado comercial a cargo de Gerardo Vasallo, que libró una primera orden de expulsión a fin de marzo. Los asambleístas protestaron y le llevaron un informe de todas sus actividades sociales y comunitarias. Su Señoría llamó a una audiencia para el 28 de este mes, pero después volvería a la carga.
En la Legislatura porteña hubo un proyecto de expropiación que en febrero perdió estado parlamentario. “Tenía bastante apoyo, pero lo dejaron sin tratamiento porque nuestra asamblea junto con otras organizaciones vecinales se opuso a la ley de comunas, nos parecía mal que se votara sin consultar a los vecinos. Parece que es el costo de ser independientes”, dice Gustavo Vera, un asambleísta. En los próximos días presentarán un proyecto nuevo, que hasta el momento tiene firmas del ARI, Autodeterminación y Libertad, el socialismo, Movimiento por un Pueblo Libre, Compromiso para el Cambio, Izquierda Unida y hasta Recrear, pero todavía ninguna del oficialismo.