El presidente Néstor Kirchner lanzó un paquete de seguridad dejando una certeza y un enigma. La certeza es que se propone manejar él mismo las fuerzas de seguridad, incluyendo la creación de lo que el ministro de Justicia Gustavo Beliz definió como Agencia Federal de Investigaciones. El enigma es qué ocurrirá en el futuro con los cambios en la legislación: ahora comenzará un debate público por cómo se concretan, pero ese debate se dará en medio de la ola que reclama un endurecimiento de penas como solución mágica y exige, de paso, una medida peligrosa en medio de la crisis social como la baja de la imputabilidad de los menores.
El lanzamiento del paquete tuvo dos actos. El primero corrió a cargo de Beliz, que enumeró proyectos y cifras, y el último de Kirchner, que así marcó su vuelta a la escena pública desde que se produjo, al mismo tiempo, la marcha por Axel Blumberg el 1° de abril y el comienzo de la gastroduodenitis presidencial.
Beliz anunció la creación de una agencia de investigaciones y seguridad interior con hombres de las tres fuerzas de seguridad federales: Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval. En la parte de investigaciones deberá entender para delitos complejos como narcotráfico. Pero como se agrega la de seguridad y complementación con las fuerzas de seguridad provinciales, habrá que entender que se tratará también de una fuerza de despliegue rápido. Será, en otras palabras, una unidad de elite.
“Si el Presidente sigue de cerca la suerte de las fuerzas de seguridad, y le puedo asegurar que la seguirá cada vez más de cerca, no le quepa duda de que tendrá mucho cuidado al seleccionar el jefe de la nueva agencia”, dijo un alto funcionario del Gobierno. El ejemplo que puso fue la actitud presidencial de la semana pasada al ordenar, cuando aún estaba en Río Gallegos, el desplazamiento del entonces superintendente de Investigaciones de la Policía Federal, el comisario Jorge “El Fino” Palacios.
En esa misma línea, Kirchner dijo en su discurso de ayer por la tarde que no hay eficacia policial si hay corrupción. “Bajo ningún aspecto un integrante de las fuerzas de seguridad o policiales puede generar o puede ser parte de lobbies que tiendan a su permanencia, cuando han tenido actitudes que han estado fuera de la legalidad”, dijo Kirchner.
“Tienen que tener legajos limpios”, agregó.
Otro funcionario de Gobierno que pidió reserva de su nombre explicó a Página/12 que hablar de legajos por parte del Presidente supone un criterio que va más allá de si existe o no una condena judicial contra un oficial de una fuerza de seguridad. “Significa examinar qué fue, cómo es y cómo se comporta cada uno en el trabajo que está obligado a cumplir”, dijo.
Para insistir en este criterio, el Presidente se ofreció a recibir denuncias “sobre cualquier foco de corrupción, por cercano que sea, que me pueda estar rodeando hoy o el día de mañana”.
Kirchner refirmó la ley de Seguridad Interior, un modo de excluir a las Fuerzas Armadas del protagonismo en la represión interna. Y subrayó su defensa “del derecho, de la justicia, de la libertad y de los derechos humanos”.
En su largo tramo inicial Beliz propuso reformar la Ley de Seguridad Interior para permitir la intervención de las policías provinciales. La figura es de difícil resolución porque las fuerzas de seguridad no son un poder aparte sino una rama del Poder Ejecutivo en cada Estado.
El ministro de Justicia propuso una medida fuerte en la Justicia con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Unifica los fueros federal, de instrucción, correccional y penal económico y pone dos jueces por cada dos comisarías porteñas, hasta sumar 82.
También se unificarán las cámaras de apelaciones en una sola. Aún no está claro el sistema que se utilizará para la designación de los nuevos jueces, o si seguirán los actuales. En el primer caso, la movida serviría para remover la estructura heredada del menemismo, que se asentó tanto en la Justicia federal como en la correccional de primera instancia.
El proyecto oficial suma el juicio por jurados, que iniciará otra polémica doble. Por un lado, la teórica: ¿acaso los ciudadanos no tienen derecho a una participación superior en la administración de justicia? Por otro, la práctica: ¿no será una forma de linchamientos y llevará a un mayor endurecimiento de las penas como catarsis mágica?
En cuanto al régimen de imputabilidad para los menores, que se explica en detalle en la página 6, puede surgir el mismo tipo de dudas. Un criterio es contar con un régimen penal especial de 14 a 18 años. Pero la práctica despierta una pregunta: ese régimen, ¿no será una amenaza sobre el sector más vulnerable de la sociedad y el más expuesto a la caída por debajo de la línea de pobreza? El viernes pasado, al tiempo que apoyaba la idea oficial de escapar del facilismo del castigo, la jefa del ARI Elisa Carrió pidió un régimen especial de imputabilidad para menores pero dijo que en ningún caso el resultado puede ser la prisión antes de los 18 años. “La instrucción es no apartarse de lo que recomiende la Unicef”, dijo un funcionario que le transmitió Kirchner cuando se estaba armando el paquete de ayer.
Con la intención de fortalecer el control ciudadano, el conjunto de medidas se propone impulsar la creación de foros de seguridad.
Otro punto, que estuvo en el centro de los reclamos de Juan Carlos Blumberg ante la multitud el 1 de abril, fue el trabajo en las cárceles. Impulsarán un programa nacional específico. La discusión parlamentaria será sin duda interesante, porque obviamente el trabajo debe ser pago, ya que el Código Penal quita la libertad pero no puede obligar al trabajo esclavo, y podrá debatirse si será o no optativo. En cualquier caso, la mayoría de los actuales presos razonablemente aceptarían un trabajo si viene acompañado de un pago y de cárceles habitables y humanas.
El nombre de Blumberg no apareció ni en el discurso de Beliz ni en el de Kirchner, pero el paquete en sí mismo, el nivel de presencia de funcionarios en el acto y algunas expresiones sonaron como un modo de tomar la ola como un dato de la realidad y subirse antes de que otro la capitalice en términos políticos y al Gobierno le resulta imposible de afrontar.
Fruto de esa ola parece la promesa de un sistema de “justicia rápida” para juzgar a delincuentes sorprendidos in fraganti, en verdad la más rara de las situaciones, porque el gran problema es que las policías no hacen prevención y entonces actúan tarde o mal, o tarde y mal.
“El delito es delito sea de guante blanco, sea de naturaleza común, sea de mafias organizadas o protegidas desde la policía o la política”, dijo Kirchner. “No es de derecha, de centro ni de izquierda, es delito, y para combatirlo el Estado debe ser esclavo de la ley y de la Constitución y no puede estar sometido ni dejarse someter a ningún tipo de extorsión.”
El Presidente también dijo que “los valores de orden y seguridad deben convivir con los de justicia y libertad”, porque “no seremos una sociedad civilizada en la medida en que eliminemos unos en función de otros”.
Es un equilibrio que dependerá del humor social (un test será el tono de la marcha del jueves frente a Tribunales) y de la conciencia del Gobierno y los legisladores sobre un punto: los funcionarios pasan pero las leyes quedan.