La Corte Suprema de Justicia revocó la denegatoria a un pedido de excarcelación que la defensa del represor Emilio Eduardo Massera había planteado en una causa por robo de bebés durante la dictadura militar. “La Corte no dispuso la liberación, sino que la Sala I de la Cámara Federal porteña dicte un nuevo pronunciamiento con todos los fundamentos que requiere el caso”, explicó a Página/12 Alcira Ríos, la abogada que patrocina a las Abuelas de Plaza de Mayo en el caso en que la defensa del ex jefe de la Armada pidió que fuera liberado. De todos modos, aun cuando se le concediera ese beneficio, Massera seguiría detenido por otras violaciones a los derechos humanos.
Ríos aclaró que “la Corte podría haber revocado directamente la resolución que dispuso que Massera siguiera detenido y ordenado su excarcelación, pero no fue eso lo que hizo”. Sin embargo, hay quienes interpretaron que la resolución del máximo tribunal podría allanar el camino a la liberación del represor y sentar un precedente favorable para otros imputados en la sustracción de niños nacidos en campos clandestinos de detención durante la dictadura.
Frente a esa posibilidad la Asociación Madres de Plaza de Mayo reclamó a “los hombres que ocupan bancas en el Parlamento que tengan un pensamiento ético que no permita que Massera y los asesinos ganen esta batalla” y pidieron “cárcel” para los jueces que lo perdonen. “Como consigna de este año –señalaron– exigimos nuevos jueces para la democracia y cárcel para los jueces genocidas.”
A favor de que la Sala I de la Cámara Federal porteña haga una nueva resolución frente al pedido de excarcelación formulado por la defensa de Massera se pronunciaron cinco miembros de la Corte: Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano y Augusto Belluscio. Los ministros Eugenio Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda, en cambio, votaron en disidencia y se inclinaron por confirmar directamente la negativa a la excarcelación del represor.
La causa en la cual Massera pidió la excarcelación está en manos de la jueza María Servini de Cubría, quien en su momento rechazó el planteo del defensor del represor, Horacio Michero, de que correspondía liberarlo porque se había excedido el plazo máximo de dos años que un imputado puede estar detenido sin sentencia. La Sala I de la Cámara Federal avaló la resolución de Servini y fue entonces que Michero recurrió a la Corte diciendo que la detención de su defendido “ocasiona un perjuicio que podría resultar de imposible reparación posterior y por lo tanto es equiparable a sentencia definitiva”.
El voto de la mayoría de la Corte se fundó en que los pronunciamientos contra la petición de Massera que dictaron primero la jueza María Servini de Cubría y después la Cámara Federal no tuvieron en cuenta que para prorrogarle la prisión preventiva debía “dictarse una resolución fundada” y advirtió que “la extrema gravedad de los hechos del proceso o de otros similares no puede desvirtuar la naturaleza de las medidas cautelares”. La resolución señaló también que “la prórroga del encarcelamiento preventivo es de interpretación restrictiva y tiene carácter excepcional” y que en las instancias judiciales previas se omitió “toda referencia a las circunstancias concretas de esta causa para fundar que existían motivos que justificaran la prolongación de la detención por tres años”.