El nuevo régimen de responsabilidad penal de menores, que impulsa el Gobierno, reduce a 14 años la edad de imputabilidad, pero dentro de un sistema especial con penas atenuadas, es decir, está lejos del reclamo de Juan Carlos Blumberg y de propuestas “duras” como la del jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Angel Pichetto, que pretenden aplicar a los adolescentes las mismas penas que a los adultos hasta llegar, incluso, a la reclusión perpetua. Tras conocerse sus detalles –adelantados ayer en exclusiva por Página/12–, la iniciativa despertó el debate. Consultados por este diario, especialistas en minoridad objetaron la baja de la edad de imputabilidad e incluso organizaciones de derechos humanos y de la infancia, que acordaron con su espíritu garantista, plantearon su preocupación por la falta de una estructura judicial y edilicia adecuada que permita implementar la reforma integralmente.
“Nos preocupa que sea una reforma cosmética. Coincidimos con el planteo garantista. Pero nos preocupa que no esté armada la estructura para la aplicación de las penas alternativas previstas en el proyecto. La ley puede ser perfecta, pero hay que ver si el Estado puede garantizar su implementación”, alertó Nora Schulman, del Comité de Seguimiento de la Convención Internacional de Derechos del Niño, un colectivo de ONG que preside Estela de Carlotto. También planteó sus dudas sobre la posibilidad de poner en práctica la reforma María Elena Naddeo, titular del Consejo de los Derechos del Niño de la Ciudad. “Se van a tener que modificar los centros de internación que hoy están en un estado deplorable. Me preocupa, además, que el tratamiento en el Congreso, con tanta heterogeneidad de opiniones, pueda desvirtuar el proyecto original”, señaló Naddeo.
“En este contexto –siguió Schulman–, no hay que bajar la edad de imputabilidad. Me parece una barbaridad.” También opinó en contra de mover de 16 a 14 años el inicio de la responsabilidad penal el asesor de Menores ante la Cámara Civil y ex titular del Consejo Nacional del Menor y la Familia, Alejandro Molina: “Cuando se legisla en el marco de una emergencia como la actual, el temor es que se dé una respuesta punitiva. Cuando se traslada la imputabilidad a edades más tempranas, lo único que se está haciendo es sacarse el problema de encima. Quien comete un delito a los 14 años tiene un proceso socioeducativo incompleto y tiene el derecho a la protección de la familia, del Estado y de la sociedad. Para menores de 16 no puede haber un contexto punitivo sino socioeducativo”, consideró Molina.
El proyecto anunciado el lunes por el ministro Gustavo Beliz, como parte del megapaquete de medidas contra la inseguridad, prevé la creación de un régimen especial de responsabilidad penal para los menores de 18 años, con un sistema atenuado de penas: la privación de la libertad no podrá exceder los cinco años para los de 14 y 15 años y los 9 años para los de 16 y 17. Y se aplicará como medida excepcional y solo en casos de delitos penales graves. Además, incorpora las garantías de defensa previstas para los adultos –de que hoy carecen los menores– y establece sanciones alternativas como prestación de servicios a la comunidad y reparación del daño (ver aparte). Según adelantó a este diario el senador Pichetto, la iniciativa comenzará a debatirse a partir del martes en la Comisión de Legislación Penal del Senado y su tratamiento incluirá una ronda de consultas a expertos en la materia.
“En esencia estoy muy de acuerdo. El proyecto está muy bien encaminado”, destacó Emilio García Méndez, profesor de Criminología de la UBA y presidente de la Comisión de Infancia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Tal como informó Página/12, un proyecto suyo fue tomado como base para la elaboración de la iniciativa oficial. García Méndez, sin embargo, cuestionó la forma como el Gobierno comunicó la reforma: “No es un proyecto de baja de la edad de imputabilidad. Si fuera así, los menores recibirían las mismas penas que los adultos. La sanción más extendida debería ser la prestación de servicios a la comunidad yguardar las penas graves para cuando cometen delitos contra las personas con violencia”, señaló. Al respecto, García Méndez subrayó que en términos generales los menores cometen el 10 por ciento del total de los delitos, y de éstos, apenas alrededor del 10 por ciento son graves.
Para García Méndez, la Argentina es “el país más atrasado y más brutal en materia de legislación de infancia”. Actualmente rige una ley de 1919 y dos de la dictadura militar. Para la franja de menores de 16 años existe un sistema que le permite al juez absoluta discrecionalidad y arbitrariedad en la aplicación de penas: un chico de clase media que comete un homicidio puede ser enviado a su casa y a uno pobre que mendiga obligarlo a permanecer internado en un instituto hasta la mayoría de edad. Los de 16 y 18 años son punibles penalmente, pero no tienen derecho a defensa. “Hay al menos diez casos de aplicación de pena de reclusión perpetua a menores de entre 16 y 18 años”, cuestionó García Méndez.
Las organizaciones que defienden los derechos humanos y de la infancia acordaron con el proyecto en la eliminación de la posibilidad de institucionalizar a menores por causas sociales. También aprobaron la incorporación de garantías procesales y de defensa.
“La baja de la edad de imputabilidad se puede discutir, pero en el marco de un régimen especial de penas que nunca puede ser igual al de los mayores. Además, no pueden haber –como existen hoy en la provincia de Buenos Aires– unos siete mil menores en institutos por causas sociales”, observó Gustavo Palmieri, director del Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del Cels.
En la vereda opuesta, el senador justicialista Miguel Angel Pichetto defendió ante Página/12 la aplicación del Código Penal a los menores. Pichetto es autor de un proyecto que baja a 14 años la edad de imputabilidad, pero sin penas atenuadas: “Si son punibles, deben ser castigados como cualquier ciudadano”, afirmó.