Los fiscales y la procuración decidieron recurrir a la Cámara de Casación Penal para que revirtiera la decisión del Tribunal Oral del caso AMIA que apartó a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia del juicio oral. Esto no significa que el juicio se suspenda. Los otros dos fiscales, Alberto Nisman y Miguel Angel Romero, son los que siguen en las audiencias que están muy cerca del final. Mientras tanto, la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares deciden qué camino tomarán: ayer muy temprano amenazaron con abandonar el juicio, pero la resolución no está tomada.
También en ese caso las audiencias continuarán hasta finalizar, por cuanto las partes querellantes no son imprescindibles en los juicios orales. Si los dirigentes de la comunidad judía dan el portazo, manifestarán de esa manera que creen que los jueces son parciales y no tienen legitimidad. Otros analizarán que se ven venir un fallo adverso porque la investigación –que fue apoyada por los viejos dirigentes de la DAIA y la AMIA– fue notoriamente irregular, que no hubo voluntad de buscar la verdad y que, entre otras cosas, se dejaron de lado por razones políticas pistas de importancia como la llamada “pista siria”. Otra alternativa que barajan la AMIA y la DAIA es la recusación de los jueces, algo que tiene muy pocas chances de prosperar en Casación.
Tras una reunión en la Procuración General, que transitoriamente está a cargo de un hombre promovido por el menemismo, Luis González Warcalde, se resolvió recurrir ante la Cámara de Casación, la máxima autoridad en el terreno penal, para que revierta la decisión de apartar del juicio oral a los fiscales Mullen y Barbaccia (ver aparte). La decisión del Tribunal Oral amenazó con producir una verdadera insurrección en la cabeza de los fiscales, ya que se habló de que se está impidiendo su trabajo. Incluso se barajó la idea de que los dos fiscales que siguen en el juicio, Nisman y Romero, lo abandonen, algo que provocaría un escándalo de proporciones. Finalmente esa idea se desechó, como también el pedido de que se suspenda el juicio hasta que Casación resuelva.
En el terreno de los querellantes, la DAIA, la AMIA y la agrupación Familiares no concurrieron ayer al juicio oral mientras toman una decisión sobre los pasos a seguir. Las alternativas son varias:
- Retirarse del juicio. Sería una forma de desacreditar el juicio oral y expresar de esa manera su disconformidad con una supuesta parcialidad de los jueces. Los dirigentes de la comunidad judía se ven venir un fallo adverso, que difícilmente condene a los policías imputados y que seguro va a cargar las tintas en las irregularidades de la investigación. Frente a esta alternativa hay dos posturas. Una: la de los dirigentes que reconocen que fue irregular la investigación, apadrinada en su momento por los viejos líderes de la DAIA y la AMIA, muy cercanos al menemismo. Por lo tanto creen que no se debe defender a ultranza lo actuado. La otra postura es la de los dirigentes que siguen estando ahora y que estuvieron en su momento pegados a la corriente de Rubén Beraja. Ellos sostienen que se debe defender a capa y espada lo hecho e insistir con que los policías son culpables y el tribunal, arbitrario.
- Recusar al tribunal. Significa plantear que los jueces son parciales y que el juicio, de hecho, debe ser anulado. Inicialmente se presenta ante el propio tribunal oral, que indudablemente lo rechazará, y luego ante la Cámara de Casación. Es más que difícil que este cuerpo acepte la recusación a los jueces, sobre todo teniendo en cuenta que el juicio está cerca de terminar y en todo caso la recusación debió presentarse mucho antes. Ahora se entenderá como un planteo de los que les va mal. Si Casación aceptase la recusación de los jueces, el juicio oral se anularía, algo impensable, y se conformaría un nuevo tribunal. En ese caso, los imputados seguirían presos, pero es muy probable que casi de inmediato les otorguen la libertad condicional por privación de justicia, o sea que han pasado mucho tiempo en prisión sin que se los juzgue.
- Hacer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por privación de justicia. La CIDH tiene un observador en el juicio desde el comienzo, de manera que estará en condiciones de opinar si el tribunal ha actuado de forma parcial o imparcial.