María Julia Alsogaray estaba más ojerosa que el primer día de juicio, con el pelo suelto y enmarañado. Esta vez la habían llevado hasta los tribunales federales con las manos esposadas en la espalda. No fue eso lo único que puso de mal humor a su defensora, Pamela Bisserier. Apenas empezó la audiencia, se desayunó con que había una resolución adversa recién salida del horno de la Cámara de Casación que desmoronaba la exposición que llevaba preparada. Entonces se plantó frente al micrófono y con su voz voluminosa anunció que presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema y exigió al tribunal que, mientras tanto, suspenda el proceso. A pedido del fiscal Oscar Amirante se pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 10.
A la segunda jornada del juicio oral por enriquecimiento ilícito contra Alsogaray, su defensora oficial iba lista para cuestionar que el Tribunal Oral 4 haya iniciado las audiencias sin esperar que fuera resuelto un recurso extraordinario. A las 9.30 le habían dicho en las oficinas de Casación que ese planteo seguía pendiente. Cuando entró al recinto, una hora y media más tarde, todo había cambiado: le informaron que la sala IV de esa cámara acababa de rechazar los reclamos de prescripción de la causa, nulidad e inconstitucionalidad de la figura penal con que la ex funcionaria fue acusada.
“Nos sorprende esta decisión”, protestó Bisserier enfocando al tribunal, que componen Horacio Vaccare, María Cristina Sanmartino y Leopoldo Bruglia. Advirtió entonces sobre “los riesgos de legalidad del juicio”. “Con todo respeto y honestidad intelectual, lo que a esta defensa le preocupa, con el grado de exposición pública que el caso tiene, es que se desarrolle sin ninguna mácula y sin afectar al sistema de derechos y garantías”, recitó, mientras la ex interventora de ENTel la miraba extasiada con una mano apoyada en el pecho, en el escote en “V” de su blusa blanca. Luego anticipó que cuanto antes presentará un recurso de queja en la Corte y le pidió al trío de jueces que interrumpan el juicio.
En la platea de esta segunda jornada, otra vez la mayoría de los espectadores eran periodistas. La ex secretaria de Recursos Naturales les pidió a sus hijos que no vayan. En cambio, acepta que su sobrino Francisco Alsogaray –recibido de abogado el año pasado– la acompañe como una suerte de asistente. Ayer, junto a él pispiaba otro letrado con aspecto teenager: era el hijo de Jorge Anzorreguy, hermano del ex jefe de la SIDE y defensor de ultramenemistas.
“El debate debe ser suspendido hasta que se resuelva la cuestión de fondo”, insistió la defensora. ¿A qué se refería? Sobre todo, resaltó ella en el momento, aludía a su reclamo de inconstitucionalidad de la figura penal de enriquecimiento ilícito que considera violatoria de garantías por ser el acusado quien debe demostrar su inocencia y no la Justicia que es culpable (llamada en términos técnicos inversión de la carga de la prueba). Este planteo, junto con los de caducidad y nulidad, ya había sido desechado por el propio Tribunal Oral que conduce el juzgamiento, y la Casación también sostuvo que era inadmisible a último momento.
Cuando Bisserier comenzaba a criticar lo prolongada que fue la instrucción de la causa –nueve años duró–, justo entró en la sala Perla Martínez de Buck, la defensora oficial de la ingeniera durante aquella etapa previa. Al acomodarse en su asiento le tiró un beso. María Julia, que la había mandado a llamar, le devolvió una sonrisa ampulosa. “Es como un apoyo psicológico para ella”, comentan cerca de la defensoría.
El discurso de Bisserier duró algo más de media hora. Cerca del final se lamentó: “Actualmente, estar sometido a proceso implica una sentencia previa no de los jueces sino de la sociedad. El estigma acompaña hasta para hacer un trámite bancario”. Esta última frase sorprendió a un grupito de los presentes. ¿Por qué trámites bancarios se preocupa Mary July con un embargo de 3 millones de pesos?, circuló la incógnita.
Finalmente, el fiscal Amirante pidió “ante la seriedad del planteo” que se hiciera un cuarto intermedio hasta hoy. Todo indica que lo refutaría condiciendo que un recurso de queja no tiene “efecto suspensivo”, como lo llaman los juristas. Es previsible que algo similar diga el tribunal, en línea con decisiones anteriores, y el juicio siga adelante. Si resuelven el tema en el momento, pasarían a tomarle indagatoria a María Julia que, según pudo saber este diario, prefiere hablar más adelante. Pediría postergar el interrogatorio en el que tendrá que justificar cómo consiguió su patrimonio en 2,5 millones de pesos en los años en que fue funcionaria. Si fracasa –como le pasó cuando el expediente lo instruía el juez Juan José Galeano–, podrá recibir su primera condena (de dos a seis años de cárcel) y sufrir el decomiso de sus bienes.